A once días del temporal que inundó a La Plata, aún no se conoce con exactitud el número de muertos. El juez de La Plata Guillermo Atencio admitió que a la lista de 52 podría aumentar en las próximas horas. Sucede que las 37 muertes que ocurrieron en forma contempóranea al día del temporal y los tres posteriores, podrían ser víctimas no oficiales de la inundación. “Se abre la posibilidad de que sean personas que fallecieron en el temporal, pero muchas veces los familiares quieren omitir la autopsia y por eso habrían conseguido certificados de defunción”, dijo Atencio a PERFIL.
En ese sentido, el juez aclaró que el titular de la UFI Nº 5 de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta, tomará medidas al respecto. “Se dará por cierto el testimonio de familiares que señalen que esa persona murió en el temporal, sin necesidad de hacer autopsia, y serán incorporadas en el listado oficial”, precisó el fiscal. “No tenemos intención de ocultar números”, aclaró Atencio.
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La elaboración de certificados “truchos” por parte de médicos particulares también generó controversias en torno al número real de muertos. La responsabilidad de los especialistas que labraron las actas de forma irregular también será materia de debate. Para Condomí Alcorta actuaron bajo “situación de necesidad”, mientras que el juez cree que incurrieron en un delito. En tanto, no se cerró la búsqueda de otras víctimas fatales.
Para Sandra Raggio, directora de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), las causas de la incertidumbre generada en torno a la lista oficial tienen que ver con “una discusión a raíz de las diferencias de criterios y procedimientos” y tienen que ver con cuestiones ligadas a la política: “El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no fueron coherentes. Cerrar la lista de víctimas, de desaparecidos y suspender las donaciones, obedece a una estrategia política: dar por concluido el episodio”, dijo Raggio a PERFIL. A raíz de la controversia, la Comisión por la Memoria comunicó que recibirá denuncias vinculadas a las irregularidades cometidas al respecto.
En el mismo sentido, trabaja el Colectivo de Investigación y Acción Judicial (CIAJ), otra entidad de Derechos Humanos, que también cuestionó los métodos utilizados en la elaboración del listado oficial de fallecidos. A través de su titular, Sofía Caravelos, la CIAJ denunció penalmente al fiscal Condomí Alcorta y al personal policial por “encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario”. Para la ONG el fiscal “impidió deliberadamente” que se incluya la muerte de un hombre en el listado oficial.
