El debate por la interrupción voluntaria del embazo (IVE) sigue para muchos sectores atravesado por prácticas autoritarias y dogmáticas. El 26 de julio, por ejemplo, despertábamos en una Córdoba teñida por el accionar de sectores regidos por la intolerancia. Ese día el ex secretario del represor Luciano Benjamín Menéndez violentaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba a quienes argumentaban a favor del proyecto y al senador y senadora nacional allí presentes; los obispos de Córdoba firmaban una carta manifestando que, de aprobarse la ley, en el país estaríamos ante una “dictadura”; y el Colegio de Abogados de Córdoba emitía un documento oficial en contra del proyecto de ley, instando a la Legislatura de la Provincia a que instruya a los senadores nacionales de Córdoba para que votasen en contra del mismo.
A las pocas horas, conocíamos que esta nota no podría tener un carácter de dictamen que aune la expresión de todas/os las/os colegiadas/os ya que la gran mayoría ni siquiera sabían de su existencia y mucho menos fueron consultados/as. Esa nota, por la cual el Colegio de Abogados de Córdoba pretendía adjudicarse la representación de sus miembros, tachaba de inconstitucional al proyecto de ley, solo citando una serie de artículos de la Constitución Nacional, provincial, del Código Civil y Comercial y de Tratados de Derechos Humanos. Llama la atención, no solo el desconocimiento y/o manipulación del “decir el derecho”, sino además la negación del extenso debate en el que este proyecto se ha dado. La misiva, que arbitrariamente se autoarrogaba la representación de todos/as las/os abogadas/os de Córdoba, denunciaba que las autoridades debían dar un debate amplio que incluyera la “participación a toda la población, previa tarea de informar adecuada y verazmente sobre la cuestión”.
Me pregunto, dónde quedan para este Colegio las casi mil intervenciones públicas (724 en la Cámara de Diputados y 190 en la de Senadores) transmitidas en vivo desde el Congreso de la Nación. Me pregunto, dónde ubican las decenas y decenas de conversatorios públicos realizados en universidades, escuelas, centros de estudios, etc., que se dieron en la provincia y el país. Pareciera ser, que cuando el debate sobre “la ley” gira en cómo regular la autonomía sexual y reproductiva de las personas gestantes, los filtros de legitimidad que se le exige son mayores que para otros debates sociales, incluso, se pide la ampliación hasta el infinito si no escuchan lo que quieren escuchar, lo que el poder patriarcal quiere que el derecho siga diciendo sobre nuestros cuerpos. La historia sobre cómo desde el campo del derecho se ha intentado arrebatar nuestros derechos es harto conocido en esta provincia. Córdoba es la cuna y promotora de litigios impulsados para dejar sin efecto en todo el país la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. Es además donde más se litigó contra una norma provincial de salud sexual y reproductiva, la Ley 9.073 de Maternidad y Paternidad Responsable. Es la provincia donde quienes judicializaron aquellas leyes, en 2012 continuaron esa estrategia contra la Guía Técnica de Atención de los Abortos No Punibles, sancionada por el Ministerio de Salud provincial intentando dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia Nacional ese mismo año en el caso Fal.
Pero hoy como en 1918 durante el proceso de reforma universitaria hay en Córdoba una luz para dejar atrás tanto conservadurismo y oscurantismo, una luz verde que ilumina las calles, las universidades y hasta el propio derecho. Una, cientos, miles de luces que esperan que los/as senadoras/os estén a la altura de las circunstancias y que como en 1918 permitan que avancemos hacia una sociedad más democrática, despojándonos de dogmas y autoritarismos.
*Abogada. Profesora UNC. Conicet, CIJS/UNC.
