La incorporación de mujeres a los espacios políticos se ha convertido en uno de los objetivos centrales desde que se aprobó en 1979 la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw). Desde entonces, un total de 189 países la han ratificado para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y varones.
Más mujeres en los puestos de toma de decisiones implica: 1) más igualdad como meta en una democracia, 2) más justicia en cuanto valora la ampliación de sectores históricamente marginados, y 3) más pluralidad en la agenda pública con la incorporación de la perspectiva de género.
Y por casa, ¿cómo andamos? Una mirada a los tres poderes en Argentina nos muestra que solo existe una mayor presencia de mujeres allí donde se aplicaron acciones afirmativas para fomentar su participación y acceso a la representación. El Poder Legislativo es el más avanzando. Y, como dijimos, no es por casualidad. Más bien, es la consecuencia de las cuotas de género que funcionaron como incentivos institucionales. La Ley 24.012 en 1991 estableció que las listas debían tener mujeres en un mínimo del 30% y en proporciones con posibilidad de resultar electas. En los hechos, significó el aumento de un 5% de diputadas y 6% de senadoras en 1991 a 39% y 43%, respectivamente, en 2017.
El 23 de noviembre de 2017 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.412 denominada de Paridad de Género en Ambitos de Representación, también bajo el impulso de mujeres de diferentes bloques partidarios. Establece que las listas a cargos electivos y dentro de las organizaciones partidarias deben integrarse con un 50% de varones y un 50% de mujeres intercalando posiciones. Esta ley tendrá su primera experiencia en las elecciones legislativas de 2019 y representa un avance en la ampliación de los derechos políticos de las mujeres acorde a lo que sostienen los consensos regionales alcanzados en Quito (2007) y Brasilia (2010) en sendas conferencias de la Cepal. A nivel subnacional, ya son trece las provincias que cuentan con leyes de paridad: Córdoba (2000), Santiago del Estero (2000), Río Negro (2002), Buenos Aires (2016), Salta (2016), Neuquén (2016), Chubut (2016), Catamarca (2018), Mendoza (2018), Santa Cruz (2018), Chaco (2018), Ciudad de Buenos Aires (2018) y Misiones (2018).
Un actor clave en la aplicación de la ley de paridad son los tribunales electorales, responsables en garantizar su cumplimiento. Pero, paradójicamente, la composición de género en el interior del Poder Judicial muestra grandes desigualdades. Por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, que está compuesta por cinco miembros, solo hay una mujer desde que falleció Carmen Argibay. En el Consejo de la Magistratura, de los 13 consejeros, solo dos son mujeres. Según el índice Atenea de PNUD (2015) la estructura de la Justicia Federal muestra un típico fenómeno de “techo de cristal”, ya que la presencia de mujeres decrece a medida que se asciende en las escalas jerárquicas. De acuerdo con el Mapa de Género de los Sistemas de Justicia de la Región (2014), en Argentina las mujeres representaban un 56% del total del personal del sistema judicial y un 63% del puesto de secretario/a. Pero esta participación descendía a 45% en el cargo de juez/jueza y a 31% para camarista.
El peor de los rankeados es la justicia electoral, con solo 21% de mujeres. A propósito de este fuero, la Cámara Nacional Electoral debe cubrir pronto una vacante en su tribunal dado que el próximo año hay elecciones. Por primera vez en la historia de este organismo, quien lidera la terna es una mujer, Alejandra Lázzaro. De ser ella la elegida, no solo sería un hecho histórico al integrar un tribunal tradicionalmente masculino sino una señal de que también se premia el mérito.
Todas las ramas del gobierno tienen la obligación ineludible de proteger la democracia, y en especial, resguardar la igualdad de género como principio que fortalece los derechos humanos. Y el Poder Judicial resulta central en esta tarea porque sus sentencias son las que definen e inciden en la construcción y transformación de una sociedad más igualitaria (y, dicho sea de paso, más justa).
*Profesora UBA, investigadora Conicet. **Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA.
