Increíblemente, debieron pasar varios días más desde la noche del 10 de diciembre, momento en que se anunció la creación del Ministerio de Seguridad, para que la Presidenta tomara la decisión de asumir su responsabilidad y ordenar el reinicio de las negociaciones con el Gobierno de la Ciudad en pos de poner fin a la ocupación ilegal del Parque Indoamericano. Para ello, hubo que llegar a la constatación de la evidencia del efecto dominó que comenzó a producirse con la ocupación de terrenos públicos y privados. Ahí recién fue cuando Cristina Fernández de Kirchner levantó el teléfono y le dio la orden a Aníbal Fernández de actuar. Fue notable observar como, una vez alcanzado el acuerdo entre Nación y Ciudad, quienes intrusaban el parque empezaron a retirarse rápidamente y en orden.
Antes ocurrieron cosas increíbles. Una fue el llamado que por expreso pedido de la Presidenta se le hizo al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para que ordenara al cuerpo médico a apurar las necropsias de las dos personas asesinadas durante el desalojo en la noche del 7 de diciembre. La inquietud presidencial tuvo como objetivo determinar si las balas habían partido de armas de la Policía Federal o de la Metropolitana. La finalidad de esta jugada era clara: tirarle las dos muertes a Mauricio Macri. En este sentido, Fernández de Kirchner actuó siguiendo los mismos pasos de su esposo. Hay que recordar que, no bien se conoció el asesinato de Mariano Ferreyra, el 20 de octubre, lo primero que hizo el Gobierno fue echarle la culpa a Eduardo Duhalde para encontrarse después con la ingrata sorpresa producida por la aparición de una foto en la que el principal sospechoso de dicho crimen se exhibe al lado de ministro de Economía, Amado Boudou.
El episodio ha dejado otros elementos que van haciendo más notoria la ausencia de Néstor Kirchner. “Se hubiera puesto él mismo al frente y hubiera hablado hasta con los punteros que actuaban en esa zona liberada”, cuenta un funcionario de la Casa Rosada. Las cosas son diferentes. Antes, los ministros eran meros secretarios a quienes les correspondía la tarea de ejecutar órdenes. Ahora, deben actuar como ministros, lo que genera complicaciones, ya que algunos han demostrado no estar preparados para la tarea y otros no saben dónde están parados. El caso más relevante de estas horas es el de Aníbal Fernández. El recorte de su poder ha sido brutal; la forma cómo se lo ha hecho, también. La elección misma de Nilda Garré para encabezar el flamante ministerio fue un duro golpe para el jefe de Gabinete. Garré le supo endilgar a Fernández responsabilidad en una maniobra para desplazarla de Defensa. “Nilda nunca olvidó eso”, señala alguien que la conoce.
La decisión de desplazar al jefe de la Policía Federal, Néstor Vallecas, y de remover a toda la cúpula conlleva una fuerte crítica hacia el jefe de Gabinete. Esa primera lectura debería ser más amplia: Vallecas fue nombrado por Kirchner, quien ni siquiera ordenó su remoción después de la conducta sospechosa de los policías que con su inacción generaron la zona liberada que acabó costando la vida de Ferreyra. Como condición para asumir, Garré puso la de tener poderes plenos para terminar con los negocios de la Federal, los que proliferaron en los últimos años. ¿Por qué no se hizo antes?
En el círculo íntimo de la ministra se viven horas tensas. La designación de algunos de sus colaboradores generó inquietud en la Policía. El caso más notable es el de la secretaria de Seguridad Interior, Cristina Caamaño. Ese lugar es de una importancia capital: es el organismo específico del cual depende la Federal. Hay que recordar que Caamaño, de militancia política originaria en la UCR, se venía desempeñando como fiscal y que, como tal, estaba a cargo de la investigación del asesinato de Ferreyra. Una de las medidas más relevantes que adoptó en el curso de esa investigación fue la de apartar del caso a la Federal y reemplazarla por Gendarmería. Ello fue producto de una sospecha fuerte sobre la existencia de un accionar reprochable por parte de los efectivos de la fuerza que ese día hicieron abandono del lugar donde fue asesinado el joven militante del PO.
“Debemos estar preparados para algún tipo de coletazo originado por sectores de la Policía, disconformes y enojados por esta primera medida que pone en riesgo muchos de su negocios sucios”, se oyó decir a varios funcionarios que responden a Garré.
Para poner un poco más de distancia con su poco querido jefe de Gabinete, la ministra acaba de reconocer que el tema de la seguridad pasa a formar parte de la agenda del Gobierno, especificando la necesidad de combatir la “criminalidad organizada”. Todo un cambio en relación con aquella frase increíble de Fernández, cuando señaló que la inseguridad era una “sensación”.
Para terminar de castigar al jefe de Gabinete, la Presidenta dispuso la remoción del secretario de Justicia, Héctor Masquelet, quien será reemplazado por Alejandro Julián Alvarez, un integrante de los cuadros técnicos de la agrupación de jóvenes kirchneristas La Cámpora. “Esto fue otro duro golpe para Aníbal y una humillación para (Julio) Alak, quien no tenía la más mínima idea de los antecedentes de su nuevo secretario”, confía un funcionario con despacho en el Ministerio de Justicia.
La realidad, con su dinámica, ha puesto a la ministra ante su primera prueba de fuego: la situación de enfrentamiento que se sigue viviendo en Villa Lugano entre los ocupantes que se niegan a abandonar el club Albariños y los vecinos que demandan el fin de esa intrusión. Garré confía en que el juez federal Daniel Rafecas, a cargo del caso, mantenga su posición actual y se abstenga de ordenar a la Policía el desalojo del predio.
En estas horas de tribulaciones que sacuden al Gobierno, una realidad se ha hecho evidente para la mayoría de sus integrantes: el período de gracia política del duelo presidencial ha llegado a su fin.
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
