Mes a mes los datos confirman la continuidad de las dinámicas de crisis. En mayo, la inflación volvió a mostrar su fuerte resistencia a descender del nuevo escalón alcanzado; también volvió a hacerse evidente la falta de dólares, tanto en el stock (las reservas netas del BCRA son nulas) como en el flujo (el dólar soja III no movió el amperímetro y producto de la sequía la balanza comercial ya entró en déficit), lo que llevó a la autoridad monetaria a tomar nuevas medidas restrictivas para acceder a dólares al precio oficial (esta vez fue el turno de las provincias) y a intervenir con más fuerza en los mercados cambiarios (incluyendo el de futuros del dólar); por su parte, la expansión del pasivo del Banco Central, se aceleró respecto del ritmo previo y apunta a convalidar tasas de inflación futuras más altas que las actuales.
La expansión de los pasivos financieros del BCRA (Base Monetaria más Leliq) lleva siete semanas creciendo a un ritmo promedio del 8% mensual, el doble del ritmo que traía en los meses previos. Parte de dicha aceleración se explica por el incremento del financiamiento del BCRA al Tesoro mediante la concesión de adelantos transitorios. Por cierto, no es trivial que se haya producido dicho incremento, justo después de que el ministro Massa diera por terminado el acuerdo con el FMI. Un hecho que seguramente no habrá pasado desapercibido entre los técnicos del organismo, quienes habían ponderado la no concesión de tales adelantos como uno de los pilares de dicho acuerdo. Vale la pena mencionar que la semana pasada desde el Ministerio de Economía se dejó trascender que la negociación con el FMI debería centrarse en el futuro y no en el pasado (lo que puede ser visto como un intento de que la laxitud fiscal y monetaria de estos meses no comprometa la firma de un nuevo acuerdo).
Las dinámicas de crisis no se detienen en la Argentina a pesar de la clemencia del Fondo
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Alcanzar dicho acuerdo importa en tanto y en cuanto, sin él no habría fondos para pagar los vencimientos que operan con el FMI en las próximas semanas. Con acuerdo y sin que un eventual default asome en el horizonte estaríamos mejor que sin un acuerdo, pero atención: difícilmente dicho acuerdo sea sinónimo de soluciones que permitan reducir el riesgo de una aceleración de la crisis. La contención de las dinámicas desequilibradas de la macro argentina requiere medidas que el Gobierno ha evitado desde el mismo momento de la asunción del presidente Fernández. Y, a menos de seis meses de dejar el poder, luce improbable que ahora sí quiera o pueda tomar las medidas antipáticas que no se quisieron tomar antes. Además el FMI ha sido muy indulgente. Sus exigencias han sido mínimas y hasta es razonable sospechar que ha estado dispuesto a firmar condiciones y metas que sabía de antemano que no serían cumplidas. Por lo que cabe una pregunta similar a la que nos hacíamos en relación al Gobierno: por qué ahora sí el FMI sería garantía de que se va a hacer lo que hay que hacer para corregir los desequilibrios y frenar la inflación.
En este contexto, luce improbable que el gobierno actual pueda aportar un ancla a las expectativas; sólo la proximidad de las elecciones y las chances de que su resultado implique un cambio de signo político parecen jugar a favor de una contención de las mismas. Pero seis meses, bajo las condiciones actuales, pueden ser suficientes para que la crisis gane en intensidad y encuentre un desenlace que difícilmente resulte virtuoso. Y, si no se produjese tal desenlace, la magnitud de los desequilibrios que heredará el próximo gobierno seguirán en aumento. No es nuestra intención plantear lo crítico de la situación para generar pánico o para acelerar ese desenlace, o porque buscamos beneficiar a los que tengan que hacerse cargo del Ejecutivo a partir de diciembre. Porque no está claro que le convenga a la próxima gestión económica que los desequilibrios se corrijan, como sea, durante la gestión actual. La vieja idea de “cuánto peor, mejor” no aplica, a nuestro juicio, hoy en la Argentina. Un caso concreto es la corrección de precios relativos. Imaginemos que las circunstancias obligan al Gobierno a soltarle la mano al tipo de cambio y que se produce un salto discreto de la cotización del dólar oficial. Esa corrección de uno de los precios que inexorablemente habrá que corregir para poder implementar un programa de estabilización no implica la corrección de otros precios que también habrá que corregir el día uno (tarifas, por ejemplo). Además, es muy probable que una devaluación no creíble, sin un plan de por medio, termine en otras devaluaciones y en una inflación más alta de la que hubiese habido si no se producía el salto cambiario. Por lo que el aumento tarifario que deberá realizar el próximo gobierno no sólo deberá ser nominalmente mayor, sino que además tendría lugar en un contexto de salarios de menor poder adquisitivo que los que habrían prevalecido de no mediar la corrección cambiaria (y su traspaso a precios). Lo que lo haría aún más desafiante desde el punto de vista político y social.
Por el momento las internas políticas distraen y desvían el foco de atención de las dinámicas de crisis y de las respuestas de política para contenerlas y eventualmente revertirlas. Probablemente, como resultado de que casi nadie espera que este gobierno quiera o pueda hacer algo en la materia, la responsabilidad de llevar adelante tales políticas parece recaer exclusivamente en los candidatos y equipos de la oposición. Pero seis meses es mucho tiempo y la procrastinación de la Administración Fernández es un lujo que ha costado y sigue costando demasiado caro a todos los argentinos y, en especial, a los segmentos más vulnerables de la población. La Argentina es, en tal sentido, un gigantesco laboratorio que pone al descubierto que cada día que se deja pasar sin tomar medidas concretas y contundentes lejos de aliviar el sufrimiento lo agrava. Porque no hay política social capaz de compensar los costos de malas políticas económicas.
