Seguro que el consejo de epidemiólogos creado por Alberto Fernández no se constituyó como efecto del “síndrome del delantal blanco”, una mínima metáfora del miedo: se atribuye ese síntoma a los pacientes que aumentan su presión arterial cuando es el médico con su guardapolvo quien les aplica el tensiómetro. Fueron más complejas y graves las decisiones del Gobierno, aunque el temor del virus haya sido un componente dominante.
Como se entiende que las sugerencias profesionales fueron eficaces para contener el número de muertos, hay otro consejo en marcha –el económico y social para ordenar las relaciones entre empresas y sindicatos, por lo menos– y, sin carácter institucional, trascendió que AF ha considerado diversas opiniones sobre la negociación por la deuda externa como soporte a su ministro Guzmán.
Y, por si todo esto fuera poco, se agregó la eventualidad de un nuevo consejo de expertos para asesorar al Presidente en un tema de su preferencia: la Justicia. Bromean algunos: se instala un gobierno de consejos. Aunque no vendría mal si contribuye a resolver emergencias críticas y habilita la participación de especialistas de otras áreas en un mismo tema. La salud, por ejemplo.
Para el 25 de mayo, por fijar una fecha patria, el jefe de Estado tropieza con dos escollos: el resultado de la flexibilización de la cuarentena que empezó esta semana y la clausura o no del default, sea total, por tramos o selectiva.
Por el lado económico, abundan vientos y declaraciones del mismo Fernández por encontrar un acuerdo: no quiere ser un satélite perdido en el espacio, aprovechar un inevitable mundo de tasas negativas, convencer a inversores con placer por el vértigo y, quizas, integrarse a una suerte de Plan Marshall como el que facilitó la recuperación de Europa luego de la Segunda Guerra si no se desaloja del FMI. Al menos, es una zanahoria para el resto de su mandato.
En cuanto a la crisis sanitaria, quien no haya reparado en el elogio que el mandatario brindó en público a Gines Gozalez García al menos debería atender lo que dijo el ministro hace tres días: “Tenemos mucho margen en materia de camas, 50% vacías, no es bueno que los que padezcan otras enfermedades no se atiendan”.
Esas frases, que podrían explicar el descongelamiento parcial de la cuarentena, no liberan del agobio a una sociedad martillada con el número de víctimas, las oscilaciones de la curva o la cantidad de contagios. Ni de los previsores especialistas que, en ocasiones, hasta parecen confundidos sobre la conducta del virus. Y así será hasta que en unos meses se avance en un remedio que lo inhabilite antes de la aparición de una vacuna.
Más de una paradoja ofrece la última iniciativa judicial, razonablemente atribuida a la vicepresidenta Cristina. Por ejemplo, se impulsa más rapidez reglamentaria (cambiar el estatuto actual) del Consejo de la Magistratura para la designación de jueces, proceso que hoy arrastra cerca de un año y medio. Y, por el otro, cuesta suponer que la Corte Suprema será más expeditiva si aumenta y casi duplica el número de miembros: nada garantiza que más voces ahorrarán tiempo.
Este último capítulo parece clave, después del únanime rechazo de los cinco miembros de la Corte a la propuesta de la dama para que el Senado funcionara en forma virtual. Una formalidad, gesto poco grato. En su núcleo consideran que el instituto funciona como un contrapoder y suponen sensato diseminarlo –como insistía el numen jurídico de Macri, Rodríguez Simon, por el bien de la república– con la incorporación de tres figuras propias y una de la oposición, macrista o radical. Como valoran la opinión de la doctora Highton, próxima a su pensamiento jurídico, para sumar mayoría quizás se requiera que a uno de los otros cuatro se le facilite la llegada a la presidencia, hasta el último trimestre del año que viene en manos de Rosenkrantz y jurando que nunca estuvo más cómodo que en ese lugar.
De posibles candidatos para sumar del kirchnerismo no abundan las referencias –recordar que en algún momento se instaló a un desconocido Carles, con la venia del propio papa–, hablan de proponer aspirantes jóvenes, y con cierta nitidez de versación aparece Alejandro Slokar, camarista y copartícipe de un libro con Eugenio Zaffaroni, tal vez uno de los mayores influyentes en ese sector político. Exhibe una naturaleza política esta pretensión de incrementar la Corte, indubitable, que tendrá dos protagonistas en ejercicio: Martín Mena, el segundo de Justicia, y Mariano Recalde, ex Aerolíneas Argentinas e hijo de Héctor, laboralista reconocido.
Tampoco faltan razones (en 2019 despachó 29 mil fallos, casi todos vinculados al litigio estatal, sean jubilados o militares molestos por no reconocérseles el pago en negro) y atrae el diseño teórico para una reforma de la Justicia (la instalación de más salas, sin embargo, resultaría inconstitucional). Hay obvias objecciones lógicas sobre la oportunidad, en momentos de pandemia y temblor financiero por la deuda y la brecha del dólar. Además ya se había pronunciado en contra Fernández y ahora lo acaba de refrendar Sergio Massa. Pero el Presidente modificó en parte su visión: admitió que hay un debate al respecto. Comprensible.
Casi todos velan por sus intereses, con crisis o no, y en ese esquema Cristina de Kirchner había planteado desde el inicio su preocupación por una Justicia que la había perseguido al tiempo que se distraía de ciertos episodios de la administración macrista.
A varios meses de gestión, propios y ajenos se han acomodado en el poder, en buena parte de los casos ella participó con su influencia –como los últimos episodios de la Anses o el nombramiento del CEO de YPF– y sus causas siguen congeladas o abiertas a juicios prolongados.
Tampoco nada prospera con relación a imputaciones sobre la administración pasada, en particular la usina que a su juicio fue junto al grupo Clarín la causante de sus penurias tribunalicias.
Desde el crudo lado de la política, menos que módica ha sido la respuesta a su prioridad luego de haber sido el motor que llevó a Fernández, primeras figuras y elenco a la presidencia. Y sin que uno tome en cuenta lo que dijo Federico Pinedo, el opositor preferido de Cristina, que los gobiernos deben hablar con los jueces para que no decidan fallos equivocados.
