La investigación que denunció la existencia de aportantes truchos en la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en 2017 fue impecable y dejó en evidencia que los discursos de nueva política chocan contra una pared cuando de financiamiento se trata. Pero a partir de ahí, todo lo que se fue sucediendo es pura hipocresía.
La clase política se debe un debate serio sobre su manera de financiarse, que difícilmente se salde con una nueva ley. La plata de la política es y seguirá siendo negra.
Hay dos instancias en cada campaña: primero la recaudación de fondos, y después la elaboración del informe de financiamiento para la Justicia. En la mayoría de los casos, una cosa no tiene mucho que ver con la otra.
Los encargados del armado, off the record, siempre reconocen que una campaña sale más de lo que se termina informando. E incluso más de lo que la ley permite gastar. Por eso, el desafío es armar los informes lo más prolijos posible (algo que en Cambiemos en la Provincia parecen haber olvidado).
Para frenar la existencia de aportes truchos hace falta una Justicia que funcione y audite en tiempo real los gastos de los partidos.
En el proyecto que el Ejecutivo mandó el viernes al Congreso se habla de la bancarización como una manera de evitar las denuncias que están saliendo a la luz. Sin embargo, eso no garantiza transparencia: hay casos de dirigentes que hacen una transferencia pero después pasan por el comando de campaña a llevarse el efectivo.
Hace unos años se prohibió que las empresas aportaran, pero lo siguieron haciendo. Ahora el proyecto busca normalizar esa situación. Las empresas, acá y en el mundo, financian la política. Y lo mejor es blanquearlo. También, en algunos casos, lo hacen el juego, el narcotráfico y la propia corrupción política. Pero para frenar eso hace falta una Justicia que funcione y audite en tiempo real (incluso fuera del momento electoral) los gastos de los partidos. Para eso hace falta darle financiamiento a la Justicia, algo que a la hipocresía no le hace falta.
