Desde hace varios años que la actividad en Argentina se encuentra estancada, lo que sin duda tuvo su correlato en el mercado de trabajo: el salario real y la tasa de desocupación se encuentran en los mismos niveles de 2011. La persistencia de los problemas del mercado laboral muestra que se trata de una cuestión estructural, de un cuello de botella que trasciende el ciclo de la economía.
Más allá de las particularidades de Argentina, se trata de una problemática que alcanza de manera más o menos generalizada a toda América Latina. Por ello, en el marco de esta preocupación, esta semana el Banco Mundial publicó un informe sobre los problemas del mercado de trabajo de la región, y recomendaciones de medidas para “alcanzar el volumen productivo que facilite la creación de nuevos puestos de trabajo en un futuro cercano”. En lo que respecta específicamente a nuestro país, el organismo internacional sostiene que una parte importante del problema del mercado de trabajo local está relacionado con la inversión en capital humano.
En este sentido, los problemas del esquema económico de los últimos años están estrechamente relacionados (y retroalimentados) con el estado de situación de la educación en el país. Al cruzar las variables laborales con el nivel educativo de las personas eso queda claramente ejemplificado. Por caso:
a) La tasa de desocupación de las personas que tienen hasta secundaria incompleta más que triplica la de que aquellas que tienen nivel universitario completo;
b) La informalidad laboral en asalariados (es decir, lo que no perciben descuentos jubilatorios) es mayor al 50% en aquellos que no alcanzaron a completar estudios secundarios, mientras que en los que poseen estudios universitarios la misma apenas supera el 12%.
c) Entre los ocupados, el ingreso promedio de aquellos que tienen estudios universitarios duplica al de aquellos que no llegaron a completar los estudios secundarios.
Esta heterogeneidad en la oferta laboral tiene su “espejo” en la demanda de trabajo. Las estadísticas del Ministerio de Trabajo muestran que la tasa de no cobertura de vacantes aumenta conforme se incrementa la calificación buscada de la ocupación: para vacantes profesionales, la tasa de no cobertura superó 24% en 2017, frente al 5% de los operativos y el 2% de los no calificados.
En definitiva, se observan dos universos paralelos dentro del mercado de trabajo. Por un lado se encuentran los trabajadores más calificados, que muestran niveles de ocupación cercanas al pleno empleo, y las empresas no logran cubrir muchas veces sus faltantes, redundando en salarios competitivos y cumplimiento pleno de derechos laborales. Por otro lado, coexiste un universo de trabajadores con menor calificación, que presiona en exceso sobre la demanda de trabajos, y redunda en inserciones laborales más precarias.
Existe, entre estos dos universos mencionados, una separación cristalizada que, para peor, se retroalimenta en el tiempo. Las condiciones socioeconómicas de origen son un factor crucial a la hora de determinar el máximo nivel de estudios alcanzados (la tasa de abandono en segmentos vulnerables es más elevada por el efecto trabajador adicional), luego la menor calificación determina inserciones más endebles en el mercado laboral y así se reproducen las vulnerabilidades de origen.
De esta manera, la disociación mencionada trae aparejados dos consecuencias. En primer lugar, los problemas que emanan del mercado laboral no se solucionarán por “derrame”. En segundo lugar, resulta cada vez más necesario intensificar la inversión en capital humano, para romper estas barreras en el mercado laboral y garantizar una real igualdad de oportunidades. Sin embargo, el problema de la inversión en nuestro país no es cuantitativo, si no cualitativo.
El Estado hoy ya realiza esfuerzos en materia de capacitación laboral, terminalidad educativa u orientación laboral, a través de diversos programas del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, la ANSES, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. De hecho, la sumatoria de los créditos presupuestarios de los 18 programas de las 5 jurisdicciones mencionadas, más la totalidad de las becas no contempladas en dichos programas, arroja un monto aproximado de 0,6% del PBI, superior al promedio de los países de la OCDE (destina alrededor de 0,5% del PBI en “programas de trabajo activo”).
El hecho de que la inversión que se realiza en materia de capacitación laboral, terminalidad educativa y orientación laboral sea semejante a la de los países de la OCDE, pone en evidencia que la baja efectividad de los programas locales radica en que, al estar dispersos en distintas jurisdicciones, carecen de una “lógica interna”, de una estrategia integral de inversión en capital humano para el desarrollo consistente. Esto pone en evidencia la necesidad de crear un “Plan Nacional de Capacitación”, cuyo objetivo central sea la implementación de políticas públicas tendientes al fortalecimiento del capital humano, presente y futuro, y a la mejora de la elegibilidad laboral de los sectores más vulnerables.
El Plan de Capacitación debería estructurarse alrededor de tres ejes. En primer lugar, analizar y detectar las necesidades de capacitación, teniendo en vista tanto las acciones a realizar en materia de fortalecimiento del capital humano presente como para anticiparnos a las necesidades que demanda un futuro cambiante. Este eje comprende tanto el dimensionamiento del universo objetivo como las necesidades concretas en términos de oferta de capacitación.
El segundo eje comprende a la orientación del sistema educativo y científico-tecnológico en términos de las orientaciones académicas estratégicas prioritarias. En función de los estudios que se realicen sobre la matriz productiva actual y la deseada hacia el futuro, el establecimiento de orientaciones académicas prioritarias se vuelve un insumo fundamental que hoy está ausente.
El tercer eje se desprende de los dos anteriores, y comprende el conjunto de acciones a realizar a cinco y veinte años vista en materia de capacitación, determinando las acciones que realizará el Estado tanto en forma directa como en articulación con el sistema educativo, el sistema científico-tecnológico, el sector privado y las organizaciones gremiales.
En definitiva, los tres ejes del plan establecen que el país debe tener a la capacitación del capital humano como política de Estado. Ya existe en la actualidad el presupuesto para llevar adelante estas medidas (y sería un error bajar ese piso), pero “muchas manos en un plato hacen mucho garabato”: su falta de eficacia radica en que los esfuerzos tendientes a la capacitación e inserción en el mercado de trabajo se encuentran dispersos y carentes de un eje rector. Por eso se vuelve necesario un Plan Nacional de Capacitación que coordine los distintos programas, para lo cual debería crearse una agencia que sea la encargada de dictar la línea rectora en términos de capacitación y orientación laboral.
