Tal y como su nombre lo indica, el recambio de gobierno hacia la coalición Cambiemos en diciembre de 2015 trajo consigo aparejada una visión distinta sobre la política y la economía. El inicio del mandato les presentó un país con graves síntomas, sin un diagnostico oficial (sin estadísticas oficiales) y, por supuesto, sin un tratamiento a la vista. En pocas palabras, con una “pesada herencia”.
De este modo, la actual gestión entendió que la raíz principal de la enfermedad era la inflación y que erradicando este problema, el avanzar en las otras problemáticas sería de fácil solución. Así, por un lado se redujo profundamente la emisión monetaria y desde el Banco Central se subieron fuertemente las tasas de referencia, buscando así enfriar una economía, que se entendió como “recalentada”. Por otro lado, el déficit fiscal se mantuvo, intentando morigerar los efectos negativos sobre el consumo. Consecuentemente, a poco más de un año de gestión, la inflación pareciera descender (aunque más gradualmente de lo deseado entre quita de subsidios e incrementos tarifarios), mientras que la inversión (detenida) y el consumo (estancado) supieron esgrimirse como los grandes ausentes en la ecuación económica nacional.
Los manuales más tradicionales explican que en una economía carente de inversiones (es decir, que no puede incrementar la oferta), se canaliza el exceso de demanda hacia los precios. De este modo, las medidas tomadas sacarían dinero de circulación dando una opción financiera atractiva para competir con el consumo. Debe entenderse que en épocas de inflación, el consumo suele ser la mejor alternativa ante la rápida desvalorización del dinero.
El problema parece haber sido que las medidas duraron demasiado tiempo, las inversiones prometidas nunca llegaron y la economía pasó de la heladera al freezer contrayendo drásticamente la actividad. En este contexto, se buscó la recomposición de los márgenes de ganancia de las empresas de servicios (y reducir subsidios) pero, lógicamente, los aumentos en los distintos servicios no ayudaron a revertir la caída en el consumo, sino que la profundizaron. En este escenario, a partir del mes de febrero se implementó la medida llamada Precios Transparentes.
Esta política obliga a los comercios a diferenciar el valor del producto al contado (un solo pago en efectivo, débito o crédito) de la opción en cuotas, obligando a separar el costo de financiación. El argumento esgrimido por el Gobierno que justifica la medida es que los precios al contado llevan incluidos los costos financieros del esquema de cuotas sin interés (los comercios inflaban los precios de lista para cubrir el costo de financiación en cuotas “sin interés”).
El efecto de máxima deseado fue bajar los precios entre un 15% y 20% al contado (supuesto costo financiero incluido en la modalidad anterior) mientras que en cuotas se debiera mantenerse el valor original del producto. Esto es, disminuir el precio al contado y sostener el valor financiado similar al que existía antes del plan. Para ejemplificar, el precio de un producto era $ 100, a ser pagado hasta en 12 cuotas sin interés. Hoy el precio debería ser de $ 85 y los $ 15 restantes se detallan aparte cargándolos sólo en el esquema financiado. Así, el precio no varía para quien compre en cuotas pero baja para la compra al contado.
En teoría, la medida es benéfica pues favorece principalmente a la masa poblacional que no posee tarjetas de crédito (recordemos que sólo el 44% de la población está bancarizada). En teoría, los precios bajarían. Sin embargo, como dice el dicho, “en teoría, el comunismo funciona”.
En la práctica, a menos de 15 días de implementado el plan, la realidad marca que muy pocos comercios han respetado el espíritu de la norma. Hasta el momento se han registrados productos con pequeñas reducciones de precio y muchos que tan solo incrementaron sus márgenes de ganancia, manteniendo el precio y trasladando el costo de financiamiento al consumidor, cuando antes se encontraba dentro del precio.
Siguiendo la línea del ejemplo anterior, muchos han llevado el precio a $ 95, e impuesto costos de financiación de $ 18, alcanzando un precio financiado de $ 113. Para peor, muchos otros productos no han bajado su precio, por lo que los costos de financiamiento se transfirieron directamente al precio del producto, que aumentó en un orden del 25% al 30% (Precio=$1 00, financiamiento=$ 25; Total=$ 125) con denuncias de hasta el 70%.
Lo que se concluye es que, dada la dificultad en controlar su implementación y teniendo en cuenta que no es ilegal aumentar los precios (y tampoco está capeada la tasa de financiamiento en cuotas de las tarjetas), una medida de objeto antiinflacionario podría terminar cumpliendo un objetivo totalmente opuesto en los hechos. Esto es, si bien los índices de inflación se miden con valores al contado, los efectos observados son una suerte de “inflación financiada en cuotas”, impactando nuevamente en el bolsillo del consumidor. Esto, además, se ve agravado a partir del hecho de que el impacto lo sufren aquellos individuos bancarizados que sólo pueden consumir en cuotas, es decir, quienes menos tienen (principalmente poseedores de tarjetas de compra en entidades no bancarias).
En resumen, una medida orientada a bajar la inflación y beneficiar a los más vulnerables termina, a priori, siendo regresiva en el consumo, afectando fuertemente a los consumidores en cuotas de menores ingresos y beneficiando sólo marginalmente a quienes menos tienen.
*Universidad de Buenos Aires y Universidad de San Andrés.
**Universidad Autónoma de Madrid, UBA, UCA y Citra-Conicet.
