Como era previsible, marzo se va desplegando con un importante menú de conflictividad social. Por cierto, la huelga de los docentes, que ha determinado que no comiencen todavía las clases en el mayor distrito argentino, la provincia de Buenos Aires, encabeza largamente el cuadro de la gravedad de la situación. Pero no es el único episodio en curso.
Es importante aclarar que la conflictividad no es una exclusividad argentina. Habría que ser necio para imaginar que este tipo de reclamos y luchas acontecen solo en la Argentina. También es cierto que la conflictividad social en la Argentina, y no exclusivamente la vinculada con sindicatos organizados, sino también con reclamos callejeros, exhibe un nivel de exasperación y volatilidad realmente notable. Volatilidad, provisoriedad, condicionalidad son algunos de los atributos de la vida que vivimos.
Por un lado, autoridades insisten que respetan la condición estratégica de la educación en el marco de las necesidades del país. El gobierno nacional viene sosteniendo hace años que el presupuesto educacional ha superado todos los récords históricos como porcentaje del producto bruto interno. Hasta incluso sectores críticos del Gobierno admiten que en términos de pura contabilidad fiscal, y en términos de dinero, es cierto que hubo un desplazamiento importante de recursos hacia la educación. Pero, sin embargo, nadie consigue explicar por qué la Argentina sigue experimentando huelgas docentes que postergan el comienzo del año escolar a lo largo de casi toda la década.
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación, en mayo del 2003, prácticamente a pocas horas de asumir, lo primero que hizo fue viajar a Entre Ríos con el recién designado ministro de Educación Daniel Filmus, para solucionar el conflicto de la huelga docente en esa provincia argentina, y de esa manera enviar una señal positiva, promisoria, y esperanzadora en el sentido de que una de las preocupaciones centrales del nuevo gobierno sería asegurar educación sin cortes ni huelgas. Evidentemente, ese esfuerzo ha fracasado.
Cuando faltan semanas para que este Gobierno cumpla once años continuados en el ejercicio del poder, la situación de la eterna huelga docente aparece como irresoluble, con un sindicalismo fuertemente politizado, con una importante dosis de “ideología en sangre” y que ha simpatizado y sigue simpatizando con los lineamientos generales del proyecto oficial. No hablo de la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias, calificadas como destituyente y al servicio de la oligarquía. Hablo de un gremialismo que se ha alineado políticamente con el Gobierno y que, sin embargo, en estos momentos atrincherado en la defensa de una huelga intransigente.
Añádanse otros elementos de perturbación social que, aun cuando puedan ser focales, precisos y pequeños, exhiben la enorme vulnerabilidad de la vida cotidiana argentina. Esta mañana del martes 11 de marzo, por ejemplo, muchas calles de la ciudad amanecieron con los residuos no recogidos. Una protesta puntual del gremio de Hugo Moyano, especialista en bloqueos, impidió que el ingreso de los camiones a la ciudad quedara bloqueado. Afiliados al sindicato de Hugo Moyano fueron los responsables de estos bloqueos de tránsito en distintos puntos del Gran Buenos Aires, alegando un reclamo al pago de salarios adeudados a trabajadores que distribuyen alimentos del plan provincial Más Vida. Confieso no tener conocimiento detallado de este aspecto puntual, pero la recolección de la basura es tarea primordial en toda sociedad medianamente civilizada, sobre todo en una metrópoli de las dimensiones de Buenos Aires.
¿Podría decir el gremio de Hugo Moyano que no tenía otra alternativa que no fuese bloquear la salida o ingreso de camiones? Con mucha frecuencia, en la Capital Federal padecemos situaciones parecidas creadas por los empleados del subte, especializados hace ya varios años no sólo en reclamar por sus condiciones de trabajo -lo cual es legítimo y están en todo su derecho de hacer- sino en interrumpir el servicio con las excusas más disparatadas, como por ejemplo el cambio de cronograma de verano a otoño o el aumento en la tarifa del subte, decisiones que competen exclusivamente a la empresa operadora o al Gobierno de la Ciudad.
El subte no está bien, hay que decirlo. Sigue siendo un servicio insatisfactorio que deja mucho que desear, con frecuencias de servicios muy pobres y un horario de funcionamiento diario mucho más corto que las grandes líneas del mundo, que operan las 24 horas. Al subte porteño le falta mucho para estar al nivel que corresponde estar, pero manteniendo tarifas retrasadas respecto de la inflación, no se va a ninguna parte, y sobre todo teniendo que lidiar con un gremio -una vez más-altamente condicionado por su componente ideológica.
La conflictividad argentina se desborda, es desmesurada, suele tener un elemento profundamente irritante, la imprevisibilidad. Cada vez que, por ejemplo, los empleados del subte paralizan inopinadamente sus tareas sin previo aviso, perjudican exclusivamente a los usuarios, nunca a Metrovías o al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es la típica manera argentina de protestar afectando a los más débiles, como sucede con los docentes. Los argumentos del gremialismo docente, otro sector sindical con fuerte grado de politización en sangre, podrían ser atendibles desde el punto de vista del poder adquisitivo de su salario, pero en la Argentina la problemática de la conflictividad docente ha gambeteado rigurosamente el gran debate que nos tenemos que dar para mejorar la deteriorada calidad de nuestra educación.
Docentes, camioneros, empleados del subte, esta es la foto en una Argentina que sigue sin aprender como reclamar y comportarse y en donde se sigue revelando la profunda insensibilidad o evidente incompetencia de administraciones políticas que no saben o no pueden encontrarle solución a los problemas.
(*) Emitido por Pepe Eliaschev en Radio Mitre.
