A los pocos días de decretarse el concurso de acreedores de Isolux Corsan, el medio digital español El Confidencial reveló que un ejecutivo de la compañía remitió un año antes al canal de denuncias e investigaciones internas del grupo un documento en el que se cuenta detalles del sistema de sobornos y prebendas que el grupo español tenía instalado en Buenos Aires y que daba servicio a los proyectos en Latinoamérica.
El informe describe cómo Juan Carlos de Goycoechea montó una empresa llamada GVA que era simplemente “una fachada montada” para hacer pagos a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal en relación a la construcción de una central eléctrica en el sur del país, en Río Turbio. Entre los funcionarios que supuestamente recibieron dinero, el informe interno de Isolux Corban destaca a Christian Manrique Valdor y Fernando Passini.
El documento, siempre de acuerdo a El Confidencial, hace hincapié en un proyecto de 650 millones de dólares que la multinacional española ganó en 2011 y en el que supuestamente se pagaron sobreprecios a otros subcontratistas como Misa, que fabricaba determinadas piezas defectuosas, y Rafasa, que también sin experiencia pasaba presupuestos adicionales para solucionar los problemas generados por la anterior. Estas compañías eran seleccionadas por funcionarios del Gobierno, que participaban en todas las reuniones oficiales y no oficiales para elegir a los suministradores.
En la cadena de correos electrónicos, Juan Marcelo Vargas, asesor de la Intervención del Ministerio, le dice a Goycoechea lo siguiente: “Juanca (Juan Carlos Goycoechea), decile al Perea (el responsable del proyecto en nombre de Isolux) que no arme reuniones con los subcontratistas a espalda nuestra”, en relación a la oposición de José Luis Perea de encargar determinadas partes de la obra a empresas que no tenían cualificación.
Ante los continuos problemas que Perea ponía al pago de estos modificados, El Confidencial cuenta que la decisión que tomó Isolux Argentina fue apartarlo a él y a su equipo por considerar que, pese a ser ingeniero de caminos, canales y puertos, no tenía la cualificación profesional necesaria para tal proyecto.
El informe denuncia que el personal de Isolux, incluido el director financiero administrativo, Marcelo Delfino, estaban a las órdenes de Goycoechea, que “atendía a las instrucciones de los funcionarios del Ministerio por encima de las órdenes de los responsables nombrados por el presidente de Corsan-Corviam”, Luis Delso. En otro cruce de mails, el controller de los gastos de la filial le indica a Delfino que “Marcelo, el dinero es de la empresa y no del Ministerio, y tengo entendido que ellos no deciden los pagos”. A los que el financiero le responde que, “si bien ellos no los deciden, hacer pagos sin su consentimiento trae problemas”.
Esta historia rocambolesca tuvo un final acorde. Cuando Cristina Kirchner acudió en 2015 a la inauguración de la primera parte de la central térmica, explotó un condensador de la caldera central, lo que tuvo graves consecuencias para la obra. Así, la adjudicación pasó de tener un beneficio previsto de 12 millones de euros a unas pérdidas estimadas de 268 millones por todos los sobrecostes “No se me escapa que la obra era un puto desastre… Es una bomba de tiempo que, si estalla, se carga a la compañía a nivel mundial”, se asevera en el intercambio de mails.
Escándalo e Isolux van de la mano.
*Desde Madrid
