Carta del embajador de los Estados Unidos a Elisa Carrió
Estimados Dra. Carrió, diputada Bullrich y diputado Pérez:
Quisiera agradecerles su carta de fecha 31 de enero sobre la causa que se está tramitando en Miami con relación a los cuatro acusados de ser supuestos agentes de un gobierno extranjero operando en los Estados Unidos sin haber notificado al fiscal general según lo establece la ley estadounidense.
La separación de poderes que establece la Constitución de los Estados Unidos, particularmente la separación del Poder Judicial, es una característica del sistema democrático de los Estados Unidos. Nuestro sistema judicial procede de manera independiente de la política exterior o de consideraciones políticas y continuará haciéndolo, tal como lo hemos afirmado en repetidas ocasiones durante las últimas semanas. Le adjunto para su información una copia de la declaración pública que hice el 31 de enero pasado.
Con las seguridades de mi mayor consideración.
E. Anthony Wayne
Más allá de lo que vaya a pasar en la Corte Judicial de Miami, aquí hay una cosa cierta: no pasa nada. La fiscal de la causa, María Luz Rivas Diez, pide medidas en pos de investigar la participación de los argentinos involucrados en la causa, Uberti y Espinosa, que en el Juzgado no le conceden.
La visita de la discordia
La presencia en nuestro país del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, generó momentos de real tensión para la Presidenta y sacó a relucir, una vez más, las contradicciones del Gobierno y las inacabables internas entre Alberto Fernández, Julio De Vido y otros. El tibio discurso de Cristina Fernández de Kirchner, reclamando respeto a los Derechos Humanos, la mostró descolocada. ¿Quién lo trajo a este personaje? Esta fue la pregunta que se hacían desde varios sectores vinculados a las organizaciones de Derechos Humanos. Desde la Jefatura de Gabinete lo señalan con los índices de las dos manos al ministro de Infraestructura y Planificación Federal, señor De Vido.
Nota al pie: Guinea Española fue una colonia, primero portuguesa y después española, que formó parte del Virreinato de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Obtuvo su independencia el 12 de octubre de 1968 y a partir de allí se llamó Guinea Ecuatorial. Su primer presidente, elegido a través del voto popular, fue Francisco Macias Nguema quien no tardó en adueñarse de todos los poderes del Estado. Su gobierno fue brutal y fue desalojado del poder por un golpe de Estado el 3 de agosto de 1979. A la cabeza de ese golpe de Estado estaba el sobrino de Macias, Teodoro Obiang Nguema, quien aún hoy sigue en el poder. En el año 2002 hubo elecciones presidenciales. El fraude fue evidente, a pesar de lo cual la elección se dio por válida, permitiendo que Nguema continuara al frente del gobierno por un período más que vence en 2009. Su principal opositor, Severo Moto, debió dejar el país y marchar al exilio. En 2004 se lo acusó de ser el instigador de un intento de derrocamiento del presidente Nguema. Ese fallido golpe estaba fogoneado por empresas petroleras europeas. Uno de los hijos de Margaret Thatcher, Mark, fue detenido en Sudáfrica acusado de ser uno de los partícipes de la asonada que fue desbaratada en el aeropuerto de Harare, la capital de Zimbabue.
La verdad es que el viaje de Teodoro Obiang Nguema estaba planeado desde hace tiempo. Es más, a las ceremonias de asunción de Cristina Fernández de Kirchner asistió nada menos que el primer ministro del país africano, Ricardo Mangue Obama Nfubea. Guinea Ecuatorial sólo tiene petróleo –es el tercer productor africano– y necesita todo lo demás. La visita a la Argentina fue parte de una gira regional que lo llevó a Brasil y a Cuba. En Cancillería muchos se hacen los distraídos sobre esto. Pero lo cierto es que hubo un pedido del gobierno de Guinea para realizar el viaje. El Gobierno argentino dio respuesta positiva a ese pedido. Desde la presidencia de Guinea, como es norma, se le pidió a la Cancillería que gestionara diversas reuniones. Como no podía ser de otra manera, el canciller Jorge Taiana estaba perfectamente al tanto de todo esto. Inclusive la agenda del dictador de Guinea incluía una reunión con el intendente de la Ciudad de Buenos Aires y con sectores empresariales. Mauricio Macri, rápido de reflejos, canceló esa reunión. Los empresarios, no.
El mundo de los negocios está, lamentablemente, lleno de hechos como estos. Pero para un gobierno como el de los Kirchner, que hace de los Derechos Humanos una cuestión de fondo –lo que es elogiable– esta presencia marcó una clara contradicción, porque lo cierto es que al presidente Obiang Nguema se lo recibió con honores que incluyeron una reunión en el Congreso que incomodó a muchos de los legisladores del oficialismo, y se firmaron los acuerdos económicos que le dan oxígeno al régimen del dictador de Guinea. Repsol-YPF agradecida, lo mismo que Petrobras con Lula, la misma Repsol-YPF con Rodríguez Zapatero y Exxon, Chevron Texaco y Triyo Energy con George Bush que en 2003 reanudó relaciones diplomáticas con Guinea, las que estaban cortadas desde 1995.
La crisis por la falta de seguridad está atravesando uno de sus picos recurrentes. Esto tiene su epicentro en la Provincia de Buenos Aires con una consecuencia política brutal.
En la campaña, el tema de la inseguridad fue uno de los caballitos de batalla del entonces candidato Daniel Scioli. Esa campaña hizo recordar mucho a aquella otra de León Ruckauf, en 1999, cuando con sus críticas a la gestión del ministro de Seguridad de aquel tiempo, Carlos Arslanian, generó tamaña crisis en el gobierno provincial que encabezaba Eduardo Duhalde, que lo llevó a renunciar. Al poco tiempo de ello ocurrió la masacre de Ramallo.
El fantasma de esa circunstancia sobrevoló durante toda la campaña de Scioli. Una vez ganada la elección, la crítica hacia la gestión de Arslanian se hizo ya imparable, para enojo del entonces ministro y del gobernador Solá. Una de las voces cantantes de esas críticas fue la del actual ministro Carlos Stornelli, cuya designación sorprendió a muchos. El Dr. Carlos Stornelli es un fiscal federal de buena fama. La decisión del gobernador Scioli, al designarlo, hizo acordar a aquella otra de Gustavo Beliz, al comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner, cuando nombró a los fiscales Quantín y Campagnuolo en el área de seguridad. Los dos traían tras de sí el prestigio de sus carreras judiciales pero ningún sustento político. Al tiempo, volaron.
Nadie sabe a ciencia cierta por qué el Dr. Stornelli aceptó la brasa ardiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Todos sus colegas en la Justicia Federal se sorprendieron primero y, después, le desaconsejaron vehemente tal aceptación. Fue en vano. Por el contrario, no sólo Stornelli siguió adelante con su decisión sino que ofreció designaciones en esa área a varios de sus colegas fiscales federales. Aceptaron los fiscales Stark, Cearras y López Perrando. Quienes conocen el mundo de los tribunales de Comodoro Py predijeron que con López Perrando iría a haber problemas prontamente. La realidad les dio la razón. López Perrando ya no está.
Pregunta 1: ¿La causa de su eyección del Ministerio tuvo que ver o no con manejos non sanctos de fondos?
Pregunta 2: ¿Cómo está el tema de compras de equipamiento para la vapuleada Policía de la Provincia de Buenos Aires?
A Stornelli lo aquejan varios problemas, a saber:
Primero: es evidente que subestimó la dimensión del problema de la inseguridad.
Segundo: no tiene ningún apoyo político propio.
Tercero: son muchos los intendentes que no lo quieren. Algunos, como el de La Plata, Pablo Bruera, lo dicen en voz alta. Otros lo mascullan todo el tiempo y lo discuten a los gritos con el jefe de Gabinete de la Provincia, Alberto Pérez.
Por otra parte, las reuniones en Junín y en San Pedro estuvieron lejos de satisfacer las expectativas de la población.
Cuarto: desde la gobernación le recriminan no tener un plan de acción sustentable.
Quinto: la paciencia de Scioli se acaba (“de cero a diez, hoy Stornelli está cinco” afirman con voz clara desde varias áreas de la gobernación).
Sexto: en la Casa Rosada a Stornelli tampoco lo digieren.
Por lo pronto hay un hecho que marca la pérdida de poder del ministro. Veamos.
Con fecha 22 de enero de 2008 el Ministerio de Seguridad resolvió la conformación de una Comisión de Estudios Legales de Seguridad Ciudadana a los fines de “profundizar el análisis, el estudio e investigación de toda cuestión vinculada a la seguridad pública”.
La iniciativa produjo un enorme revuelo en varios ámbitos del Gobierno provincial, entre ellos, el del Ministerio de Justicia que se sintió excluido de un tema que también le atañe.
Por lo tanto, el gobernador Scioli decidió crear un cuerpo consultivo interministerial que encabezará el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, para dedicarse al problema de la inseguridad. Conclusión: la Comisión creada por Stornelli pasará, inevitablemente, a un segundo plano. ¿Servirá de algo?
Todo este desbarajuste lo ha obligado al gobernador Scioli a dar la cara y a dejar un poco de lado la seguidilla de actos, fotos y glamour que abundaron en estos primeros 60 días de su gobierno. Y está claro que, puesto a dar respuestas concretas, él tampoco las tiene. El decir que el arma que posee la población para defenderse de esta ola de inseguridad es “el 911” es casi como decir la nada.
En este contexto tres apuntes finales:
Primero: ¿Cuándo acabará la disputa entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el traspaso de la Policía y se pondrán a trabajar juntos para atender la demanda de la ciudadanía que asiste azorada a esta pelea?
Segundo: ha aumentado el robo de autos y, una de las causas principales, es la venta de autopartes. Esto quiere decir que los desarmaderos ilegales están otra vez en acción. ¿Alguna autoridad se habrá percatado de esto?
Tercero: la Presidenta, en público, habla poco de la inseguridad. ¿En qué mundo vive?
Producción periodística: Guido Baistrocchi con el aporte de Laura Bartolomé.
