El proyecto de ley que la presidente Cristina Fernández de Kirchner quiere que sea aprobado por el Congreso Nacional tiende a organizar las manifestaciones en la vía pública de una manera diferente a lo vivido estos últimos once años. Se trata de un auténtico salto cualitativo, un giro poco menos que copernicano en un gobierno que durante once largos años exaltó permanentemente su compromiso con no “criminalizar” la protesta social”.
La oportunidad es sumamente propicia para encarar este tema junto a otros que tienen un común denominador. Es fácil advertir que en la sociedad argentina, al menos tal como se la ve desde Buenos Aires, hay una impronta desde hace varios años que nos cuesta modificar y que ha quedado fuertemente etiquetada como verdad irrebatible, dogma que no puede ser cuestionado.
Ya sea que hablemos de manteros, trapitos, limpia vidrios, gente que organiza piquetes, o incluso trabajadores que reciclan la basura, los cartoneros; en todas y cada una de estas ocasiones surge la defensa de un derecho a expensas de otro derecho.
En el caso de quienes se ganan la vida en la calle, no las mafias comerciales que han organizado una formidable red de venta clandestina, la explicación sistemática es que no lo hacen porque quieren, sino porque “no tienen otra alternativa”. Esto vale para manteros, limpia vidrios, trapitos, también llamados pudorosamente “cuida coches”.Los trapitos no cuidan los coches. Ni siquiera ayudan a estacionar. Se han apoderado de un lugar en la calle y extorsionan a los automovilistas a sabiendas de que la abrumadora mayoría de quienes conducen autos sienten que si no pagan el diezmo, su auto va a ser arruinado o saqueado.
Al aparecer el Gobierno admitiendo públicamente que así no se puede seguir viviendo, ha generado un repudio de diversos sectores muy diversos. Es la tarea de un periodista asumir en la materia un perfil absolutamente no demagógico, apoyado en valores y principios. ¿Qué es muy tarde? ¿Que lo deberían haber hecho antes? ¡Albricias por la noticia! Pero lo importante es un dato central que el Gobierno parece haber escuchado: el hartazgo de sectores sociales que no son precisamente los más favorecidos ante la tortura cotidiana en que ha devenido nuestra vida al menos en la ciudad de Buenos Aires.
Las principales víctimas del desastre cotidiano que son las calles y avenidas colapsadas, no son los ricos y poderosos que se desplazan con comodidad de cualquier manera, sino trabajadores, que usan el transporte público o la clase media que se vale de sus sencillos autos privados. Tarde, el Gobierno acaba de admitir que haber implantado la ley de que todo es posible terminaría llevando a una situación en la que todos pueden hacer lo que quieran, todo el tiempo, y en todas partes.
Se pretende ahora, en consecuencia, que los manifestantes callejeros anuncien previamente sus movilizaciones y al hacerlas siempre dejen carriles abiertos. Sin embargo, es tan poderosa la huella que ha dejado esta época de relativismo moral y posibilismo absoluto que va a ser extraordinariamente difícil hacer respetar la ley, aun cuando la cambien y la hagan más dura. Porque en todos y cada uno de los casos en donde hay infracciones, el gran problema argentino no es la inexistencia de leyes y normas sino su cumplimiento. ¿Con qué fuerzas policiales, con un auténtico dogma democrático, va a contar este Poder Ejecutivo para hacer frente a grupos que todos los días cortan esquinas, accesos y autopistas, alegando siempre un derecho o tratando de llamar la atención? Han proclamado su razón sacrosanta: la “visibilización de la protesta”. ¿Qué quiere decir esto, traducido a nuestra lengua? Que “el que no llora no mama y al que no mama es un gil. Y “llorar” quiere decir cortar la autopista, obligar a que venga el equipo de exteriores de TN, o de Canal 26, o de cualquiera de las señales de cable, para registrar la protesta. La carambola: corto, colapso, armo el apocalipsis, y así se enteran los poderosos. Que once años después esto siga sucediendo habla de la indigencia y escualidez de la democracia argentina, como si solo presionando de esta manera pareciera ser que el país resuelve sus situaciones.
La situación es compleja y problemática, porque cuando se habla, por ejemplo, de manteros, es imposible explicarse la existencia de estas redes, de no ser por la tolerancia o complicidad de la Policía Federal Argentina.
En general, en todas las situaciones en donde hay abuso de poder en la vía pública, tiene que ver con tolerancia, omisión, o complicidad explícita de las fuerzas de seguridad.
Las fuerzas opositoras democráticas no deberían alarmarse de que el Gobierno intente, aunque sea retrocediendo en chancletas, poner un poco de orden en lo que se ha convertido en un disparate cotidiano. Cualquiera, por cualquier razón o en cualquier momento, y sin advertirle antes nada a nadie, puede cortar una esquina, ya sean 15 personas o 25. La ciudad se ha convertido en un gran protestódromo, en donde nadie sabe, cuando sale, a qué hora va a llegar y por dónde no se puede pasar.
El derecho de manifestar debe ser prolijamente respetado y asegurado, claro que sí. Pero también es cierto que no se puede desproteger los derechos constitucionales de una parte, abrogados cuando los de la otra se convierten en dominantes. Si alguien tiene derecho a protestar, yo tengo derecho a circular; si alguien tiene derecho a reclamar, yo tengo derecho a ir a trabajar; si alguien tiene derecho a cortar una calle, yo tengo derecho a ir a la facultad o al colegio. No son derechos inferiores y subalternos. No es cierto que la necesidad de algunos elimine los derechos de los demás.
Sería bueno que muchos pensadores de almas bellas asumieran este desafío conceptual que les propongo. Es muy fácil explicar ideológicamente el estado permanente de subversión de la vida cotidiana, alegando indigencia, exclusión social, explotación, miseria y pobreza, cuando no los toca cerca. La mayor parte de los explicadores retóricos viven en zonas no afectadas por este tipo de problemas. Los invito a pensar cómo reaccionarían los manteros se instalan en la puerta de su casa. Los invito a que un trapito les cobre estacionamiento en la puerta de esa casa, para saber cómo habrán de reaccionar ante estos abusos que ya se han hecho endémicos en la Argentina.
Esta iniciativa del kirchnerismo es, en sí misma, demagógica y superficial, pero toma en consideración un dato cierto: la vida es cada vez más invivible en las zonas urbanas. La calle es una manifestación cotidiana y permanente, siete días a la semana, 24 horas al día. Iniciativa superficial y demagógica, sí, pero perspicaz: el Gobierno sabe que hay mucha gente fastidiada, y no precisamente los ricos, nunca perjudicados por el kirchnerismo, que, lejos de dañarlos, acentuó la disparidad social en la Argentina.
Será necesario compaginar derechos. Será necesario vivir en el estado de derecho. Será necesario preservar el derecho a la manifestación y a la protesta, siempre que no elimine otros derechos, tanto o más legítimos que aquellos.
(*) Emitido en Radio Mitre, el jueves 17 de abril de 2014.
