Uno de los grandes méritos de Rafecas como juez fue haber llevado adelante una comprensión acabada de la tortura como un delito complejo.
Cuando María Laura Bretal, compañera de cautiverio de Laura Carlotto (quien le dijo en la celda, luego de dar a luz, “tengo miedo de que estos hijos de puta no me lo devuelvan, tengo miedo de no volver a verlo nunca”, en referencia a su hijo Guido), fue llevada a declarar a Comodoro Py, el juez le preguntó “entonces, aparentemente, ahí, en su relato, no la torturan“. A lo que Bretal respondió: “No, señor juez, allí todo era tortura”. Bretal combatía la mirada judicial acotada, que entiende que incluso en un campo de concentración hay que diferenciar “bien“ qué y cuándo se tortura y cuando no. Rafecas ha intentado con éxito vencer este límite estrecho, humanizando una discusión jurídica concreta. No es poco.
La postulación de Rafecas a la Procuración General de la Nación es un paso auspicioso. Conoce de primera mano las necesidades extremas de nuestro muy endeble sistema penal e institucional. Ha soportado con integridad los embates de quienes creen que defender los derechos humanos en un país (y en una región) con la mitad de su población y dos tercios de sus chicos pasando hambre y revolviendo la basura para vivir es cosa de “garantistas”. Como si lo que sobrara –y no lo que faltara– fueran derechos y garantías.
El antigarantismo ha avanzado tanto en los medios de comunicación que el garantismo parece arrinconado hoy en una discusión de “forma”: la defensa del debido proceso. Sin embargo, es menester devolver al garantismo a la discusión grande, a la discusión de fondo, sobre la importancia de defender todas las garantías, no solo las procesales, obvias y básicas (en cualquier república seria), sino también las garantías sociales, educativas, alimentarias, humanas en sentido pleno.
Es menester, en definitiva, sacar al “garantismo“ de la acotada discusión procesal donde el antigarantismo (una rémora del Proceso) parece haberlo (o habernos) arrinconado.
*Director de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado Argentino.
