Si Odebrecht, con su “delación del fin del mundo”, provocó estragos, ¿cómo calificar la de JBS? Ante las revelaciones de los millonarios hermanos Batista, otro presidente puede ser apartado del poder en menos de un año. En este escenario, un nuevo ciclo de desaceleración se acerca y amenaza la reconstrucción económica, que comenzaba a diseñarse, tan necesaria para un país en el fondo del pozo.
El audio que trae de vuelta el fantasma del impeachment muestra la forma subrepticia con la que Michel Temer –que asumió el poder después de la caída de su antecesora acusada justamente de corrupción– trata los ilícitos de los esquemas de distribución de dinero entre empresarios y políticos.
Con apenas 9% de aprobación, y una base de apoyo en el Congreso corroída con cada revelación, difícilmente Temer sobreviva. Su salida es una cuestión de forma: ¿será apartado por el Tribunal Electoral (TSE) sufrirá un impeachment o, finalmente, renunciará?
Si Temer es apartado por cualquiera de estas hipótesis, surge otro problema: ¿quién lo sustituirá? Y, una vez más, las formas tienen relevancia. La Constitución dice que en casos como éste debe haber elección indirecta, y toca al Congreso elegir al sucesor, en un período de treinta días, para un mandato que complete el actual hasta las elecciones de 2018. En vez de seguir lo que determina la Carta Magna, hay una corriente que piensa diferente y sale en defensa de las “diretas já”, las elecciones directas.
Parece broma que se quiera ignorar la Ley Máxima, construida justamente para orientar los rumbos de la nación en momentos de desorientación, como los actuales. Es como si en este país fuera una regla no cumplir con las leyes. Ahí se puede preguntar: ¿y por qué no podemos tener elecciones directas? ¿No sería mejor que el pueblo elija al presidente, en lugar de dejar esa decisión en manos de los legisladores, muchos de ellos corruptos”.
La razón por la que es conveniente que la elección quede a cargo del Congreso tiene que ver con la coyuntura económica. Las elecciones directas requieren cambios en la Constitución, que exigen el cumplimiento de una serie de ritos procesales en ambas Cámaras, lo que lleva tiempo. En la mejor de las hipótesis, se necesitarían los mismos treinta días de la elección indirecta. Cumplida esta etapa, aún tendríamos por delante una campaña electoral. Otros tres meses, tal vez. ¿La economía soportaría cuatro meses más de inestabilidad e incertidumbre? Y eso, siendo muy optimistas con los plazos. Porque al ritmo que trabajan nuestros parlamentarios, es posible que perdieran hasta un año completo.
Y hay más aún. Realizadas las elecciones, ¿por cuánto tiempo gobernaría el nuevo presidente? ¿Hasta los comicios de 2018 o tendría un mandato extendido hasta 2022? Como se ve, Brasil sigue, literalmente, desgobernado.
*Editora Jefe del diario Folha de Pernambuco.
Un país desgobernado
