Los escándalos de corrupción que afectan a una buena parte de los gobiernos de América Latina subrayan la necesidad de que las democracias de la región promuevan un recambio generacional en la elite gobernante. En tanto las alternativas políticas a los gobiernos de varios países de la región son líderes que ya gobernaron antes, las investigaciones sobre actos de corrupción en el pasado seguirán contaminando el debate sobre las rutas que debe tomar América Latina para encontrar el desarrollo ahora que se ha terminado el boom de las exportaciones de materias primas.
La corrupción siempre ha sido un problema en todos los países con instituciones débiles e insuficientes mecanismos de rendición de cuentas. Adicionalmente, cuando mejora el acceso a la información, se profundiza la transparencia y los medios de comunicación están sujetos a menos control de los gobiernos, la gente tiene más acceso a conocer procedimientos irregulares que han sido práctica habitual en la elite, pero que eran desconocidos para el resto de la población. Ya que hay menos información disponible sobre lo que ocurría antes, es difícil saber si hoy hay más corrupción que hace veinte años. Pero no hay duda de que hoy hay más capacidad de destapar casos de corrupción de la que había hace dos décadas.
La corrupción también importa más cuando la economía está en problemas. Cuando la gallina de los huevos de oro produce riqueza y los gobiernos tienen las billeteras llenas para financiar programas sociales, la gente le pone menos atención a la corrupción. En América Latina hoy, con el fin del ciclo de las commodities, el crecimiento se ha detenido, el desempleo ha aumentado, la inflación ha subido y la capacidad de los gobiernos para ir en ayuda de los más necesitados se ha visto sustancialmente limitada. La falta de recursos ha hecho que la gente culpe a la corrupción por el difícil momento económico.
El débil crecimiento económico y la percepción generalizada de que los gobiernos no tienen ni las herramientas necesarias para revertir la mala situación ni la imaginación para encontrar un camino que vuelva a poner a sus países en el sendero del crecimiento ha hecho que aumente el rechazo y que en muchos países los gobiernos alcancen niveles de desaprobación sin precedentes. El caso más evidente es el de la mandataria brasileña Dilma Rousseff –cuyo nivel de aprobación llegó a caer por debajo del 10%–, pero la impopularidad se extiende también a los mandatarios de México, Colombia, Venezuela, Perú e incluso Chile– donde Michelle Bachelet pasó de tener la popularidad más alta en la historia de ese país al final de su primer mandato en 2009 hasta tener ahora, en la mitad de su segundo mandato, la aprobación presidencial más baja desde el retorno de la democracia. Es verdad que en cada país hay otras circunstancias que también influyen en la impopularidad de sus líderes, pero el enfriamiento de las economías es una variable que golpea la aprobación de todos los mandatarios de la región.
La alta desaprobación de los presidentes ha llevado a la opinión pública a comenzar a evaluar las alternativas políticas. Ya sea para las próximas elecciones, como en Perú, o para posibles elecciones anticipadas –como pudiera ser el caso si Dilma no logra llegar hasta el final de su período en 2018–. Pero incluso en los países cuyo calendario electoral no incluye elecciones próximamente, el debate sobre quiénes son los probables futuros presidenciables ya toma fuerza, demostrando que la gente ya anticipa que los actuales gobiernos no serán capaces de superar la crisis. En Chile y en México, países cuyas elecciones presidenciales serán en 2017 y 2018, respectivamente, ya se desató la carrera presidencial.
Desafortunadamente, el debate sobre la sucesión presidencial ha subrayado un problema de insuficiente recambio generacional. En Perú, dos ex presidentes buscan volver al poder en las elecciones de abril, aunque tienen pocas posibilidades de victoria. Las encuestas muestran que la candidata con más probabilidades de ganar es Keiko Fujimori, la hija del ex presidente que gobernó autoritariamente en los 90. En Chile, los ex presidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera aparecen con las mejores opciones para ser candidatos de las dos coaliciones que han dominado la política nacional desde el retorno de la democracia en 1990. Mientras Piñera tiene 66 años, Lagos ya tiene 78. En Uruguay, el ex presidente Tabaré Vázquez volvió al poder con 75 años, en 2015. En Brasil, el partido gobernante PT tiene en el ex presidente Lula, con sus 70 años, a su mejor carta para suceder a Dilma Rousseff.
Si bien los ex presidentes poseen experiencia en el poder, sus retornos también plantean un grave problema. La falta de nuevos líderes que sean capaces de plantear soluciones del siglo XXI a los problemas del siglo XXI hace que los países deban escoger entre líderes que, si bien fueron exitosos, están inevitablemente asociados a distintas controversias sobre las políticas públicas que implementaron. Muchos de esos líderes también han sido directa o indirectamente involucrados en los casos de corrupción que golpean a sus países. Su retorno a la primera línea de la política hace inevitable que los escándalos de corrupción contaminen lo que debiera ser un debate sobre el rumbo que han de tomar los países ahora que los vientos de la economía mundial soplan en una dirección desfavorable para América Latina.
El recambio generacional en la política de América Latina no sólo ayudará a que aparezcan nuevos líderes que sean capaces de articular soluciones innovadoras para los nuevos problemas y desafíos que enfrentan los países de la región. También permitirá a esos países separar aguas entre el debate sobre el futuro y los escándalos de corrupción que golpean a la clase política que ha estado en el poder en estos años.
*Profesor de Ciencias Políticas, Universidad Diego Portales, Chile. Master Teacher of Liberal Studies, New York University.
