En momentos que el Gobierno Nacional tiene como una de sus prioridades inmediatas achicar la sangría de dólares que padece nuestra economía, en el Senado de la Nación se va a tratar la reforma a la Ley de Economía del Conocimiento. ¿Cuál es la relación entre ambos temas?
La Economía del Conocimiento es la actividad que representa el tercer rubro exportador de la economía nacional, solo superado por el complejo oleaginoso y el complejo cerealero. Su importancia no es solo local, en todo el mundo es el segmento económico que más crece, a un ritmo promedio que varía entre el 5% y el 7% anual, y que para los países líderes llega a superar el 10%.
Las exportaciones de la Economía del Conocimiento, además, no requieren una contrapartida en importaciones ya que el principal insumo de su producción es el talento humano, por lo que cada dólar que se exporta representa ingreso neto de divisas. Ningún otro sector de nuestra economía tiene un comportamiento tan positivo en nuestro saldo exterior.
Sin embargo, la última estadística del INDEC muestra que en los últimos 9 trimestres los niveles de exportaciones vienen cayendo constantemente. Por primera vez desde 2016 su valor anual es menor a 6 mil millones de dólares. Justamente en el momento en que Argentina necesita más divisas, uno de los mayores motores de nuestra economía empieza a fallar ¿Qué pasa?
La razón es evidente. Las industrias del conocimiento son un enorme factor de crecimiento económico y social que todos los gobiernos procuran radicar en sus fronteras. En la última década se han multiplicado los países que ofrecen entornos tributarios, previsionales y normativos preferenciales para estas empresas.
El empleo fluye hacia los países que desarrollan políticas públicas positivas, que generan ventajas comparativas respecto de otros que no las tienen.
Ante esta agresiva competencia global, y muy especialmente regional, Argentina está atrasada en la elaboración de un marco competitivo para la Economía del Conocimiento. Ya vencida la Ley de Promoción de Software el año pasado, aún se debate en Senado una reforma sobre la Ley 27.506, de Economía del Conocimiento, sancionada hace más de 15 meses y que aún no fue puesta en vigencia.
Este limbo normativo que padecemos no favorece a nadie. En primer lugar, a los trabajadores argentinos, ya que el empleo que podría estar creándose en el país “migra” hacia los países más competitivos. En segundo lugar, a las empresas argentinas, porque diariamente se pierden proyectos y negocios que no pueden licitarse por falta de previsibilidad en las condiciones de operación de los próximos años.
También pierden las provincias, ya que el desarrollo de la Economía del Conocimiento es esencialmente federal y abarca todo el territorio de la nación. Pierde la integración social y la perspectiva de género, considerando que las empresas del conocimiento tienen los más altos índices de empleo femenino y de personas con discapacidad, entre las actividades afines.
Si Argentina creciera al ritmo promedio del mundo, las exportaciones de la Economía del Conocimiento, por sí solas, alcanzarían para pagar las amortizaciones de interés y capital de la deuda externa recientemente renegociada por el Gobierno con los acreedores privados.
Pero, principalmente, pierde el Estado. Si Argentina creciera al ritmo promedio del mundo las exportaciones de la Economía del Conocimiento, por sí solas, alcanzarían para pagar las amortizaciones de interés y capital de la deuda externa recientemente renegociada por el Gobierno con los acreedores privados. Esta sola noticia sería un enorme factor de estabilización macroeconómico y de recuperación de la confianza en la solvencia futura de nuestro país.
Se argumenta, con razón, que el Estado debe ser prudente al momento de otorgar regímenes de promoción, más aún en una coyuntura económica tan complicada. Pero la promoción de la Economía del Conocimiento no es un subsidio, sino todo lo contrario: por cada nuevo puesto de trabajo que se creará, se expandirá la masa salarial y las bases de recaudación, y se ingresará cuatro veces el costo de la promoción.
La relación de 4 a 1 no es inédita: similar efecto tuvo la Ley de Software durante sus 16 años de vigencia. Por ello, establecer un régimen inteligente de promoción producirá un importante superávit fiscal, tanto para la nación como para las provincias.
En muchos sentidos Argentina mira su futuro con preocupación. Sin embargo, en su tejido social hay fuerzas productivas latentes que pueden revertir la difícil situación que padece nuestra economía. Esperamos que el Senado de la Nación intervenga positivamente respetando la esencia de la Ley 27.506, y potenciando la capacidad exportadora y generadora de empleo y oportunidades que representa la Economía del Conocimiento para todos nuestros compatriotas.
* Director Ejecutivo de Argencon
