El Proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno comenzará a sesionarse el 11 de febrero próximo, sin embargo, ya instaló el debate sobre el equilibrio de fuerzas dentro de la relación laboral, al habilitar que algunas condiciones del empleo puedan definirse mediante acuerdos entre empleado y empleador, una dinámica que plantea interrogantes sobre si esa negociación puede darse en condiciones reales de igualdad.
La iniciativa propone un cambio de enfoque respecto del régimen vigente, al transformar derechos hoy establecidos por la ley en materias sujetas a concertación individual o por empresa, con el argumento de dotar de mayor flexibilidad al mercado de trabajo.
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Esto generó posiciones encontradas entre especialistas, entidades profesionales y sindicatos, que coinciden en que el núcleo del debate no es solo jurídico, sino también de poder dentro del vínculo laboral.
Derechos que pasan a ser negociables
El abogado laboralista, Julián Hofele, cuestionó el espíritu del proyecto al advertir que busca “excluir del ámbito de protección de las normas laborales a las contrataciones que se denominen de otra forma, sin importar la verdadera naturaleza del vínculo”.
Según explicó, este criterio va “a contramano del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que establece, sin matices, que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”, lo que introduce un conflicto de fondo con el esquema constitucional de tutela del trabajo.
Uno de los puntos más sensibles es el banco de horas. Hofele sostuvo que “en la teoría permitiría negociar qué días trabajar más y compensarlo con menos horas otro día”, pero advirtió que “en la práctica funciona como el mecanismo por el cual requerir más trabajo los días que se necesiten sin tener que pagar adicionales”.
Una situación similar planteó respecto del fraccionamiento de vacaciones, que “se presenta como una negociación libre cuando en la práctica es un cercenamiento del derecho de tomar las vacaciones en forma íntegra cuando el empleador así lo disponga”.
Para el abogado, el problema no está en el incumplimiento de los acuerdos, sino en el cambio de técnica legal: “Lo que antes se establecían en la ley como derechos, ahora se establecen como temas a negociar”, lo que implica una pérdida concreta de poder del trabajador para hacerlos valer.
Eligió además un ejemplo extremo para dar luces sobre la situación que podría darse: “Estamos de acuerdo que Lionel Messi es el mejor del mundo en su trabajo. Sin embargo, ni siquiera él pudo negociar las condiciones para seguir en Barcelona”.
PyMEs: flexibilidad, juicios laborales y zonas grises a revisar
Desde una posición diferente, la presidenta de la Comisión PyME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, Elisabet Piacentini, defendió el proyecto de modernización laboral al señalar que otorga validez legal a prácticas que ya existían, pero que se realizaban en una “zona gris” que luego derivaba en conflictos judiciales dentro del universo de las PyMEs.
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“Cuestiones que antes estaban prohibidas ahora pasan a tener validez, se pueden concertar siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo”, afirmó, y sostuvo que esto aporta previsibilidad tanto para empleados como para empleadores, especialmente en el ámbito de las PyMEs.
Piacentini remarcó que muchas de estas prácticas, como la distribución variable de la jornada o el fraccionamiento de vacaciones, se daban de hecho y terminaban en reclamos judiciales pese a no reflejar la voluntad original de las partes.
En ese sentido, señaló que la reforma podría reducir la litigiosidad laboral al ordenar situaciones que antes quedaban expuestas a interpretaciones judiciales dispares, lo que alimentaba la conflictividad.
Un caso paradigmático, según explicó, es el de las propinas. “Era una zona muy gris”, indicó, ya que su reconocimiento implica cargas sociales y descuentos, lo que llevaba a que no se blanquearan y luego derivaran en juicios donde algunos jueces las consideraban parte del salario.
Esto, sostuvo, generó conflictos de gran magnitud, con reclamos millonarios en sectores como gastronomía, hoteles y estaciones de servicio. Para Piacentini, la modernización laboral “va a minimizar y a desestimular a la industria del juicio” al dar un marco claro a prácticas habituales.
Convenios colectivos y alerta sindical
Desde el sindicalismo, las críticas se enfocan en el impacto que este esquema puede tener sobre la negociación colectiva. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que habilitar convenios por empresa “persigue como única finalidad la desprotección de los trabajadores y su debilitamiento a la hora de discutir salarios y condiciones de empleo”.
Aguiar advirtió que se trata de un ataque a uno de los principios rectores del mundo del trabajo y remarcó que “esta es una conquista histórica que de ninguna manera podemos entregar”.
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Según el dirigente, el proyecto podría facilitar la creación de sindicatos “funcionales al poder” dentro de cada empresa, orientados a avalar esquemas de precarización laboral.
Por último, afirmó que más que una modernización laboral, se trata de “una contrarreforma laboral que encubre una reforma sindical”, con consecuencias directas sobre la capacidad real de los trabajadores para negociar en igualdad de condiciones frente al empleador.
GZ / ds
