En el debate entre las izquierdas en América Latina se especula mucho sobre los vínculos entre la democracia directa y/o participativa y los nuevos autoritarismos de la región. ¿Son estos regímenes consecuencia de implantar formas de democracia participativa? Mecanismos de democracia directa, como referendos o asambleas, ¿nos ponen en riesgo de caer en regímenes autoritarios? Aquí argumentamos que la conversión de la democracia participativa asentada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en un referéndum popular en 1999, no tendía hacia ni pretendía construir un régimen autoritario. La dictadura de Nicolás Maduro, el sucesor de Hugo Chávez, es resultado del rechazo a las instituciones de democracia liberal, materializado en el estilo de ejercicio del poder del llamado “comandante eterno”, la ideología marxista-leninista de herencia soviética de parte del liderazgo civil, la influencia cubana y la vocación nacionalista y autoritaria de los militares venezolanos, incluido el propio Chávez.
Este ensayo se desglosa en varias partes para sustanciar este argumento. Primero, revisa la Constitución de 1999 resaltando la concepción de régimen que allí se estableció, que corresponde a un híbrido de instituciones democráticas liberales y de democracia directa participativa. Segundo, examina la evolución de organizaciones comunitarias auspiciadas por el primer gobierno de Chávez, para mostrar que obedecieron a una concepción democrático liberal, que torció rumbo hacia fórmulas estatistas en 2007 con el proyecto del “socialismo del siglo XXI”. Tercero, presenta ideas marxistas-leninistas de partidos de la extrema izquierda en Venezuela, muchos de cuyos cuadros, asimilados al chavismo y ahora al madurismo, han tenido gran influencia en las tendencias antiliberales, devenidas autoritarias. Luego, resalta el populismo de izquierda que Chávez encarnó, para finalizar mostrando cómo todos estos factores se conjugaron para contribuir, junto con los militares, a la actual deriva dictatorial de Venezuela.
Profundizar la democracia con más democracia. La Constitución de 1999, con su régimen de democracia participativa y protagónica, no puede considerarse un mero producto de las izquierdas venezolanas ni del movimiento populista de Hugo Chávez. Fue el resultado de un amplio debate social, político e institucional, que arrancó en Venezuela en los años 80, motivado por la crisis socioeconómica, cuyo emblema fueron el Viernes Negro (1983) y el Sacudón o Caracazo de 1989. Lo que sí hicieron Chávez y su movimiento en 1998 fue darles respaldo político a ideas de democracia participativa, en contraste con los partidos del statu quo, que no terminaban de asumirlas.
Dos instancias precedieron a la nueva Constitución: la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), conformada por el presidente Jaime Lusinchi en 1984, y la Comisión Bicameral Especial para actualizar la Constitución de 1961, formada por el Congreso Nacional en 1989. En ambas, partidos de diferentes ideologías, actores sociales diversos e instituciones muy variadas reflexionaron sobre qué necesitaba la democracia venezolana para encaminarse, y aparecieron entonces la descentralización política y administrativa y los mecanismos de democracia directa y/o participativa como remedios. En la Copre se diseñaron reformas como la recuperación de la autonomía del poder municipal y la elección por sufragio universal, directo y secreto de gobernadores, alcaldes y cuerpos deliberativos en los niveles regional y municipal, entre otras. La Comisión Bicameral, por su parte, entregó al Congreso en 1992 un proyecto de reforma general de la Constitución, en el que se destacan la incorporación de referendos, incluido el de revocatoria de mandatos, la creación de un defensor de los Derechos Humanos, reformas al Poder Judicial y la figura de la Asamblea Constituyente. El principio participativo fue incluido a iniciativa de la Comisión Permanente de Asuntos Vecinales, cuya presidenta era Isolda Heredia de Salvatierra, diputada del Partido Socialcristiano Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei). La concepción participativa se nutrió de corrientes de pensamiento distintas, incluidas las de izquierdas socialdemócratas como el Movimiento al Socialismo (Mas), pero tuvo en el pensamiento socialcristiano su mayor inspiración. La concepción participativa allí expuesta pasó sin mayores cambios a la nueva Constitución bolivariana.
Como sucede en otras democracias occidentales que le dan especial relieve a la participación, la nueva Constitución venezolana introdujo este principio dentro de una matriz conceptual liberal: La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. El artículo dos establece la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo (énfasis mío), y en el seis se asienta que el gobierno, entre otros atributos, es democrático, participativo, alternativo y pluralista (e.m.). En el artículo 115 se reconoce la propiedad privada.
Con el artículo 62, la Constitución dio respuesta a una demanda sentida por la ciudadanía y poco atendida por los partidos tradicionales: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.
Esto tiene poco que ver con el posterior modelo socialista “del siglo XXI”. La fallida reforma constitucional de 2007, para implantar tal “socialismo”, quiso introducir un nuevo poder público, un “poder popular” que no nacería de elección alguna y que iniciaría la transformación del Estado venezolano en un Estado socialista. La reforma quiso abrir cauce a un régimen político en el que predominarían los intereses colectivos por sobre los individuales y se irían extinguiendo el sufragio universal, la alternancia y el pluralismo para pasar a una democracia asamblearia, de mayorías, con unidades sociales de base llamadas “consejos comunales”. La reforma fue rechazada ese diciembre por el voto popular, pero Chávez siguió imponiéndola a través de un conjunto de leyes que se conocen como “leyes socialistas”. De ese modo, se ha ido diseñando el “Estado comunal”, cuya matriz conceptual sí es iliberal, y que se nutre de nociones de democracia directa del marxismo-leninismo practicado en la Unión Soviética y Cuba.
De las mesas técnicas a las comunas. En la esfera de las organizaciones no estatales se ve el cambio hacia un modelo distinto del planteado por la Constitución. A partir de la Ley de Consejos Comunales de 2006, las organizaciones sociales se van modificando para ajustarse a las pautas de un Estado que también se está transformando en dirección a un Estado-gobierno-partido, cada vez más centralizado, sin independencia de las ramas del poder público, con escaso pluralismo, alternancia y autonomía de la sociedad. Como esta propuesta de cambio no obtuvo la legitimidad democrática requerida por la Constitución, se fueron elaborando en desacato a ella leyes, regulaciones y procedimientos administrativos que obedecían a demandas del presidente. Estos contaron con la anuencia de un Poder Judicial subalterno a Chávez. Así, militares, funcionarios-activistas y miembros del nuevo Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), creado en 2007, son instruidos para ir a los barrios populares y acelerar la implantación de consejos comunales y comunas como organizaciones de base del nuevo modelo. El gobierno va a sustraer los recursos fiscales que antes distribuía entre mesas técnicas, consorcios, organizaciones comunitarias autogestionarias y otras formas de organización comunitaria, para concentrarlos en estas nuevas modalidades, de manera de hacerlas atractivas y legitimar de alguna manera este cambio.
La figura del consejo comunal apareció primero en la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública de 2002 junto a los consejos parroquiales. Fueron formas organizativas de la ciudadanía, promovidas por el gobierno municipal con el fin de auspiciar espacios para la participación y el protagonismo del pueblo en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, (art. 8). Eran pensadas como formas de participación de la sociedad civil. Pero en 2006 se aprobó la Ley de Consejos Comunales, que las separó del nivel municipal para vincularlas al Ejecutivo Nacional y donde, a diferencia de normativas anteriores, en las que se respetaba la autonomía de las formas organizativas comunitarias, se uniformaron los pasos para que estos consejos se constituyeran, funcionaran y tomaran decisiones. Además, para acceder a los recursos públicos, se les exigió que se registrasen ante la Comisión Local Presidencial del Poder Popular, “todo un oxímoron”, ente creado por el gobierno central, cuyos miembros serían designados por el presidente de la República (art. 20 y 31).
Como ya se señaló, en la propuesta de reforma constitucional rechazada los consejos comunales pasarían a tener rango constitucional y serían la base de una reestructuración territorial del Estado, dentro de una nueva geometría del poder. Serían la unidad primigenia de un régimen que no se originaría en elecciones. Junto con consejos obreros y campesinos, coexistirían un tiempo con los poderes de la división política administrativa establecida en la nueva Constitución, cuyas autoridades son elegidas por sufragio universal (entidades regionales y municipios).
En 2009, la Asamblea Nacional, controlada enteramente por el oficialismo, aprobó otra ley para los consejos comunales. Como una nueva vuelta de tuerca, ahora se aprobó una ley orgánica y se impuso a los consejos comunales la finalidad de la construcción de un modelo de sociedad socialista; aunque se los definió como organizaciones públicas no estatales, se abrió un registro ad hoc y se los reguló en todo. Dice su artículo 56: el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana dictará las políticas estratégicas, planes generales, programas y proyectos para la participación comunitaria en los asuntos públicos y acompañará a los consejos comunales en el cumplimiento de sus fines y propósitos, (e.m.). La ley amplió sus funciones para incluir actividades de planificación y creación de organizaciones socioproductivas para impulsar la propiedad social, y para coordinar con las Milicias Bolivarianas acciones “en lo referente a la defensa integral de la Nación”. Así pues, se consagraron como estructuras paraestatales.
Como parte del paquetazo legislativo de diciembre de 2010, cuando se aprobaron precipitadamente, y ya en período de vacaciones navideñas, las llamadas “leyes socialistas”, fue aprobada la Ley Orgánica de las Comunas (loc), que las estableció como la “célula fundamental del nuevo Estado Comunal y las definió como un espacio socialista”. La ley asentó que toda organización comunitaria debe regirse por esta norma, y que las comunas no necesitarían seguir el ordenamiento territorial de la Constitución (art. 10), teniendo prioridad sobre municipios y regiones en la transferencia de recursos públicos. En ellas no hay sufragio universal directo ni secreto (art. 23), y entre sus funciones está contribuir con el orden público y construir una economía de propiedad social como tránsito al socialismo (art. 29). Las comunas se encargarán de elaborar planes comunales, que concretan los planes dictados por el gobierno central, del cual dependen a través de Regiones Federales de Gobierno, otra estructura emergente del Estado socialista directamente subordinada al Ejecutivo. Las comunas pueden construir sistemas de agregación, como ciudades comunales y federaciones comunales, cuyas condiciones son establecidas por el gobierno nacional (art. 60).
Desde entonces, las organizaciones sociales creadas para diferentes propósitos, como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), se dirigen verticalmente desde arriba y sirven de brazos ejecutores de decisiones políticas que se toman en la cúpula del poder, bajando por el partido o las agencias del gobierno a través de militares, militantes del PSUV y/o la burocracia chavista y madurista. Este andamiaje jurídico ya no corresponde con la letra ni el espíritu de la Constitución. ¿Por qué este cambio? Sin agotar el tema, examinemos primeramente la influencia de ideas participativas orientadas por doctrinas de la extrema izquierda venezolana del siglo pasado.
La izquierda radical y su rechazo a la democracia liberal. Ya señalamos que la Constitución de 1999 conforma un régimen híbrido de democracia liberal y directa. Sin embargo, la polarización política y la influencia en el gobierno de políticos y funcionarios, así como de intelectuales y académicos de partidos de izquierda y/o de extrema izquierda, sin olvidar la influencia cubana, se conjugaron para interpretar de otro modo el texto de la Carta Magna. Funcionarios de gobierno formados en el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, la Organización Revolucionaria/Liga Socialista, el Partido de la Revolución Venezolana (PRV), Patria Para Todos (PPT) y Bandera Roja, entre otros, tenían la creencia de que la democracia auténtica rechaza todo principio de democracia liberal. Chávez tuvo desde joven contactos cercanos con estas organizaciones y Maduro se formó políticamente en ese mundo, además de haber hecho pasantía política en Cuba, que fue foco de irradiación de estas ideas.
La democracia venezolana tuvo dos enemigos poderosos en sus albores: uno, los militares que se negaban a reconocer un gobierno civil en un país de larga tradición militarista, y otro, una izquierda que, enamorada del proceso revolucionario cubano, sostenía que Venezuela debía seguir ese camino. La guerra de guerrillas que inician en la década de 1960 el PCV y el MIR se justificó porque, según decían, “la vía de la revolución venezolana no es pacífica”, y quien no reconociera el papel de la violencia en la revolución, no podía considerarse marxista.
Al derrotar a las guerrillas años después, el Estado desarrolló una política de pacificación con el objetivo de reincorporar a estas fuerzas a la institucionalidad. Muchos guerrilleros se acogieron a esta política, pero otros no, y surgieron con estos nuevas organizaciones que mantuvieron el ideal revolucionario y la preferencia por la vía armada. Estos partidos se declararon favorables a una democracia radical, que se orientaría por ideales del socialismo marxista-leninista. Rechazaron la preminencia de los derechos individuales, el pluralismo, la separación de las ramas del poder público y el sufragio universal, y ensalzaron en cambio las decisiones tomadas en asambleas a mano alzada.
El PRV fue uno de los partidos con más impronta en la ideología inicial del movimiento de Chávez. Un hermano de Chávez militó en este partido y Hugo Chávez mismo tuvo contactos frecuentes desde muy temprano con esta organización clandestina. Para el PRV, la democracia liberal es un régimen capitalista burgués, por lo que, a través de la vía armada, debía instaurarse una “democracia proletaria”. Cuadros como Alí Rodríguez Araque y Adán Chávez desempeñarían altos cargos en los gobiernos de Chávez; Rodríguez fue redactor del documento fundacional del PSUV.
La Liga Socialista, por su parte, fue fundada por el padre de dos políticos del PSUV que son funcionarios del entorno más íntimo de Maduro, Delcy y Jorge Rodríguez, en la actualidad vicepresidenta y ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, respectivamente. Maduro también militó en este partido, así como numerosos funcionarios de su gobierno, como David Nieves y Julio Escalona. Al igual que el PRV, la Liga Socialista se declaró marxista-leninista, y en sus escritos fundacionales se asentó el desprecio hacia la institucionalidad “burguesa”, ante la cual no se deben tener ilusiones, sino que se la debe usar para luchar por el poder y luego destruirla. Se tildaron de hipócritas su legalidad y supuesto pluralismo. Se comparó a los gobiernos electos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Rafael Caldera con las dictaduras de Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla. Bandera Roja igualmente se definió como marxista-leninista y tuvo contactos con el bolivarianismo antes de que éste se hiciera con el poder. Pero luego se pasó a la oposición, aunque algunos de sus militantes hoy pertenecen al PSUV. Lo mismo sucede con funcionarios que militaron en el PCV o el MIR y nunca evaluaron como un error tales ideas o la lucha armada.
Más allá de estos partidos de extrema izquierda, en general muchos en la izquierda venezolana fueron siempre críticos de la democracia que se construyó después de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958. Académicos y universitarios, e incluso sectores del socialcristianismo, rechazaban el individualismo liberal y pugnaron por encontrar alternativas de democracia directa, ya fuera en el colectivismo socialista o en el cristianismo comunitario. Tal contexto favoreció que Chávez erosionara sostenidamente las instituciones democráticas liberales con apoyos expresos o tácitos dentro de su coalición y fuera de ella. Activistas sociales en barrios populares, por ejemplo, también se formaron en estas ideas, y si bien muchos habían entendido y luchado por la autonomía organizativa de las comunidades, se dejaron seducir por el discurso populista, el carisma de Chávez y los dineros públicos que como dádivas repartió a quienes le profesaron lealtad.
Populismo de izquierda y autoritarismo. Otro factor para entender la deriva autoritaria de Maduro es cómo ejerció el presidente Chávez el poder. Su populismo conllevó una tensión permanente entre la legitimidad racional-legal del Estado democrático y la legitimidad carismática de su liderazgo. Esta tensión produjo un enfrentamiento con instituciones y actores económicos o políticos del régimen democrático, y así se dio en su primer gobierno una lucha hegemónica entre dos polos con proyectos de país que se percibieron antagónicos y excluyentes. El triunfo de Chávez en distintos episodios de confrontación y las continuas elecciones con sentido plebiscitario que se realizaron reforzaron su legitimidad carismática-populista, alentándolo a transformar el régimen en otro de izquierda radical que llamó “socialismo del siglo XXI”. El ideal del Estado Comunal es prescindir de todo principio democrático liberal, pero como la reforma constitucional fue rechazada en 2007, Chávez se afincó para imponerla en su carisma y en los ingresos fiscales petroleros, entonces muy abundantes, que repartió discrecionalmente. Antes de morir, había adelantado mucho la destrucción de contrapesos entre las ramas del poder público y dominaba con su discurso antiliberal el espacio mediático del país. Gracias a estas condiciones, Maduro, al verse sin carisma ni dinero, vio facilitado el camino hacia la imposición de un régimen autoritario tout court.
Chávez emergió en un contexto de crítica a la democracia venezolana. Ganó en las urnas su legitimidad y al entrar a gobernar, mantuvo la estrategia polarizadora de su campaña, dividiendo a la sociedad para contar con una fuerza sociopolítica movilizada que le permitiera impulsar los cambios que había prometido. Su populismo calzó de maravillas con un contexto adverso a los partidos políticos, donde se ensalzaba a actores y movimientos sociales con lógica antipolítica. Chávez se apoyó en una movilización permanente dirigida desde arriba y fue de izquierda por su énfasis en el gasto social, según señalan analistas, al contrastarlo con populismos emergentes en esa época como el de Alberto Fujimori y Carlos Menem.
Como ha sido profusamente descrito y analizado, desde su primer gobierno Chávez atacó continuamente las instituciones democráticas. Con la Constitución de 1999 en la mano, y como si ella reflejara la nueva concepción del régimen, en sus frecuentes programas transmitidos en cadena nacional despreciaba valores como la tolerancia, la independencia de los poderes públicos y el pluralismo. Estigmatizó a partidos políticos, el Poder Judicial cayó bajo su ataque, luego los otros, y así fue, sin prisa ni pausa, anulando los contrapesos a su poder. Reformó la estructura militar, aplanando jerarquías y sustrayendo la vigilancia del poder civil. Al despedir a los gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) por su participación en el paro de 2002, designó un personal sin capacidad técnica pero leal a su persona. También fue haciendo inoperativos procedimientos de contraloría en instituciones como la Oficina Nacional Antidrogas. En marzo de 2013, al conocerse su fallecimiento, el terreno estaba listo para imponer un régimen no democrático sin instituciones y funcionarios que lo pudieran obstaculizar.
Si bien los gobiernos de Chávez se pueden catalogar como autoritarismos competitivos o híbridos, o iliberales, por contar con y respetar el voto popular, Maduro daría un paso más. Su victoria electoral de 2013 fue dudosa por el estrecho margen del triunfo, el uso ilimitado de los recursos públicos en la campaña y las denuncias de fraude nunca despejadas. La deriva autoritaria del régimen asoma desde sus inicios y se hace definitiva a partir de la elección parlamentaria ganada por las fuerzas opositoras en 2015.
A partir de esa elección, el gobierno de Maduro procedió a quitarle a la ciudadanía el derecho a decidir en la vida política. Para ello, presionó la remoción fuera del tiempo constitucional de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), reforzando la lealtad de esta rama del poder público para apoyarse en ella en los años siguientes. También declaró un estado de excepción y emergencia económica sin cumplir el debido proceso, con el fin de quitar a la Asamblea Nacional atribuciones para elaborar políticas económicas. En marzo de 2016, el renovado TSJ buscó levantar la inmunidad de los parlamentarios, y en octubre, el Poder Electoral suspendió un revocatorio presidencial, iniciado por los partidos opositores, que había cumplido con los requisitos de la Constitución.
De esta manera, Chávez dejó como legado el régimen de Maduro, que hoy exhibe rasgos totalitarios y sultánicos: totalitario por su ideología y sus pretensiones de regular hasta las mentes y vidas privadas, y sultánico por su personalismo extremo, arbitrariedad y uso de la violencia, entre otros rasgos. El proyecto asentado en la Constitución de 1999 fue suplantado por otro autocrático, pero mantiene la retórica de izquierda radical, aunque con elevadas dosis de pragmatismo, que llevaron por ejemplo a la dolarización de facto de la economía, y elevadísimos niveles de corrupción. Mirado a la distancia, uno no puede sino pensar que quizás el respaldo por parte de Chávez a la democracia participativa no fue sino un ardid para hacerse del poder y provocar la muerte del sistema desde dentro. Una muerte sin prisa y sin pausa, que pareciera de difícil reversión.
*Historiadora y doctora en Ciencias Sociales.
Profesora emérita del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Publicado originalmente en Nueva Sociedad (nuso.org).
