Ante todo, sea bienvenida la preocupación que hoy existe en el Estado por la salud de los mayores de 70 años, después de que, en la mayoría de los casos, han sido tan ostensiblemente desatendidos en el pasado. Me refiero, por ejemplo, a la periódica reducción de las jubilaciones, a que alrededor del 70% cobra una jubilación mínima, al aumento de los precios de los medicamentos, a la ausencia del Estado en los geriátricos, etc.; o, como detalle significativo, a que las entidades de medicina prepaga cobren mayores cuotas de acuerdo con el incremento de la edad.
Sin embargo, esta novedosa preocupación por los riesgos que para los mayores acarrearía que saliesen a la calle por causa del coronavirus huele a cierta gran hipocresía. A la prohibición de salir se la ha presentado en paralelo con una supuesta concientización que, en los hechos, implica convencer a los mayores de que son individuos con capacidades –físicas y psíquicas– disminuidas en cuanto a cómo afrontar la pandemia. Esto conmueve a uno de lo más preciados derechos que hace a la libertad de acción, siempre y cuando las acciones individuales no perjudiquen a los demás. No solo se ha intentado restringirles la libertad de poder salir de sus viviendas, lo que se ha intentado es coartarles algo más importante, que es decidir si hacerlo o no.
Certezas sobre el límite. Un primer elemento de hipocresía es no admitir lo suficiente que esta preocupación por los mayores de 70 años responde, fundamentalmente, al peligro, sin duda real, de que no existan suficientes camas para atenderlos si por caso se contagian y desarrollan la enfermedad de manera aguda. Parecería ser que las personas mayores no son plenamente conscientes de los peligros de contagio, suposición errada que implica una sutil forma de discriminación, habida cuenta de que son precisamente estas personas las que, en la mayoría de los casos, resultan más conscientes de su estado de salud y de los riesgos que ella corre. No solo poseen una mayor experiencia al respecto sino una casi permanente preocupación y conciencia, que muchos jóvenes o adultos jóvenes ni siquiera pretenden tener respecto de sus propias vidas. Pero además, resulta ser un hecho comprobado que los mayores de 70 años no son agentes particularmente peligrosos. Lo singular y chocante del caso es que, por lo general, a las personas se las confina cuando ellas resultan peligrosas para los demás.
Internación domiciliaria. Esta preocupación por parte del Estado por internar en sus viviendas a personas sanas no se condice con la falta de preocupación que ha habido en el pasado con aquellos que han estado y están confinados en malas condiciones, por caso en los geriátricos. Pero además, la mayoría de los adultos de más de 70 años capaces de salir de sus casas y cuidarse no serán los que eventualmente ocupen las camas de las terapias intensivas. Lo serán aquellos que viven en muchos geriátricos, quienes, paradójicamente, resultan ser los que, como regla casi general, no salen nunca. Con respecto a estas instituciones, el Estado ha permanecido prácticamente ausente. Casi no existen geriátricos públicos. El 40% de los geriátricos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no está habilitado. En la mayoría de los geriátricos, incluso entre los habilitados, no existe personal al que se pueda considerar de sanidad, cuando lo real es que un porcentaje importante de los ancianos residentes padece alguna enfermedad.
Pero además, deberíamos reconocer un hecho aún más grave, y es que en muchas zonas del país la prohibición de salir de sus viviendas a los mayores de 70 años sería prácticamente irrelevante, hasta abstracta, debido a una sencilla razón: son pocos los que en dichos lugares alcanzan esa edad. De acuerdo con la prestigiosa revista The Lancet, en la propia Ciudad de Buenos Aires, en las comunas del norte (Palermo, Belgrano, Villa Urquiza), la esperanza de vida puede ascender para los hombres a los 77,5 años, mientras que en la Comuna 8 (Villa Soldati, Lugano y Riachuelo) la expectativa de vida es de 69,8 años, o sea: ¡no alcanza los 70 años…!; casi siete años de diferencia entre norte y sur, ¡y entre lugares alejados entre sí por menos de cien cuadras! No hablemos del Gran Buenos Aires, donde la esperanza de vida es mucho más dispar y bastante menor en promedio debido a cuestiones económicas y sanitarias, a la falta de hospitales, a la escasa alimentación y a su baja calidad. Hoy mismo, en la Argentina, lo más “contagioso” es el empobrecimiento que padece mucha gente, “enfermedad” que se expande más que el virus. Se habla de preservar vidas, pero mientras que en nuestro país algunos viven, muchos solamente sobreviven.
Otra hipocresía: en la Argentina “normal” hay más muertos de los que está produciendo la pandemia. Argentina posee uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito, alrededor de 20 muertes por día. Esto ha significado 6.627 víctimas fatales en 2019, unos 120 mil heridos de distinto grado y miles de discapacitados que, de hecho, ven reducida su esperanza de vida. Nunca hemos visto al Estado, a través de la policía u otro organismo, concientizando por ejemplo a los motoqueros, quienes –víctimas de la presión que padecen por ganarse la vida teniendo que realizar una enorme cantidad de desplazamientos diarios– se constituyen en verdaderos suicidas (son casi el 40% de los muertos), accidentando además a terceros. Tampoco son reprimidos los que manejan con exceso de velocidad en las rutas y sin cumplir las más elementales reglas de tránsito, por ejemplo en la Panamericana, pegándose a los autos que van adelante para que se los deje sobrepasar o zigzagueando de una manera criminal y alevosa, inocultable para las autoridades. En esta ruta absolutamente casi todos los días del año se producen accidentes muy graves.
Corona no; cigarrillo, sí. Puede sonar irónico, pero la falsa disyuntiva planteada entre salud y libertad individual de los mayores de 70 años debería resolverse en los mismos términos que para el caso del derecho a fumar. El cigarrillo no solo no está prohibido sino que de su venta el Estado obtiene importantes impuestos. Eso sí, cumple con obligar a que en las marquillas se prevenga que fumar es perjudicial para la salud ya que provoca complicaciones cardíacas o cáncer. Es cierto: la mayoría de los fumadores muere de problemas cardíacos o de cáncer, ¡pero la mayoría de los no fumadores también! No por eso debería restringirse la libertad de fumar, solo en aquellas situaciones en que hacerlo sea nocivo para el prójimo.
Para el fumador se trata de una elección. El Estado da por sentado que conoce los riesgos que conlleva el tabaco, así como la mayoría de los adultos mayores de 70 años conoce los riesgos de salir a la calle por el coronavirus, pero también por los accidentes de tránsito que pudieran padecer. Lo ideal sería que cada uno pudiese elegir la manera de vivir y de morirse. Por eso, y valga ahora sí la ironía, en los paquetes de cigarrillos debería leerse: “El cigarrillo es mortal, si querés morirte de otra cosa, no fumes”.
Es de esperar que cuando termine todo esto puedan cambiar muchas cosas, que haya más gente dedicada a vivir y menos gente a sobrevivir. Es una esperanza quizás ilusoria. Pero si por estos días de pandemia se sostiene a rajatabla que la prioridad absoluta es la salud de la población, aprovechemos lo positivo de esta situación para que, por fin, la salud sea una cuestión de prioridad absoluta para los gobiernos y el Estado, independiente de cualquier situación económica. Que la pandemia no nos deje como única enseñanza el correcto uso del alcohol en gel, de la lavandina, del agua oxigenada o de qué manera evaluar la calidad de un barbijo. Dentro del desastre que implica esta epidemia, se trata de una oportunidad, no solo de tomar conciencia, sino de actuar en el futuro.
Para comenzar, podría proponerse una medida basada en las promesas –casi lugares comunes– que suelen hacer prácticamente todos los políticos cuando se refieren a mejorar la situación de la salud pública. Se trata de una acción que fue llevada a cabo en alguno que otro país y que consiste en que los gobernantes y funcionarios de alto rango, así como sus familiares más cercanos, deban, progresivamente, atenderse en hospitales públicos. Es lo que corresponde. Esto contribuiría a recuperar un país que alguna vez tuvo obras sociales dignas y excelentes hospitales (aún los tiene), a los que incluso concurrían los más ricos. La idea es que en un tiempo prudencial todos los funcionarios con cargos importantes cumplan con este requisito. Dado que con esto se vería involucrada su propia salud, lo propuesto operaría como un legítimo y adecuado mecanismo de presión para alcanzar una mejor salud pública. Haría que la política, de una vez por todas, atenuara su fingida preocupación por la salud y se preocupara por poner en marcha medidas conducentes, como sería la creación de hospitales públicos con buena calidad de atención, con insumos, con equipamiento y con una adecuada… oferta de camas.
*Filósofo, físico y escritor. Profesor titular en la UBA e investigador principal del Conicet.
