Las tomas de tierras en La Matanza, San Fernando, Moreno, Presidente Perón, La Plata, y otros puntos de la provincia de Buenos Aires, como así también en Santa Fe o Río Negro, pasaron a ocupar el centro de la escena en las últimas semanas y la opinión pública encontró una nueva grieta entre quienes condenan el delito y aquellos que defienden el derecho a la vivienda.
Más allá de la controversia sobre los extremos, volvieron a poner en evidencia un déficit habitacional que, en nuestro país, alcanza, como mínimo, a 3,6 millones de familias. Según el último censo, el de 2010, un 40% de los afectados requiere una vivienda nueva, mientras que el resto necesita mejorar la vivienda actual. Un tercio del problema se ancla en territorio bonaerense, donde el GBA concentra el 70% de la demanda habitacional.
Los altos precios de los alquileres, la escasa capacidad de ahorro, las limitaciones para acceder a créditos y las permanentes crisis económicas se ubican como las causas más visibles del problema, que afecta no sólo a los sectores más vulnerables, sino también a amplias capas medias.
El conflicto generó polémicas incluso dentro del oficialismo. “Toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Esas familias son víctimas, no culpables”, salió al ruedo el referente social Juan Grabois, coordinador del Frente Patria Grande. “Nunca se debe responsabilizar a los excluidos de sus propios padecimientos. Nunca se debe criminalizar una demanda social. El peronismo enseñó que donde hay una necesidad, nace un derecho y no un delito”, agregó. Por su parte, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, aseguró que el Gobierno nacional “no avala las tomas de tierras” puesto que “no son el camino”. Consideró que, a largo plazo, “la solución es poder ofrecer trabajo, vivienda y desarrollo para todas las comunidades, las tomas son el peor de los escenarios”. Al mismo tiempo, la funcionaria explicó que el Ejecutivo nacional tiene “una respuesta para poder resolver la crisis habitacional”, para lo cual “es necesaria la articulación de políticas entre los gobiernos nacional, provinciales y municipales, ya que existen programas definidos para dar repuestas a estos problemas”.
Dentro de esos programas, Bielsa destaca el relanzamiento del Programa Crédito Argentino (Procrear), un “viejo conocido” para los argentinos, que ofrece préstamos “blandos” destinados a familias de clase media para que accedan a una vivienda, o puedan llevar a cabo mejoras y refacciones en el hogar. En esta reedición de 2020, ya se lanzaron 5 nuevas líneas de créditos –de un total de nueve previstas- con las que el Estado llegaría a los 300 mil préstamos con una inversión de 25 mil millones de pesos, entre personales e hipotecarios. Se trata de microcréditos de hasta 50 mil pesos o de hasta 500 mil pesos para mejoramientos y refacciones. Desde el lanzamiento, hace un mes y medio, se inscribieron 200 mil personas y ya se sortearon los primeros 34 mil microcréditos y de refacción. El 30 de septiembre se realizará el segundo sorteo.
También fue habilitada la inscripción para las primeras dos líneas de créditos hipotecarios. Hubo más de 2,5 millones de consultas y los inscriptos ascienden a más de 55 mil al cierre de esta nota. Se trata de créditos de hasta 3,5 millones de pesos para construir un máximo de 60 metros cuadrados; otros de hasta 1,5 millones de pesos para ampliaciones de 30 metros. Hay 30 mil y 2 mil cupos, respectivamente, y el primer sorteo se realizará a mediados de octubre, indican las autoridades.
Luciano Scatolini, subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo, recuerda que el programa fue lanzado originalmente hace ocho años, en junio de 2012, por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entre junio de 2012 y diciembre de 2015 se destinaron, según los datos oficiales, 2.922 millones de dólares a la construcción de 30.010 viviendas en 79 predios distribuidos en distintos puntos del país y se otorgaron 110.000 créditos hipotecarios. Entre fines de 2015 y 2019, señalan que “el gobierno de Mauricio Macri sólo invirtió 32 millones de dólares en esta línea, se inició la construcción de apenas 130 viviendas, se dieron de baja 6.354 viviendas de aquellas 30.010 proyectadas originalmente y se otorgaron 11 mil créditos”.
“Trabajamos en recuperar el espíritu inicial”, sostiene la ministra Bielsa, en medio de la explosión de tomas de tierras y mientras se alistan los desalojos en la localidad de Guernica.
Más allá del Procrear. Si algo quedó expuesto con las tomas masivas de las últimas semanas, es que los más afectados por esta problemática son los que menos recursos tienen. La respuesta es más lenta en este aspecto. “Tenemos es registrar la demanda, ordenarla y clasificarla para ver qué sectores pueden acceder al Procrear, quiénes necesitan un subsidio casi pleno y quiénes deberán optar por otra línea de crédito”, explicó Scatolini, que tiene bajo su órbita el llamado Plan Nacional de Suelo Urbano, lanzado en mayo para generar "políticas preventivas" ante las tomas de tierras, que hasta el momento parecen no haber sido muy efectivas.
“Por primera vez, a nivel del Estado, se pone como criterio federal la necesidad de producir suelo de calidad disponible para construir viviendas”, sopesa Scatolini. La idea es predeterminar loteos con servicios y crear “bancos de tierra” a nivel municipal y provincial, para evitar, a la vez, la ocupación de terrenos inundables, poco accesibles o insalubres. Las tierras nominadas “de interés urbanístico” deben ser nacionales, provinciales o municipales; si fuesen privadas, las jurisdicciones podrán comprarlas -incluso mediante créditos- o podrán desarrollarse emprendimientos mixtos entre los municipios y los dueños del suelo.
Hasta el momento, los municipios bonaerenses de Moreno, Florencio Varela, Castelli, Coronel Pringles y Carmen de Patagones se adhirieron al programa. “El Plan de Suelo no compra tierra para el Estado nacional: financia a los municipios para que ellos las adquieran y adjudiquen tras el estudio de la demanda habitacional. Cuando un municipio empiece a cobrar una cuota a una familia, ese dinero no será devuelto al Estado nacional, sino que será reinvertido en crear más tierra disponible”, añadió el funcionario.
La tercera línea de medidas para afrontar los problemas habitacionales pasa por la “reactivación de programas abandonados” en el marco del Plan Nacional de Vivienda y su coordinación con el Programa de Integración de Barrios Populares. Habría 31 mil millones de pesos destinados para ellos en los próximos dos años.
La pandemia terminó de desnudar los múltiples problemas que genera la alta densidad poblacional en el AMBA. En todos estos planes, ¿está contemplado de algún modo estimular la movilidad habitacional hacia zonas más despobladas de la Provincia y el país? “No, porque no creemos que esa sea la opción. Nosotros vivimos en un estado de derecho en el cual la libertad es uno de los valores fundamentales, y que una persona tenga la libertad de elegir donde vivir consideramos que es un dato central en la Argentina”, aseguró Scatolini.
Y agregó: “Lo que sí buscamos como Gobierno Nacional es tener un equilibrio territorial que permita una planificación del territorio mucho más justa, más pareja, más distribuida a lo largo y ancho de la Argentina”. “Eso nos tiene que llevar a tener políticas activas para llegar a cada una de las provincias y municipios del país con una oferta lo suficientemente generosa que haga que muchas familias elijan, opten, prioricen vivir en áreas no tan concentradas ni tan densamente pobladas”, concluyó.
*Integrante del Equipo de Investigación de Perfil Educación.
