El Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, compuesto por 23 expertos independientes elegidos por el voto secreto de los Estados que han ratificado la Convención Internacional en la materia (22 mujeres y 1 hombre), solicitó a Venezuela «proteger» a las «defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas políticos de la oposición», tras un examen en el que compareció el gobierno de Nicolás Maduro en Ginebra.
Estos expertos, que no son funcionarios de la ONU, ni cobran sueldo, solo viáticos para sus funciones, reclamaron «la investigación y el enjuiciamiento de todos los actos de hostigamiento, intimidación y represalias perpetrados» contra activistas de derechos humanos, «que continúan desacreditadas en los medios institucionalizados del Estado». Solicitaron «medidas para prevenir agresiones y amenazas», y «reparación» de las víctimas. Para los autores de «tales actos» encomendaron, se los «castigue adecuadamente, incluidos los funcionarios públicos».
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En la ONU se alarmaron a su vez por las denuncias «de amenazas, intimidación y violencia contra las mujeres que ocupan cargos públicos, quienes se ven expuestas a un clima de temor que las desalientan a participar en la vida política y pública». Constataron que la participación de mujeres en la Asamblea Nacional «se mantiene en el 31% y que solo 2 mujeres han sido electas como gobernadoras estatales (8,3%) y 62 alcaldesas (19%)», mientras «que solo 9 de los 33 Ministerios del Poder Popular están encabezados por mujeres».
Tales desventajas en perjuicio de la mujer, se verifica además, según a los datos recabados por la ONU, «en la persistencia de estereotipos de género discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de la mujer y el hombre en la familia y la sociedad». Perduran la «sub-representación» de las mismas en los ámbitos de «la vida política, pública, y económica, educativa, empleo, salud, seguridad social», particularmente en «indígenas, afrodescendientes, migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, mujeres LGBTI y mujeres con discapacidad».
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Al mismo tiempo, la ONU lamenta la falta de iniciativas de Venezuela para erradicar la «persistencia de feminicidios, desapariciones y violencia psicológica y sexual contra la mujer». Las estadísticas ventiladas durante el presente examen, dan actualmente cuenta de 1 feminicidio cada 24 horas, contabilizando 282 en el 2022. Serían deficitarios «los servicios públicos de asistencia jurídica gratuita a las mujeres sin medios suficientes en los procedimientos penales, civiles y administrativos relacionados con la violencia de género y la discriminación de la mujer».
Por otra parte, este Comité instó al gobierno de Venezuela a «reformar sin demora el artículo 432 del Código Penal para legalizar el aborto, al menos en casos de violación, incesto y malformaciones fetales graves», y cuando esté comprometida «la vida o la salud de la mujer embarazada». También postuló que se despenalicen «todos los demás casos, y garantizar que las mujeres y las adolescentes tengan acceso a servicios de aborto seguro y postaborto».
En ese contexto, los expertos abogaron asimismo a que «se ponga fin de inmediato a la práctica de esterilizaciones forzadas y exigir el consentimiento libre, previo e informado de la mujer para cualquier intervención médica que afecte su salud y sus derechos sexuales reproductivos», sin olvidar de tomar «medidas urgentes para prevenir el envenenamiento por mercurio en el arco minero del Orinoco y cualquier otra área peligrosa».
En esa y otras «zonas fronterizas», como las lindantes con Brasil y Colombia, el Comité observa un recrudecimiento de casos de «trata de personas, en particular mujeres y niñas, con fines de explotación sexual y trabajo forzoso», particularmente de «indígenas, afrodescendientes, mujeres y niñas migrantes». Dicho fenómeno suele acompañarse por el «reclutamiento y el desalojo», ilegales y violentos, amen de «otras formas contemporáneas de esclavitud». En ese marco y ante secuelas de conflicto, la ONU preconiza el programa de su Consejo de Seguridad sobre «la paz y la seguridad de las mujeres» del 2000.
La ONU exhortó a Venezuela «que tipifique como delito el matrimonio antes de los 18 años para hombres y mujeres sin excepción», y reconocer como «bienes intangibles» a las pensiones, y los beneficios de seguros, los cuales «se dividirán en caso de divorcio». Al tiempo la alentó a reconsiderar «su retiro de la «Convención Americana de Derechos Humanos» de la OEA, y la ratificación de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
