Acostumbrado a no retroceder nunca ni rendirse jamás, el presidente Nicolás Maduro redobló esta semana el pulso con la oposición y convocó a una Asamblea Constituyente, “profundamente obrera y comunal”, para reformar la Carta Magna diseñada por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Paradójicamente, durante el anuncio defendió ese texto que ahora pretende derogar, acorralado por protestas de la oposición que dejaron ya 37 muertos, por una Asamblea Nacional de mayoría antichavista –que no funciona en la práctica desde el autogolpe judicial del 4 de abril–, y por la inédita rebeldía de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
Maduro asegura que su proyecto busca “reforzar” la Constitución impulsada por el fallecido ex presidente, para profundizar la revolución. Se tratará de una Constituyente “popular” y no “de elites ni partidos”, integrada por 500 asambleístas, una mitad elegida por sectores sociales y la otra por circunscripción municipal. Así, busca reflotar el espíritu de la Ley Orgánica de Comunas, aprobada en 2010 por Chávez, que las define como un “espacio socialista” de autogobierno desde donde se emitirán las normativas necesarias para la “regulación de la vida social y comunitaria”.
Críticas. Los expertos cuestionaron el anuncio argumentando que Maduro puede activar el proceso constituyente, pero debe someterlo a un referéndum para que la mayoría del electorado decida si el mismo tiene lugar o es desactivado. “Quien convoca es el pueblo de Venezuela, eso dice el artículo 347 de la Constitución. El presidente tiene el acto inicial del proceso, que implica consultar al pueblo para iniciar una constituyente”, explicó a PERFIL Juan Manuel Raffalli, profesor de Teorías Políticas y Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello. “Al emitir un decreto convocando a la Asamblea Constituyente, violó la Constitución”, agregó el especialista.
Otra crítica apunta a que los asambleístas deben ser electos por voto universal, directo y secreto, y de ninguna manera puede ser segmentado en movimientos sociales y corporaciones.
Objetivos. La apuesta de Maduro pasa por retomar la iniciativa política y ofrecer a la oposición algún tipo de elección popular. Si, como todo parece indicar, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no acude el lunes al Palacio de Miraflores para discutir cómo será la Constituyente, el chavismo podrá, al menos, desacreditar su vocación democrática en la arena internacional. Según el historiador de la UCAB Tomás Straka, Maduro buscaría “anular los poderes (la molesta Asamblea; la aún más molesta fiscal); sacar del juego a los partidos políticos que enfrentan al gobierno; garantizar al menos la mitad de los asambleístas, concedidos a miembros de organizaciones dominadas por el gobierno; y ganar tiempo no sólo para llegar a 2018, sino incluso un poco más allá”. La última reforma constitucional, de hecho, llevó diez meses de discusión, lo que de una forma u otra postergaría el calendario electoral. Para Raffalli, ése es uno de los principales objetivos del chavismo: “Maduro está usando esto para ganar tiempo y llegar hasta 2018 sin elecciones regionales y presidenciales. Además, podría extender el período constitucional por más tiempo”.
El gobierno buscó desviar la discusión sobre el adelantamiento de las elecciones, instalando una Constituyente que amenaza con quitarle a la oposición el control de la Asamblea Nacional.