Atrapado. Un civil atrapado bajo los escombros de un edificio destruido por las bombas. |
afp
María Pía Devoto*
A partir del ataque terrorista perpetrado por Hamas a civiles, el 7 de octubre pasado en el sur de Israel, que dejó un saldo de 1.400 muertos, cientos de heridos y un número aún no preciso de rehenes, Israel anunció un plan de “asedio total”. Este bloqueo a Gaza como “castigo colectivo” consiste en cortar suministro de agua, combustible, insumos médicos y comunicaciones, creando una situación dramática desde el punto de vista humanitario.
La desproporción en la respuesta es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario, que lleva más de 15 mil palestinos muertos, de los que el 50% son niños, además de bombardeos a infraestructura civil, a escuelas y a hospitales.
Pero ¿qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH)? Los enfrentamientos armados, como las guerras, tienen reglas, códigos y están reunidas en un conjunto de normas, en los Convenios de Ginebra de 1949, en los protocolos adicionales y otras. El DIH tiene como objetivo tratar de limitar los efectos del conflicto y proteger a los que no participan de él, a través del cumplimiento de ciertos principios.
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Estamos siendo testigos de una flagrante violación al DIH, en particular al principio de distinción: las partes del conflicto deben distinguir en todo momento entre población y combatientes, entre bienes civiles y objetivos militares. También no se tiene en cuenta al principio de proporcionalidad, que prohíbe armas y métodos que causen, a civiles y a bienes, daños excesivos con relación a la ventaja militar, al principio de humanidad y al de necesidad militar.
Las violaciones graves al DIH reciben el nombre de “crímenes de guerra”, y si bien no hay establecidas penas o jurisdicciones, pueden ser juzgados en tribunales nacionales, en un segundo Estado, en un tribunal internacional o por la Corte Penal Internacional (CPI).
La CPI, establecida por el Estatuto de Roma, tiene abierta una investigación del año 2021 sobre crímenes cometidos desde 2014 en territorio palestino ocupado, luego de un fallo, en el cual, la Corte, extiende su jurisdicción sobre los territorios ocupados de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, a pesar que Israel no es Estado Parte del Estatuto de Roma.
Reforzando el llamado mundial para un cese en el fuego ante los muertos civiles en Gaza, Argelia, un país árabe que no es miembro de CPI acude a la misma para encontrar una solución judicial al conflicto; Colombia, un país que no es de la región en conflicto se suma a esa demanda y si bien estas son señales de tipo político, es una presión para la actuación.
Las acusaciones de la violación de leyes internacionales son cruzadas y si bien no se cuestiona el derecho a la legítima defensa de los Estados, las acciones desproporcionadas del ejército israelí están sujetas a permanentes críticas de la comunidad internacional y de líderes mundiales.
Ante las acusaciones de genocidio por parte de Israel, término utilizado por primera vez en los juicios de Nuremberg, expertos manifiestan que no se está cometiendo en el sentido estricto de la definición, ya que no hay intencionalidad de destruir un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Sí hay una ofensiva militar clara de destruir a Hamas, aunque existe un riesgo real aparte de la definición, por la cantidad de muertes.
Más allá de definiciones e interpretaciones jurídicas, hay miles de muertos, miles de personas que se quedaron sin hogar, un territorio prácticamente destruido y un conflicto que puede escalar sin freno. Es necesario un cese del fuego humanitario inmediato, reconstruir el territorio y la dignidad y juzgar a cada uno de los culpables por los crímenes cometidos.
* Coordinador de la Red de Seguridad Humana en América Latina y el Caribe (Sehlac), directora de la Asociación para Políticas Públicas (APP).
