Ahora nos enteramos de que la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, será la encargada de las políticas de defensa y seguridad si Javier Milei es elegido presidente. Su conjetural nombramiento sería un grave error.
En su página web, Victoria Villarruel declara ser abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires y presidenta de la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Menciona artículos sobre defensa, ninguno de ellos pudo encontrarse en la web. Solo aparecieron tres notas sobre las víctimas del terrorismo y otra sobre la política liberal. Sus dos libros no refieren a defensa, son manifiestos políticos ensalzando a los militares, luchadores por la estabilidad, víctimas olvidadas por la memoria oficial. Dos semanas en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry, de Washington, no son suficientes para convertirse en especialista en defensa.
Lo que se conoce de las expresiones públicas de Villarruel es su amparo de las víctimas de la guerrilla, campaña que viene realizando desde 2006, anterior a su carrera política. Ese tema no es una política de defensa. Su pertenencia a una familia militar, que recuerda reiteradamente, no la convierte en experta en política de defensa. Sus expresiones sobre el desinterés político, la modernización, agilidad y equipamiento y la nivelación salarial de los militares, no se vincula a un plan integral que defina la función defensa. Su mirada se limita a la política militar. Villarruel expresa preocupaciones del ámbito militar que incluyen un reclamo ideológico por las víctimas del terrorismo y por la reducción salarial de los militares. Nuevamente, ello no conforma una política de defensa.
Conviene recordar que la defensa es una política pública. Es subsidiaria de la política exterior. No es política militar, sino, por el contrario, comporta una visión amplia de la defensa como herramienta internacional para lograr la paz interna y externa. No es una política autónoma. Además, es muy diferente de las fuerzas de seguridad cuyo objetivo es imponer la ley. Argentina es el país latinoamericano que mayores avances realizó en función de hacer de la defensa una política estatal. Por cierto, hubo errores, pero existió un consenso amplio acerca de limitar el poder militar en el país. En todas las transiciones a la democracia se implementaron medidas similares para impedir la autonomía militar y subordinar a las fuerzas armadas al poder civil democrático. Las autoridades electas son quienes definen las funciones militares y, en muchos casos, necesitan para ello el aval del Congreso. Con decretos no se establece una política de defensa.
En definitiva, parafraseando a Villarruel, no extendemos un cheque en blanco a quien quiere manejar la defensa. El tema del terrorismo no define ni agota la política de defensa. Dejar nuevamente en manos de militares y sus herederos la conducción de la defensa es un evidente retroceso de la democracia que tanto costó construir y que tan vapuleada está en estos tiempos.
*Profesora de en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT); investigadora del Conicet y miembro de la Red de Politólogas -
#NoSinMujeres.
