El sistema de salud de nuestro país no cumple con las necesidades de su población. Si bien tenemos profesionales de buena formación y disponemos de los adelantos de la tecnología médica, la mayoría de los argentinos no recibe atención de calidad en tiempo y forma, incluso con la cobertura de una obra social o medicina prepaga. Esto agrava aún más la situación de los servicios de salud del Estado, cuya demanda se incrementa a raíz de la crisis económica.
La razón de fondo es que la Argentina no emprendió una política de Estado en materia de salud, que implemente la construcción de un sistema con mejora continua en el acceso, cobertura y calidad de atención.
En particular, la crisis de financiamiento agrava aún más el escenario. Tanto los profesionales como los establecimientos de servicios de salud para el diagnóstico y tratamiento sufren el mal pago de los financiadores, sean obras sociales o empresas de medicina prepaga. Esto pone en peligro la sostenibilidad económica de la red de atención primaria de la salud y, por lo tanto, atenta contra la prevención de las enfermedades.
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En consecuencia, transformar la salud en una política de Estado, mediante un pacto entre la Nación y todas las jurisdicciones de la Argentina permitiría:
- Trazar un camino para resolver la crisis de financiamiento del sector de la salud, al reducir el gasto innecesario, y
- Lograr un mejor acceso de la población a los servicios de salud y una mayor calidad de atención.
Para ello, es necesario integrar la oferta de todos los recursos disponibles en una red de servicios de atención primaria público-privada.
En la Argentina, se estima que los servicios de diagnóstico por dispositivos médicos influyen en el 70% de las decisiones clínicas y sólo representan el 1% del total del gasto sanitario promedio. Asimismo, cumplen un rol fundamental en la reconversión del gasto, priorizando una salud de la prevención a una de la enfermedad. Por cada peso que se invierte en diagnóstico, el gasto global en salud se reduce en cinco pesos.
De hecho, la OMS/OPS, la CEPAL-ONU y la OCDE avalan la estrategia sanitaria de atención primaria de la salud mediante redes integrales de servicios de salud ambulatoria, no sólo en base a los ejemplos de Australia (el 7° sistema de salud más eficiente del mundo, según Bloomberg), que la implementó en los 80, y de Corea del Sur (8°), que lo hizo una década después, sino en el de Chile (13°, con un costo de la salud per cápita inferior al de nuestro país), que la puso en marcha ya en este siglo XXI.
Por eso, es necesario incluir la salud entre las propuestas del “Pacto de Mayo” al que convocó el Gobierno nacional, mediante la creación de un “Acuerdo Federal Sanitario”, con la participación de todos los actores, sin exclusión alguna, para favorecer la democratización de las decisiones, la formación de consensos, la transparencia y la publicidad de los actos y procedimientos.
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Su objetivo central debería ser la resolución de la crisis de financiamiento, producto de la baja del gasto del sector de la salud que se logre con la adopción de una economía de la prevención antes que una del tratamiento de la enfermedad, como la actual.
Además, el acuerdo debería contribuir a igualar la calidad de la atención y a fortalecer el rol de los establecimientos de diagnóstico y tratamiento ambulatorios y los de servicios comunitarios de atención primaria de la salud. De esta manera, se podría mejorar el bienestar y la productividad de la población.
De ese “Acuerdo Federal Sanitario” deberían formar parte los organismos ministeriales de salud de la Nación y de cada jurisdicción política, por intermedio del Consejo Federal de Salud (COFESA), para establecer el enfoque clínico de la atención primaria de la salud como estrategia sanitaria de la población e implementar un “Fondo Único de Financiamiento de Salud” para cada provincia o jurisdicción.
También deberían participar las entidades representativas de los prestadores públicos y privados, en pos de integrar una red de atención para el diagnóstico y tratamiento de igual calidad de cobertura, de acuerdo con las prioridades de salud de cada área geográfica poblacional, junto con los agentes sanitarios que sirvan de puentes entre la población que demanda atención y los prestadores clínicos ambulatorios.
Lo propio deberían hacer los financiadores de la seguridad social y de la medicina prepaga, para coordinar con los organismos ministeriales las coberturas con acceso y calidad de las prestaciones clínicas, y también los proveedores de medicamentos y productos médicos, para ayudar a promover la eficiencia en el gasto.
