Las medidas económicas no están caminando de la mano, por ahora, de una búsqueda de justicia.
Gabinete de Javier Milei |
Agencia Na
Horacio Minotti*
Las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, encuentran su mejor definición en la palabra con las que la describió el diputado Ricardo López Murphy: son “estremecedoras”. El tembladeral económico en el que ingresarán la gran mayoría de las familias argentina es de un nivel superior, en términos de empobrecimiento, a las hiperinflaciones del ’89 y ’90 y a la crisis de 2001, simplemente porque partimos de una crisis también extraordinaria, generada por el desastroso gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa.
Se trata entonces, de un programa económico de semejante virulencia, que motiva que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, mencione que podría pasar hambre la clase media, algo un tanto contradictorio, dado que, si eso ocurre, ya no sería clase media, ni siquiera pobreza, sino indigencia, es decir, habrá familias que pasen, sin solución de continuidad, de la clase media, que toma módicas vacaciones, manda a sus hijos a colegios privados confesionales de menor costo, solventa medicina prepaga, tiene un vehículo para desplazarse, a pasar hambre.
Ahora bien. Semejante iniciativa requiere ineludiblemente acompañamiento social. El gobierno tiene la legitimidad de ser recientemente electo, por una mayoría muy sólida y una sociedad perfectamente consciente de que, a este estado de cosas se ha llegado por los tremendos desmanejos de las administraciones anteriores, especialmente, la última etapa de Massa al frente de la economía, en la que se jugó el país en la ruleta, buscando ser presidente.
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¿Cómo sostener el respaldo social en el tiempo ante semejante panorama? Hay un solo modo, y es que la gente vea que quienes nos llevaron a esta situación pagan las consecuencias. El sufrimiento solo es tolerado cuando puede observarse a simple vista, que el responsable de tal situación paga sus culpas. Eso es justicia.
No hay magia comunicacional que compense tal cosa, ni hábil manejo de redes sociales, ni un vocero amable, ni tok tok, ni “Ministerio de la Mujer, afuera”. Cuando la previsión es que la actual clase media pase a la indigencia, solo existe una opción para generar tolerancia y mantener la legitimidad: el peso de la ley sobre los culpables. Que el que la hizo las pague, esta vez en serio, no como un slogan.
Sin embargo, las medidas económicas no están caminando de la mano, por ahora, de una búsqueda de justicia. Y las declaraciones tanto del ministro del área, Mariano Cuneo Libarona, como del propio presidente Javier Milei, no parecen anunciar que se tomará ese camino: “no venimos a perseguir a nadie”, “todo el que quiera sumarse tiene la puerta abierta”, y otras frases similares.
Milei enfrenta, como todo gobernante, un intríngulis. Debe buscar apoyo legislativo para sus medidas extremas, el Congreso tiene en sus dos Cámaras una primera minoría peronista voluminosa, y si emprende denuncias contra los ex funcionarios, perdería cualquier expectativa de apoyo parlamentario suficiente. Pero, por otro lado, si no lo hace, no tiene ninguna esperanza de mantener en el tiempo legitimidad social.
Es cierto, el Poder Judicial es independiente, no es el Poder Ejecutivo el que juzga los delitos, pero si es el que toma razón de las irregularidades cometidas por la gestión anterior, quien, cuando pasa a tener el control del gobierno, se encuentra con los desaguisados que nos llevaron a esto, y quien tiene la obligación de denuncia. Si el gobierno no inicia las causas, el Poder Judicial no tiene como, ni a quien juzgar.
En ese sentido, habrá que estar muy atento a como maneja la gestión de Milei las designaciones en los organismos de control, como la Oficina Anticorrupción o la Unidad de Información Financiera. Si, como se rumorea, se le otorga el manejo de la OA al peronismo y se le quita a la UIF la posibilidad de ser querellante en las causas de lavado de dinero, el gobierno desnudará su falta de voluntad de hacer justicia. Y si esto ocurre, quedará expuesto un pacto de impunidad que no será acorde con el brutal esfuerzo que se le pide a la gente.
De este estado de cosas, claramente hay culpables, y esa responsabilidad no solamente es política sino también penal. Una porción del saqueo del Estado es corrupción, otra es malversación, otra simplemente incumplimiento de deberes de funcionario público. No es posible lograr cohesión detrás de semejante plan económico, si los que originaron la crisis pasean orondos por las calles de Valencia o Miami.
El gobierno de Milei deberá entender que, si bien los pactos políticos pueden ser necesarios, con impunidad no hay cambio y tampoco cohesión social. Seguramente, los ciudadanos estén dispuestos a acompañar, a pasar incluso, de la clase media a la indigencia, pero con Justicia, con los responsables padeciendo las consecuencias de sus acciones. Ahora, Justicia.
