—¿Cómo ve a Brasil hoy con el presidente Lula, después de las elecciones altamente polarizadas del año pasado, y este que comenzó con amenazas a la democracia, cuando militantes de Bolsonaro invadieron la Praça dos Três Poderes?
—Brasil sigue siendo la nación de la esperanza. Nuestro gobierno actual comenzó el 1° de enero, fue armando un equipo con gente con una enorme experiencia en la política, en la economía y en varios segmentos del Estado. Creo que la polarización ciertamente erosiona la democracia, no solo en Brasil, sino en todos los países. Sin embargo, Brasil tiene sus peculiaridades, no es solo el país del carnaval y el fútbol, es una mezcla de gente con diferentes corrientes de opinión, pluralismo político, multiculturalismo. Tenemos la capacidad de emocionarnos cuando nuestros hermanos argentinos también se convierten en campeones mundiales de fútbol. Somos un pueblo de esperanza y clamamos que un gobierno elegido por el pueblo es el gobierno posible y necesario para que Brasil encuentre su camino de desarrollo socioeconómico sostenible. Así que hago esta apertura simple para todos nuestros lectores.
—¿El clima social cambió con el cambio de gobierno?
—Tenemos una sociedad dividida, tuvimos una victoria del presidente Lula con una diferencia de dos puntos, efectivamente eso causó algunos problemas sociales. El 8 de enero fue un movimiento de cierta insurrección, el resultado fue muy lamentable. Tuvimos que hacer 1.200 denuncias penales contra instigadores, financistas y diferentes personas que contribuyeron al atentado contra la democracia. Nada que no sea nuestro deber. Nuestro deber es obtener la Constitución y las leyes. Pero, como dije hace un momento, estamos esperando que los brasileños sigamos unidos en torno a intereses comunes. Me dirigí a Argentina, para participar en una reunión especializada de los Ministerios Públicos del Mercosur y en la que todos los M;inisterios Públicos trataron temas que nos son comunes, como la lucha contra las organizaciones criminales en las fronteras, la lucha contra el cibercrimen, la delincuencia y también el tema de la violencia contra la mujer. El Ministerio Público brasileño está trabajando para mantener el orden legal, que es su deber, desde la seguridad alimentaria, la educación, la salud, la lucha contra el crimen, pero también la defensa de la democracia, los derechos y garantías individuales, los intereses sociales, etc. Nuestro Ministerio Público es el único en el mundo que se ocupa no sólo de combatir la delincuencia. sino también de otros asuntos, intereses sociales individuales, el medio ambiente, el consumidor, la defensa de las minorías, en definitiva, nuestro Ministerio Público de Brasil, tiene sus peculiaridades.
“La criminalización de la política tomó a Brasil. La polarización ciertamente erosiona la democracia”
—Usted dijo: “La polarización es el peor veneno para la democracia. En la polarización, un fiscal como yo no agrada al gobierno ni a la oposición. Se lo acusa de omisión cuando solo actúa con cautela para no pasarse del límite”. ¿La polarización afecta a las instituciones democráticas y ha cambiado la forma de hacer política en Brasil?
—La polarización es un fenómeno mundial. Se manifiesta precisamente por la superación del disenso en busca del consenso social. Es fundamental en una democracia primero que las mayorías respeten a las minorías. Segundo, que se respete la libertad de expresión y opinión, en todas sus dimensiones. Y la polarización contribuye a la falta de reflexión sobre temas que nos son queridos, especialmente los políticos. No podemos traducirnos en política de partidos electorales como si fuéramos al estadio de fútbol a animar a un gran equipo, no. Cuando hablamos de política, elegimos políticos y políticas públicas que determinarán el destino de nuestro pueblo. En cierto modo, la polarización que tanto nos molesta por el debilitamiento de la democracia atenta contra lo que creemos fundamental de nuestro régimen democrático: el respeto a las opiniones ajenas, el respeto a las diferentes corrientes de opinión, nuestro Parlamento en todos los Parlamentos, desde su creación por John Locke en el siglo XVII, ya se basaba exactamente en la posibilidad de tener un ambiente amplio de discusión, un ambiente en el que todos puedan expresarse, sin importar la clase social, el género.
“A partir de 2014 hay una debacle social, y sobre todo económica, por la desestabilización institucional que sufrimos con el conocido Lava Jato”
—Usted es parte del grupo de juristas que elaboró el proyecto de ley para la reforma electoral, ¿qué le ocurrió cuando el año pasado, antes de las elecciones, el expresidente Bolsonaro amenazó y se pronunció en contra del voto electrónico, cuestionando el método de votación?
—En primer lugar, es necesario hacer constar que el fiscal general de la República no puede ejercer la abogacía, así que no lo he hecho desde hace algunos años. En segundo lugar, también es importante señalar que soy profesor de Derecho Electoral y Derecho Comercial en la Universidad de Brasilia, con 33 años de experiencia docente. En esta actividad formé parte de algunas comisiones de juristas para la edición de reformas electorales, así como la edición del Código de Procedimiento Civil Colectivo, la cual no logró éxito en 2009-2010, cuando pasó a ser sucedida por las instituciones de derecho procesal civil colectivo, nuestro Código de 2015. En consecuencia, hemos escrito una serie de libros sobre derecho electoral. Sin embargo, es importante señalar que, a partir de la comprensión de las teorías de la comunicación o de la semiótica de la política, nosotros en el mundo jurídico debemos adherirnos, de acuerdo con la ciencia del derecho, a la teoría general del derecho, aquellos hechos relevantes que merecen un tratamiento eminentemente jurídico. El derecho actúa de forma muy estricta, mientras que la retórica política tiene un formato más libre. Cada vez que aquí examinamos alguna representación hecha por un partido, un parlamentario o incluso por un ciudadano sobre un determinado discurso, analizamos todas esas representaciones en términos de la ley brasileña y la Constitución. De esa forma, o lo que en Brasil llamamos el “bla, bla, bla político” o técnicamente la retórica política, sólo gana repercusión en los tribunales del Ministerio Público cuando esta retórica política araña el ordenamiento jurídico, cuando trasciende el sistema político. Por eso, en nuestra administración, ofrecimos ocho representaciones contra el presidente Bolsonaro, quien me postuló dos veces y el Senado ratificó dos veces mi postulación con más del 80% de aprobación. También en relación con otros eventos, hicimos más de ocho denuncias penales contra sus ministros, de las cuales por siete u ocho también renunciaron. Algunos fueron destituidos de sus cargos. De manera que durante la administración de Bolsonaro, cuando estuve tres años y tres meses en el cargo, hicimos ocho investigaciones penales contra Bolsonaro, más de diez en términos de la CPI (Comisión de Investigación Parlamentaria) del covid, y ocho investigaciones más contra ministros de Bolsonaro. Les puedo garantizar que aquí llegan todos los días decenas y decenas de representaciones, ya sea en el gobierno actual o en el anterior. Quería marcar la importancia de los números, la prensa registra que la PGR interpuso 74 denuncias penales contra el entonces presidente Jair Bolsonaro, solo con 120 días de gobierno del presidente Lula ya vamos en el gobierno una centena de representaciones. Si resulta extraño, lo entiendo, pero puedo explicar lo que en Brasil es la criminalización de la política. Alguien planta una nota en la prensa atribuyendo a un funcionario algún tipo de delito o acto ilícito, y que alguien apele al Ministerio Público para que, por lo menos, adopte medidas constructivas que puedan derivar en una acción penal contra el funcionario. Esto se hace sin ningún cuidado técnico. Esto afecta a lo que llamamos abuso del derecho de petición o representación. En cierto modo, hasta ahora, no hemos abierto ninguna investigación criminal contra el gobierno de Lula, porque hasta ahora no hemos tenido elementos para eso, a pesar de que el número de representaciones es incluso mayor que las del gobierno anterior. Eso quiere decir que es precisa, incluso en las naciones democráticas de todo el mundo, la distinción entre lo que es retórica política y lo que es discurso legal. El discurso jurídico mueve las estructuras normativas, pero el discurso político se ubica en el campo del sistema eminentemente político, en el que la apertura permanente de este diálogo, incluso muchas veces ofensivo, agresivo y que no raya, no hiere al derecho hasta que va más allá de un cierto límite. Así analizamos todas las representaciones de todas las medidas que llegan al Ministerio Público. Lo que tengo que lamentar de nuestra conversación es que en un pasado ya lejano, en aquella época del Lava Jato, era el Poder Judicial y el Ministerio Público, que hoy presido y comando, que el jefe del interior que criminalizó la política, la gestión los últimos cuatro años, fueron los partidos de izquierda que criminalizaron la política. Ahora. la política de derecha está criminalizando la política de izquierda. El Procurador General de la República no es el gobierno, no es la oposición, es la Constitución Federal. Tiene el deber de velar por la Constitución y las leyes, goza de las garantías constitucionales y está sujeto al sistema de frenos y contrapesos, así como el presidente de la República, los ministros del Supremo Tribunal Federal. De esa manera, actuamos con cautela dentro de la Constitución y las leyes, porque la criminalización de la política tomó a Brasil. A partir de 2014 hay una debacle social y sobre todo económica, por la desestabilización institucional que sufrimos con el conocido Lava Jato, que hoy he transformado en 27 mesas de trabajo para combatir el crimen organizado. Es decir, Brasil tiene 26 unidades estatales y un Distrito Federal. Hoy el Ministerio Público Federal, creado por mí durante mi gestión, cuenta con 27 organismos con todas las garantías constitucionales, con presupuesto, recursos, personal, laboratorios científicos, para enfrentar la criminalidad en su conjunto. En otras palabras, nuestra posición en nuestra gestión, es cumplir siempre con la Constitución, porque esa es nuestra vocación, especialmente la de 1988, que superó todas y cada una de las Constituciones brasileñas en cuanto a las atribuciones encomendadas al Ministerio Público brasileño.
—El expresidente Bolsonaro es criticado por difundir noticias falsas sobre la vacuna contra el coronavirus, utilizando las redes sociales, diciendo que en el Reino Unido, por ejemplo, las personas vacunadas podían contraer sida, ¿no debió ser investigado en su momento por el daño que estaba causando con esa información a la sociedad?
—Es el gran problema. No se trata del caso concreto de hablar de una vacuna que conduce a alguna otra enfermedad. Lo que tenemos en Brasil, como en todo el mundo, es la difusión de noticias falsas, cuyo origen, tergiversación y fake news parten de una premisa básica para llevar a una nefasta consecuencia. Ayer mismo, en un gran programa nacional aquí en una TV pública brasileña, un ministro del Supremo fue preguntado por un periodista acerca del Ministerio Público del que soy procurador general. Conozco a un ministro que es uno de los más respetados en Brasil y, quizás, reconocido en Europa, él respondió que el Ministerio Público, en el pasado, sufrió una desorganización. Sucede que mi gestión abarcó más de 30 años de historia en tres años y el ministro no se refirió a eso en ningún momento. Sin embargo, hoy, en la página oficial de esta emisora estatal, aparece que el ministro criticó al fiscal general, es una gran fake news, es una vergüenza para el Brasil tener que enfrentarse a las noticias falsas, incluido el canal oficial del Estado. Tuve que escribir una nota y enviárselas para conocimiento de sus lectores, oyentes y asistentes, explicando que en la pandemia, el Procurador General de esta administración tuvo una participación tan efectiva, tan necesaria, que yo me siento muy honrado de que segmentos serios de la prensa registren que si no fuera por nuestro trabajo, probablemente en Brasil hubieran muerto mucho más de 670 mil personas. Así que es importante transmitirlo, porque las fake news en Brasil no se limitan a las redes sociales, sino que están en la prensa escrita, en empresas que son concesionarias de la TV pública e incluso en las emisoras estatales. Es decir, la cuestión de la polarización, de atacar el honor de las autoridades legalmente constituidas, que actúan dentro de la Constitución en Brasil, parece ser un símbolo. Brasil tiene un fenómeno, no sé si es común en Argentina, se llama apagón de los corrales, es el resultado de que los gestores públicos no quieren problemas, dejan de cumplir con su deber de prestar los servicios pertinentes que les competen, con miedo a las instituciones de la Policía o del sistema de Justicia. Porque aquí, con la polarización, tenemos cualquier tipo de selectividad, desde la investigación, hasta la filtración selectiva de investigaciones, acciones penales selectivas o acciones de incorrección administrativa. De modo que nuestra gestión ha sido notable. Esto es reconocido por la Cámara Federal, por el Senado Federal, por todos los segmentos relevantes del país, desde la política, la economía, hasta el sistema de Justicia. Es una gestión que restituye la autoridad de la Constitución, duela a quien le duela, pero no se puede abusar de la autoridad de la Constitución, tampoco puedes ser indulgente. Es necesario que un procurador general de la República en Brasil, sobre todo porque él también habla y que, así como sus ministros del Supremo y otras autoridades de esa magnitud también busquen no sólo el apoyo de la Constitución y las leyes, sino también para evaluar los temas de Estado. Literalmente, hemos visto a Brasil sufrir pérdidas económicas y desempleo masivo desde 2014 en adelante, cuando las grandes corporaciones económicas, violando el debido proceso legal sufrirán graves daños en el escenario interno a Brasil y externo e internacional. Entonces, se necesita mucha responsabilidad para dirigir una institución como el Ministerio Público, que no es un poder, sino un órgano constitucionalmente autónomo, que tiene su titular con un mandato garantizado. Tiene garantías constitucionales, inamovilidad e independencia funcional, autonomía administrativa y financiera para poder cumplir con su deber de brindar un mejor servicio al público, pero siempre dentro de la ley, dentro de la Constitución.
—Escuchando sus palabras y lo que dijo sobre la criminalización y judicialización de la política, ¿su evaluación de Lava Jato es que fue perjudicial para Brasil?
—El grupo de trabajo llamado Lava Jato, tenía su centro en Curitiba, se extendía a Río de Janeiro y, en menor medida, a San Pablo. Lava Jato en Curitiba y Río de Janeiro, especialmente en Curitiba, se convirtió en el juez universal de todos y cada uno de los delitos contra la propiedad pública en Brasil, el lavado de capitales, todos y cada uno de los delitos que impliquen delitos de licitación, corrupción o delitos contra la propiedad pasaron a ser responsabilidad del juez universal de Curitiba. Eso hizo que yo, ya fiscal general, fuera cuestionado por algunos senadores del Nordeste, mientras que Lava Jato no llegará aquí en Ceará. Y dije mire, en mi gobierno pretendo crear los Gaeco (Grupo Especial de Combate Contra el Crimen Organizado) federales, que son los grupos de trabajo que luchan contra el crimen organizado. Con eso unifiqué las bases de datos de Curitiba y las bases de datos de todo Brasil. Aquí en Brasilia, bajo el seguimiento y supervisión de la Corregedoria General, para permitir que cualquier miembro del Ministerio Público tenga acceso a la información y poder combatir el crimen, no solo en Curitiba o Río de Janeiro, en San Pablo, sino en cualquier unidad federal. Lava Jato tiene el mérito inicial de empezar a desentrañar hechos ilícitos que ya eran conocidos, pero que aún carecían de ciertos indicios que condujeran a la investigación. Sin embargo, en algún momento que no puedo precisar, Lava Jato comenzó a adoptar medidas que fueron reconocidas como ilícitas por el Supremo Tribunal Federal. Tampoco es exagerado decir que este Lava Jato en Curitiba y Río de Janeiro reveló, eso sí, muchos delitos contra la propiedad pública, contra el erario público. Pero al hacerlo, muchas veces violando el debido proceso, el resultado compromete la validez de las sentencias. Y nosotros, dentro del proceso civilizatorio, no podemos olvidar que, para llegar a donde estamos, se perdieron muchas vidas, se torturaron muchas personas, se destruyeron muchas familias, se perdieron muchos patrimonios. Tenemos que tener el entendimiento que el proceso civilizatorio se hace para garantizar al ciudadano, sea quien sea, contra los abusos del Estado. Esto no significa predicar la impunidad, quiere decir que el trabajo, competencia o seriedad que se espera de un miembro del Ministerio Público, somos los que podemos trabajar e investigar los hechos delictivos que se produzcan. Quiero decirles que no piensen que en mi gestión hubo una pérdida de eficiencia, porque en mi gestión hubo una mayor eficiencia que los seis años de Lava Jato. Durante los seis años de Lava Jato, recaudó por multas e informantes, alrededor de 6 mil millones de reales, equivalente a un billón de dólares. En mi primer año de gestión, recaudamos sólo de cinco grandes corporaciones económicas, el equivalente a 5 mil millones de reales. Ahora, completando el cuarto año en septiembre, tenemos acciones penales, investigaciones penales, medidas cautelares penales contra personas con prerrogativas jurisdiccionales en el Supremo Tribunal Constitucional de Brasil y en el Superior Tribunal de Justicia. Es decir, solo personas de cuello blanco, estas personas ahora superan las quinientas autoridades y más que los últimos 12 años anteriores a nuestra administración. Es decir, esta Fiscalía en nuestra gestión, no tuvo una sola decisión judicial obtenida de la persecución penal de estas autoridades y personas que participaron en delitos contra el fisco. No hemos tenido una decisión declarada ilícita, ilegal, nula, porque priorizamos la calidad técnica de la investigación. Hoy tenemos un laboratorio técnico científico de la más alta magnitud, incluso del más alto nivel, que logra obtener datos de toda la Amazonía, de invasión, deforestación, incendio en la Amazonía en diez segundos, algo que antes tomaba ocho meses para obtener la información.
“Lawfare es una expresión demasiado amplia para abarcar tanto contenido semántico”
—En Argentina, nos cuesta entender que el presidente Lula primero estuvo en la cárcel, y luego la Corte Suprema sostuvo que el tratamiento legal no era válido, me gustaría conocer su opinión sobre la actuación de Sérgio Moro, concretamente en la condena a prisión del presidente Lula y del Tribunal Supremo, que primero aceptó el juicio y luego lo consideró inválido.
—Es importante señalar que en el episodio Lava Jato en Curitiba, tuvimos la primera instancia con Sérgio Moro, la segunda instancia del Tribunal Regional Federal de la cuarta Región. Tuvimos la Corte Superior de Justicia adjudicando casos y la Corte Suprema, en muchos casos, manteniendo muchas prisiones. Todo esto sucedió, sin embargo, después de estos hechos y que pasaron por las cuatro instancias. El Supremo concluyó que el juez Sérgio Moro era sospechoso para juzgar esos casos. Esta sospecha invalidó todas las sentencias condenatorias del presidente Lula. Lo que tenemos aquí en Brasil es una cuestión de orden ontológico. La cuestión del derecho, de la Justicia. Brasil sigue un sistema romano humanista, un sistema formalista. No es el sistema de derecho consuetudinario, los ingleses, los americanos, los escandinavos. El sistema que diría es en parte similar al de Argentina, teniendo en cuenta que algunos Códigos, como el Civil en Argentina, siempre han estado de acuerdo con Brasil. Y los juristas argentinos también con los brasileños. Sin embargo, esta distinción entre Justicia sustantiva y Justicia formal, la anulación de las condenas del presidente Lula y de otros militantes detenidos, pasó por juicios de validez formal. La Justicia sustancial aquí no estaba sujeta a la evaluación de la Corte Suprema. Y, en este caso, la Corte Suprema validó la elegibilidad del presidente Lula y por eso hubo elección. Por más que se discuta, sea de derecha o de izquierda, en fin, estoy respondiendo desde un punto de vista técnico y mi mayor desafío, creo que frente al Ministerio Público, fue precisamente preservar el debido proceso legal para que estas modalidades no sucedan, para que nunca tengamos ninguna duda sobre la honorabilidad de nadie. En Brasil no tenemos esa vieja frase de Hollywood sobre un juicio “guilty or not guilty”, no tenemos en Brasil la política procesal de la prueba. Tenemos la política de pruebas, y la prueba debe ser válida. Entonces, aquí es necesario distinguir. Brasil avanza hacia un sistema mixto entre lo que ya se hace desde la doctrina de los precedentes y lo que tradicionalmente hacemos con las ordenanzas. Entonces, lo cierto es que, a pesar de nuestra continua y permanente evolución jurídica en cuanto a mezclar ordenamientos jurídicos de la Europa continental e incluso de América del Sur, con el derecho anglosajón, lo cierto es que aún nos quedan aquellos que son formalistas. Y en ese campo, lo que estamos debatiendo aquí y que probablemente generó las dificultades que usted sugiere, que la gente hoy no entiende sobre estos hechos.
—En Argentina se habla mucho de lawfare en el caso del presidente Lula y en el caso de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Usted también habló de la criminalización de la política. Para usted, ¿el concepto de lawfare significa algo, tiene algún punto de contacto con la criminalización de la política, y cuál es su valoración de la importancia de ese concepto?
—Me parece que lawfare es una expresión demasiado amplia para abarcar tanto contenido semántico. El lawfare que teníamos aquí, varias medidas judiciales o incluso estatales que podrían afectar la política, la economía, aspectos religiosos, la salud o incluso aspectos de la familia. Entonces el lawfare está más en ese contexto del Brasil usado, los abusos cometidos en la política y la economía. Pero prefiero tratar el tema en un lenguaje clásico, que es el del debido proceso legal es una garantía de que toda persona, física o jurídica, sea juzgada por un juez competente, por un juez imparcial o por un juez que conceda la defensa plena, que existan pruebas de la comisión del ilícito y por tanto exista justa causa para una eventual condena. Asegura el doble grado de jurisdicción, que es el derecho que tiene la persona de recurrir a una segunda instancia. Entonces, el debido proceso legal es un conjunto de garantías que nacieron en 1215 o la Carta de los Barones de João Sem-Terra y que en la Constitución brasileña tenemos el artículo quinto, que trata de los derechos y garantías fundamentales, prácticamente todo el conjunto de la Carta de los Barones y, más evidentemente, los derechos y garantías modernos, actualizados, también las garantías implícitas, son los que resultan del sistema previsto. Entonces, para nosotros el lawfare es más una forma de hablar, son cosas que ya conocemos. El debido proceso legal entonces es lo que defendemos.
“La política debe ser respetada y el derecho debe estar en su debido espacio”
—¿Y cuál es su opinión específica sobre la delación premiada?
—En Brasil, la ley de delación premiada trajo innovaciones inmensas. Sin embargo, la ley exige que esta delación sea corroborada, confirmada por pruebas distintas a la mera declaración. Después de todo, conocemos desde la Inquisición, desde hace mucho tiempo, la posibilidad de venganza e incluso chantaje contra personas inocentes. Tenemos una obra, por supuesto una ficción, que cuenta la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial, la obra, titulada en portugués, es un caso de denunciantes envidiosos, es significativa porque revela cuánto daño puede hacer un delator por mera venganza o incluso para sacar alguna ventaja en la vida. Entonces, en Brasil para que validemos una delación debe haber un conjunto de pruebas que confirmen esa delación, en pos de que el acusado no sufra las consecuencias de la delación y el denunciante no reciba el premio por esa delación. Por lo tanto, tenemos una calle de doble sentido aquí, es necesaria la confirmación, la ley del denunciante es importante, pero sólo adquiere la debida importancia cuando los hechos denunciados son confirmados por otras pruebas. Entonces, obviamente, tenemos la posibilidad de hablar de pruebas de esa denuncia, de la validez de esa denuncia. Creo que podemos abordar un tema del que habla Brasil, pero no es parte de nuestra tradición, que es el tema de la evidencia. Estas son cuestiones procesales, legales que podemos madurar más tarde.
—Usted habló de los costos económicos de criminalizar la política, me gustaría una comparación entre lo que ocurrió en Italia con el Manipulite y el Lava Jato, ¿qué costos económicos tuvo para Italia, sus secuelas de la democracia y los costos económicos y políticos posteriores que tuvo para Brasil?
—Hasta el día de hoy tenemos el acuerdo de cooperación con el Fiscal de la Mafia Italiana. Trabajamos juntos en Brasil, donde nuestro equipo con la agenda italiana, ahí también tenemos dificultades, que son tratadas con la ley italiana, con la colaboración de otros países, como Brasil. En la Operación Manos Limpias, ahí había otra dimensión, porque el territorio italiano no tiene más de 8.500 kilómetros cuadrados, la posición de Brasil en términos de una población de 216 millones, supera con creces a la italiana. Brasil, en cierto modo, es todavía un país joven cuando se trata de delincuencia, como los países de América del Sur. Así que tenemos nuestras peculiaridades. Manos Limpias llegó a la economía italiana, que se caracteriza por la economía familiar, se basa centralmente, hasta donde yo sé, en la familia, la pequeña empresa, la empresa familiar. En Brasil no es así. Brasil tenía al menos seis grandes empresas listadas en todo el mundo, que desde la década de 1970 habían producido obras de gran escala desde el Medio Oriente, en Irak, antes de las guerras, otros países del mundo, incluidos los estados de América. Brasil, para nosotros, produjo un legado empresarial corporativo muy potente que empleó a la mayor de estas empresas, algo así como 300 mil personas directamente, esta empresa mayor, que hoy se reduce aparentemente a 60 mil empleados. Las seis empresas más grandes de Brasil provocaron el desempleo de aproximadamente tres millones de personas, directamente. Esto, en sí mismo, fue un problema grave, porque la Alemania nazi tenía grandes empresas que aún hoy forman parte de la lista de grandes corporaciones internacionales, y ahí nadie cerró la fábrica de autos, la de computadoras, la de gasolina, en fin. En Brasil tuvimos el descaro de una operación que criminalizó la política y también llevó a la criminalización de la actividad económica, y con eso tuvimos pérdidas considerables, ya sea en términos de paz social, por el desempleo masivo, o en términos de pérdida de legados empresariales que no necesariamente son reembolsables, como ocurriría en actividades menos complejas, o en términos de sustitución de Brasil, en la inversión necesaria en la infraestructura interna, que es algo necesario hoy, aproximadamente 500 mil millones de reales para que Brasil pueda cumplir con sus tareas más esenciales en infraestructura, sin contar las empresas que no pueden asistir. Es por eso que Brasil termina convirtiéndose en rehén de corporaciones económicas extranjeras, que pueden traer recursos financieros y así ocupar el espacio de la economía nacional.
“El derecho actúa de forma muy estricta, mientras que la retórica política tiene un formato más libre”
—¿Cuál sería el equilibrio, después de su experiencia, entre la politización de la Justicia y la judicialización de la política?, ¿cuál es el equilibrio entre las dos cosas?
—Estoy feliz con tu pregunta porque desde Aristóteles hemos aprendido que el mejor camino es el camino del medio. Cumplir con la Constitución, con las leyes, es lo que ha logrado instaurar el proceso civilizatorio para que tengamos una comunidad planetaria en ascenso, o una comunidad planetaria que promueva el bienestar de todos, que puede hacer que Brasil tenga, aunque como norma programática, entre los objetivos de la República Federativa de Brasil, la construcción de una sociedad libre, justa y solidaria, sin desigualdades regionales. De esta forma, necesitamos entender que la política debe ser respetada y el derecho debe estar en su debido espacio. No es posible llevar la política al mundo jurídico o tratar el mundo político como tratamos al derecho, son idiomas diferentes. Y así, el camino del medio es el mejor camino a seguir. No confundir la retórica política, el lenguaje de la prensa con el discurso legal que siempre es estricto. Así debe ser para que la sociedad no quede atrapada en la sociedad mediática. Vivimos en una sociedad de innovaciones tecnológicas. Ya tenemos un entendimiento que el mundo está pasando por una transición y esta transición solo ocurrirá de manera satisfactoria para que tengamos, para 2050, más de dos mil millones de personas y alimentemos a todos. Si entendemos el mundo como uno, el mundo de la fraternidad, el mundo de la justicia social para todos y sobre todo, con libertad, de nada sirve tener justicia social sin libertad. Se necesita reconciliación, tomar el camino del medio para que tengamos libertad y justicia social. Esto se hace con igualdad de oportunidades para todos. Es el ideal republicano que deben alcanzar todas las naciones civilizadas que conocemos.
Producción: Melody Acosta Rizza y Sol Bacigalupo.
