La jueza federal María Servini de Cubría archivó la causa penal contra el ex agente de la SIDE Raúl Martins, quien había sido denunciado por su hija, Lorena Martins, por presunto proxenetismo y trata de personas.
La magistrada consideró en su resolución que Martins habría utilizado la denuncia y la Justicia para "ejercer presión sobre su padre".
En tanto, la magistrada envió la causa al Tribunal Superior de Justicia porteño para que se investigue la denuncia de Martins respecto a que su padre había contribuido con 10 mil dólares para la campaña de Mauricio Macri para la elección a jefe de Gobierno porteño del año pasado, informaron fuentes judiciales.
Lorena Martins había denunciado que su padre regenteaba prostíbulos en Capital Federal y Mendoza y que llevaba mujeres a cabarets en Cancún y que le pagaba coimas a la Policía para tener protección.
La jueza Servini archivó la causa porque por varias de las acusaciones Martins ya había sido absuelto en un juicio oral, mientras que otros forman parte de una causa que está en trámite y que lleva la misma magistrada.
También tuvo en cuenta un escrito presentado en los últimos días por el abogado Claudio Lifschitz, ex pareja de Lorena Martins, con quien había iniciado la denuncia pero ahora se desvinculó de ella.
Lifschitz sostuvo que hizo la denuncia bajo "presión y amenazas" de Lorena Martins y que las mujeres que habría regenteado el padre de ella "van voluntariamente a trabajar como prostitutas a Mendoza, Chile, México o algunos países de Europa, que piden y hasta incluso ahorran para ir a trabajar afuera".
También criticó duramente a Lorena Martins, al señalar que presentaba el escrito "con el fin de desenmascarar a este nefasto personaje, de una personalidad múltiple y esquizofrénica digna de tratamiento psiquiátrico".
Martins había denunciado que Oscar Ríos, ex titular de la Agencia de Control Gubernamental porteña, había recibido 10 mil dólares de gente de su padre para la campaña de Macri, lo que Servini envió a la Justicia porteña.
La mujer se había infiltrado en la organización de su padre pero la jueza consideró que a pesar de esa situación "tampoco pudo brindar cualquier dato mínimo que permitiese identificar cuanto menos una mujer" que fuera víctima de trata.
