El fiscal José María Campagnoli pidió que vayan a juicio oral exmiembros de la Sociedad Rural (SRA) y exfuncionarios del Banco Provincia de Buenos Aires por delitos derivados de la venta fraudulenta del predio de "La Rural", durante la presidencia de Carlos Menem, y solicitó que el inmueble sea devuelto al Gobierno porteño.
En su solicitud de elevación a juicio al juez de instrucción Ricardo Farías, Campagnoli también reclamó que se anulen los registros de los planos de obra aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Y también requirió que la Justicia proceda a "la inmediata entrega del predio al Gobierno de la Ciudad -como administrador directo y originario de los bienes de la Ciudad de Buenos Aires desde la reforma constitucional- para que lo rehabilite para el uso y goce propios de su condición de bien de dominio público".
Campagnoli es el fiscal que estuvo sometido a un proceso interrumpido de jury a instancias de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, cuando quiso avanzar en una investigación por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez.
En medio de un engorroso proceso por la renuncia de una de las integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, Campagnoli retornó a su cargo en la fiscalía de Saavedra-Núñez mientras aguarda que en los próximos días caiga formalmente el proceso de jury en su contra (porque se cumplirá un año sin que se haya llegado a una decisión para destituirlo).
Según informó el portal de noticias de la Procuración, Campagnoli solicitó la elevación a juicio de una causa que tramitaba en la fiscalía por una supuesta venta fraudulenta por parte del Estado del predio de la Sociedad Rural. "El trámite de esta causa fue una vergüenza judicial, enmarañada en interminables cuestiones de competencia, en reiterados incidentes de prescripción y en eternas apelaciones, donde nada parecía resolverse sino más bien complicarse para dejar a la deriva esta investigación", sostuvo el fiscal en el dictamen de 160 páginas.
Hay otra causa en los tribunales federales por la entrega de la Rural que también fue enviada a juicio oral: en ella están acusados por el delito de peculado el expresidente Menem; su entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, y otros diez ex funcionarios y empresarios.
En la causa que tramita en instrucción, Campagnoli apuntó llevar al banquillo a los funcionarios del Banco de la Provincia de Buenos Aires al momento del otorgamiento del crédito, como Carlos Eduardo Sánchez, Hugo Néstor Pifarre, Victorio Carlos Migliaro, Juan María de Anchorena, Rubén Daniel Lusich y Osvaldo Hugo Rial.
También pidió que sean enjuiciados los directivos de la SRA y sus empresas allegadas Enrique Claudio Crotto, Horacio Foster, Alfredo Miguel O'Farrel y Raúl Etchebehere.
El fiscal realizó un detalle de los pormenores judiciales por los que atravesó causa (iniciada en 2000), y describió las maniobras delictivas en las que habrían participado los exfuncionarios del banco al otorgar un crédito de unos 100 millones de dólares a la SRA y sus empresas.
A criterio de la fiscalía, el crédito era uno de los mayores préstamos aprobados a un privado con asunción de un riesgo ajeno a los parámetros más extremos de la actividad financiera y garantías precarias, que fue concedido a una tasa muy baja y a un plazo más que considerable, "que ni siquiera se habría de ejecutar dentro del territorio de la provincia".
A los directivos de La Rural se los acusa de haber tomado "inciertos" los derechos acordados con el Estado, tras la adquisición "a un precio vil" (30 millones de dólares) del "Predio Ferial de Palermo", así como el haber modificado las condiciones de venta que se habían pactado con el Estado Nacional, en un claro perjuicio a la economía del país. No obstante, la SRA aclaró que el préstamo era menor a lo informado y que había sido cancelado.
