Cómo se gestó el listado de terratenientes y los secretos detrás de los dueños de la tierra
PERFIL publicó un listado de los 20 terratenientes que más hectáreas poseen en la Argentina. El relato de un trabajo de varios meses para conformar una herramienta de utilidad para el debate recurrente por la propiedad de la tierra y en medio de la discusión por la derogación de la ley que regula las tenencias en manos foráneas.
El recurrente debate por las tierras en la Argentina se reeditó en las útlimas semanas con la derogación de la ley de tierras vía DNU por parte de Javier Milei. Así, desaparecieron los límites del 15% que se ponían para las tenencias en manos extranjeras y se le dio vía libre a la "extranjerización". En ese marco, PERFIL elaboró un listado de los 20 mayores terratenientes del país que acaparan más de 100 mil hectáreas.
En el primer puesto aparece la petrolera de capitales chinos High Luck Group, con 1.140.000 hectáreas concesionadas, seguidas de las 920 mil que tiene la Compañía de Tierras del Sud de los italianos Benetton. Y tras un recorrido por los campos de la zona núcleo y las grandes extesiones de las mineras y otras tenencias a nombre de jugadores menores, la lista cierra con las poco más de 105 mil hectáreas de la Corporación América, de Eduardo Eurnekián.
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Eran las 9 de la mañana del 7 de septiembre del 2022 y PERFIL iba rumbo a San Isidro. Los trenes a Retiro estaban llenos, pero no pasó lo mismo con los que circulaban en sentido contrario, con lo cual no fue dificil conseguir un asiento para repasar la información conseguida durante una semana: en algunos minutos este medio conversará con el dueño de un campo de 170 mil hectáreas, algo así como 8,5 ciudades de Buenos Aires.
Sergio Rostagno es abogado. Reparte su vida entre esa ciudad del norte del Conurbano y la provincia de Mendoza, donde está el campo. No fue dificil ubicarlo: en la zona de Malargüe es un personaje conocido y su contacto directo no tarda en llegar. Y por como viste, podría ser un empresario pyme, un contador o el dueño de un puesto de diarios. En última instancia, un terrateniente.
Más allá de la disgresión, Rostagno es el dueño de El Palauco, un campo de 170 mil hectáreas que integra la lista de terratenientes publicada por PERFIL.
El objetivo de aquel encuentro fue chequear la información conseguida previamente sobre esas tierras, en especial la cantidad de hectáreas. De fuentes periodísticas, documentales y del sector inmobiliario mendocino habían surgido datos que indicaban que tenía, al menos, arriba de 150 mil hectáreas.
PERFIL elaboró un listado con los 20 mayores terratenientes de la Argentina.
Iniciada la conversación, el hombre no tardó en referirse a esas tierras y en lanzar una expersión de deseo: "Me gustaría cambiar el campo en Mendoza por mil hectáreas en La Pampa porque ahí todo es más prolijo". Este medio le pidió que profundice.
La respuesta se metió de lleno en un tema que atraviesa el debate por la tierra y es el reclamo de las comunidades originarias por su pertenencia ancestral, que se da más que nada en la zona cordillerana. Los archivos periodísticos disponibles en internet reflejan con claridad una serie de conflictos que protagonizó tras denunciar ocupaciones ilegales y sus consecuentes desalojos. Su explicación puntualizó sobre los "falsos pueblos originarios". "Todo el conflicto arrancó en el 2004 cuando unas camionetas nuevas recorrieron el campo tratando de que la gente de los puestos se haga pueblo originario y no pague más el alquiler", afirmó.
"Desde ese momento, muchos agarraron y dejaron de pagar porque se hicieron pueblos originarios, por más que había un contrato de alquiler en curso. Hicimos un juicio y obtuvimos sentencia, pero está frenado porque no se puede ejecutar a los pueblos originarios", agregó aquella mañana.
A esa respuesta se le sumó otra que iba a aparecer en futuras entrevistas con administradores o dueños de campos pegados a la cordillera: las dificultades geográficas para delimitarlos, además de las particularidades típicas de un campo de semejante magnitud, como el hecho de que esté atravesado por varias rutas provinciales y nacionales.
Con su respuesta, Rostagno también puso luz sobre una duda. Y es que a diferencia de muchos de los casos que se habían relevado hasta ese momento, El Palauco era uno de los pocos que no aparecía ligado a una empresa dedicada al agro o la minería. No había información respecto del uso que hacían de la tierra y tampoco cuál era la historia de esas precordilleranas, repletas de valles, ríos, arroyos y montañas. Pero el hombre no tardó en aclarar que no estaban explotadas al 100% y que tenía muchas parcelas arrendas a campecinos de la zona, dedicados a pequeños cultivos o ganadería.
Según Rostagno, la razón de eso es que El Palauco permanecía como un condominio indiviso, ante la imposibilidad jurídica de repartir las porciones correspondientes a él y otros dos socios que hasta el 2003 habían estado agrupados como El Palauco S.A. Respecto del origen de las tierras, contó que habían sido compradas en 1912 por el bisabuelo de uno de sus ex socios, durante un remate del Estado.
Durante aquella conversación, lejos de lo que estaba previsto, Rostagno no dudó en confirmar el dato concreto que PERFIL fue a buscar. "Hectáreas más, hectáreas menos, son 170 mil", dijo, y volvió sobre los problemas de agrimensura que tiene en algunas zonas.
También mencionó un dato que hasta el momento no había aparecido: que en el 2009 donaron una porción de 103 hectáreas para la instalación de una base de la Agencia Espacial Europea, que instaló una antena parabólica de gran magnitud que hoy está dentro de esas tierras. Desde allí se transmiten datos, misiones de exploración y se realizan experimentos científicos.
Los parámetros de selección de casos
Aquel encuentro con Rostagno fue solo uno de las decenas de reuniones, llamadas telefónicas, videoconferencias y mails intercambiados con propietarios, supuestos propietarios, inmobiliarias, agencias del Estado nacional y de las provincias, y representantes de diferentes empresas que hubo desde el día en que un editor propuso la idea de nota.
Aquel día, a priori, la certeza fue que sería relativamente fácil encarar el trabajo, al menos en términos metodológicos.
Se planteó la idea y desde esa base el objetivo fue chequear el dato principal referido a la cantidad de hectáreas y conseguir información básica y de interés respecto a sus propietarios, sus usos y la ubicación geográfica, marcando las particularidades de cada caso. Más de 100 mil hectáreas propias o bajo concesión/explotación temporaria, de propietarios nacionales y extranjeros. Ese fue el parámetro de selección.
En aquel momento, Milei era un diputado nacional que todavía estaba lejos de ganar la elección presidencial. Mucho menos de firmar un decreto de necesidad y urgencia con un montón de desregulaciones, entre ellas la derogación de la estratégica ley de tierras, que a partir de su sanción en el 2011 buscó ponerle un límite del 15 por ciento a las tenencias de campos en manos de extranjeros. Es decir, estableció que del total de superficie del territorio argentino, solo el equivalente a ese porcentaje podía estar en manos extranjeras. Lo mismo a nivel provincial y departamental, donde rigen equivalencias en torno a la productividad de la tierra.
Por un lado, la ley puso límites, pero por otro reconoció que no es lo mismo una hectárea de tierra en Santa Cruz que en la zona núcleo.
La ley, además, creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, encargado de administrar los cupos de extranjerización. Y sobre eso, uno de los primeros pasos del trabajo fue la redacción de un pedido de acceso a la información pública con el objetivo de que el Estado nacional responda quiénes eran los dueños de campos de más de 100 mil hectáreas. Pero este instrumento no iba a tener vuelo: en off the récord, desde la dependencia a la que iba dirigido el pedido no tardaron en llegar contactos informales para avisar que no iba a ser posible acceder a la información porque se trataba de datos reservados.
La misma respuesta apareció en los sucesivos pedidos de acceso a la información pública enviados a diferentes dependencias provinciales de Mendoza, San Juan o La Pampa, entre otras.
Cuando eso pasó, este medio supo que a nivel oficial no iba a tener nada, con lo cual tenía que seguir por el camino artesanal, con una búsqueda caso por caso que, en términos generales, fue más fácil con aquellas tierras en manos de empresas privadas. En rigor, la mayoría de ellas aclaran la información en sus sitios web, con detalles de ubicación y usos, y la ratifican en informes de gestión y/o sustentabilidad dirigidos al propio Estado o a los inversores.
Pero como en el caso de El Palauco, en el listado también aparecían nombres de empresas a todas luces "fantasma", sin páginas web, con escasas menciones en archivos periodísticos y sin datos respecto de sus potenciales propietarios.
Un campo en la zona núcleo no tiene la misma productividad que en una provincia patagónica.
Uno de esos fue Estomonte AG, sidicada en varios artículos con 400 mil hectáreas en la zona cuyana. Conseguir el dato exacto demandó meses de revisión de documentos, llamados y mails sin respuesta. Hasta que finalmente la respuesta apareció en plano con superficie de mensura de 404.098 hectáreas dentro de un voluminoso expediente civil radicado en la Justicia Federal de San Juan.
La firma sería una offshore radicada en Suiza, con un pleito judicial desde hace varios años con otra empresa dueña de un campo lindero que decidió vender pero con los límites supuestamente confundidos. Ahí volvió a aparecer el problema de la demarcación de tierras en zona cordillerana, ya que el campo está ubicado en Calingasta, provincia de San Juan.
El método de búsqueda se repitió caso por caso, no sólo en los 20 que terminaron estampados en el listado publicado por PERFIL sino en decenas de otros que en primera instancia fueron descartados por diferentes motivos: o porque no se logró chequear la información referida a las hectáreas, o porque los campos se dividieron y se vendieron, hasta el paradigmático caso de Lázaro Báez, que fue parte del grupo de selectos terratenientes pero que por el devenir de las causas judiciales sus tierras fueron a remate o están a disposición de la Justicia Federal.
Así fue como nació la idea de armar un listado con los 20 principales terratenientes, que por su carácter informativo podría ser una herramienta más de utilidad para entender quienes son los actores y los intereses detrás del recurrente debate por la tierra.
