Este martes 9, el Juzgado Federal de Jujuy N°1 resolvió avanzar con una intervención al Partido Justicialista de Jujuy. La medida se basa en la intención de ordenar y normalizar la institucionalidad del espacio, que sufre una profunda crisis.
La persona designada por el Juez federal Esteban Eduardo Hansen como interventor fue Ricardo Guillermo Villada, quien tendrá la misión de reorganizar el partido. La decisión impacta de lleno en la gestión de los interventores designados por el PJ nacional, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, cuyo accionar quedó severamente cuestionado en la sentencia.
El fallo, dictado en el expediente “Partido Justicialista s/ elecciones internas de autoridades partidarias”, declara la nulidad de la Resolución N° 02/2026, una de las decisiones más controvertidas de la intervención.
A través de esa norma, se había dispuesto la apertura de procesos disciplinarios y la suspensión preventiva de más de 300 afiliados, entre ellos figuras centrales del peronismo jujeño como Carolina Moisés, Rubén Armando Rivarola y Guillermo Raúl Jenefes.
Para el juez, la medida fue adoptada sin respetar garantías básicas del debido proceso, ya que no existieron cargos formales, instancias de defensa ni producción de prueba. En consecuencia, concluyó que se trató de un acto “dictado con prescindencia absoluta” de derechos fundamentales, lo que implica una afectación directa al derecho de defensa y a la participación política interna.
La resolución también pone el foco en el impacto concreto de esas sanciones. Muchos de los afiliados suspendidos eran precandidatos o actores relevantes en el proceso electoral interno, por lo que su exclusión alteró las condiciones de competencia y terminó restringiendo el funcionamiento democrático del partido.
El trasfondo del conflicto es una intervención partidaria que se extiende desde julio de 2023 y que, lejos de ordenar la vida interna del PJ jujeño, derivó en una seguidilla de decisiones contradictorias. A lo largo de ese período, las elecciones internas fueron convocadas, modificadas y suspendidas en reiteradas oportunidades, sin que se concretara ningún proceso efectivo de renovación de autoridades.
En el expediente se detalla que, incluso tras fijarse una nueva fecha para abril de 2026, la intervención “no acreditó avances concretos en la organización de los comicios”. De hecho, el tribunal advierte que el expediente abierto para ese proceso carece de documentación que respalde su realización. Para el magistrado, esta inacción no es menor, sino que revela una falta de voluntad real de normalizar el partido.
La judicialización del conflicto fue impulsada por distintos sectores internos. La dirigente María Amelia de Dios, patrocinada por el abogado Carlos Manuel de Aparici, promovió medidas cautelares denunciando irregularidades en la intervención.
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A esos planteos se sumaron presentaciones del abogado Facundo Manuel Figueroa Caballero, en representación de Rubén Armando Rivarola y otros dirigentes, además de un numeroso grupo de afiliados con patrocinio de Fabio Jorge Terán.
En línea con esos cuestionamientos, el Fiscal Federal Electoral dictaminó que correspondía declarar la invalidez de las medidas adoptadas por la intervención, especialmente en lo referido a la suspensión de afiliaciones, y recomendó avanzar hacia una pronta normalización mediante elecciones.
Con este escenario, el juez concluyó que el PJ jujeño atraviesa una “grave crisis institucional”, caracterizada por la combinación de sanciones irregulares, postergaciones electorales y conflictos internos persistentes. Frente a eso, consideró que las herramientas utilizadas por la intervención partidaria resultaron insuficientes y que la única salida posible era una intervención judicial.
Ricardo Guillermo Villada deberá actuar como delegado normalizador, garantizar condiciones de igualdad entre los distintos sectores y avanzar en la organización de elecciones internas libres y transparentes.
Además, la resolución toma en cuenta que el mandato de los actuales interventores vence el 20 de mayo de 2026, lo que refuerza la necesidad de una salida institucional ordenada en el corto plazo.
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En sus fundamentos, el fallo recuerda que los partidos políticos son “instrumentos esenciales del sistema democrático” y que están obligados a garantizar mecanismos internos de participación y renovación de autoridades. Cuando esos principios se ven vulnerados, sostiene el juez, la intervención judicial deja de ser excepcional para convertirse en una herramienta necesaria para restablecer la legalidad.
RG
