La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apeló hoy el procesamiento que le dicto el juez federal Claudio Bonadio en la causa "Los Sauces". El magistrado la consideró "jefa" de una supuesta "asociación ilícita" que también integrarían sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, destinada a lavar dinero a través de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, a los que se beneficiaba con obra pública y concesiones.
Carlos Beraldi, abogado defensor de la exmandataria y sus hijos, aseguró que Bonadio "violó garantías constitucionales". El letrado advirtió que está decidido a llevar el caso a la Corte Suprema y hasta organismos internacionales de derechos humanos.
"Todos los inmuebles que componen el patrimonio de Los Sauces SA se encuentran declarados ante los organismos de contralor según la normativa, siendo falsos todos los trascendidos periodísticos que pretenden poner en duda tal circunstancia", aseguró Beraldi, según consignaron fuentes judiciales a la agencia DyN.
El abogado recalcó que "todos los movimientos económicos de la sociedad se encuentran bancarizados, lo cual permite una total trazabilidad de los fondos en danza". "No se entiende ni se explica de qué manera el pago de alquileres con dinero que en todos los casos se encuentra bancarizado pudo haber lesionado, como afirma el magistrado, 'la tranquilidad pública' y la 'paz social', lesionando la 'seguridad cognitiva' de los ciudadanos al producir 'alarma colectiva'", planteó.
La defensa además dejo constancia en el escrito de las quejas que CFK expresó a través de redes sociales, porque después de decretar el procesamiento de ella y de otra veintena de personas Bonadio decidió declarar su incompetencia y derivó la causa a su colega Julián Ercolini por conexidad con otro expediente.
A criterio de Beraldi, "se han violentado incontables garantías procesales y sustantivas establecidas en la Constitución Nacional".
No solo Cristina Fernández apeló el procesamiento, sino que otras defensas -como la de los hijos de Lázaro Báez- también cuestionaron la decisión de Bonadio y pidieron que sea revocada por la Sala II de la Cámara Federal.
Además de emitir los procesamientos, Bonadio embargó a Fernández y su hijo Máximo en 130 millones de pesos a cada uno y a Florencia Kirchner en 100 millones. El resto de los acusados fueron procesados por figuras que fueron desde "miembros" a "organizadores" de la asociación ilícita, imponiéndoles embargos de un millón a 130 millones de pesos.
