La Cámara de Diputados debate este miércoles en comisiones el proyecto para reformar las llamadas "jubilaciones de privilegio" de jueces, fiscales y diplomáticos. En el marco de un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo busca emitir dictamen a favor de la iniciativa, con el objetivo de que el jueves 27 de febrero se vote en el recinto.
Al plenario asisten el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, el director ejecutivo de la ANSeS, Alejandro Vanoli, así como también invitados de organizaciones judiciales, gremiales y del Servicio Exterior de la Nación.
El ministro de Trabajo explicó esta tarde en la Cámara de Diputados que el Gobierno no plantea "eliminar los sistemas de protección de jueces" porque comparte la idea de que son funcionarios que "cumplen una tarea especial" y que por lo tanto "deben tener derechos desiguales respecto al resto".
El funcionario defendió la iniciativa para modificar las jubilaciones de jueces, fiscales y diplomáticos, y expuso que lo que está en discusión es "cuánta desigualdad a favor de los jueces es necesaria para que cumplan correctamente con su trabajo", ante una sala colmada en el anexo de la Cámara de Diputados, donde se reunió el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda.
Juntos por el Cambio pone el eje en el “éxodo judicial” y no acompañaría el proyecto de Jubilaciones
El proyecto que impulsa el gobierno nacional eleva gradualmente la edad jubilatoria de jueces hasta llegar a los 65 años en 2025; establece el 82% móvil sobre un promedio de los últimos diez años, ya no sobre el último haber, y aumenta en un 7% los aportes adicionales, pasando del 11% al 18%, mientras que en el caso de los diplomáticos la jubilación será del 82 por ciento móvil en lugar del 85 por ciento como es en la actualidad.
Respecto de la oposición, según pudo saber PERFIL de fuentes parlamentarias, no acompañarían el proyecto y los principales motivos se basan en el trámite express que le quiere dar el PJ; el temor al éxodo de jueces; las vacantes que se abrirían para que el oficialismo pueda ocupar esos lugares, y la sospecha de que se trataría de un capítulo mas del “avance K” sobre la Justicia.
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