Fernando Pamos de la Hoz, abogado defensor del represor Ricardo Cavallo, atribuyó hoy a una "descoordinación" de la Justicia española que el ex marino haya quedado anoche en libertad tras vencerse los plazos para conceder la extradición a la Argentina.
"La liberación anoche de Cavallo se debe a una descoordinación en la Audiencia Nacional, con la cual nada tiene que ver la Argentina, que ha mandado el pedido de extradición en tiempo y forma", dijo el letrado esta mañana a Radio Del Plata desde Madrid.
Cavallo fue liberado anoche por orden de la Sala III de la Audiencia Nacional que hace cuarenta días se inhibió de juzgarlo en España por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, esta mañana volvió a quedar detenido en prisión provisional con fines de extradición a la Argentina luego de presentarse ante la Audiencia Nacional de manera "voluntaria", según su abogado.
Según explicó el abogado de Cavallo, la orden enviada por la Argentina llegó al Ministerio de Asuntos Exteriores, de allí al Ministerio de Justicia y luego debía ir a la Audiencia Nacional, donde recién llegó esta mañana.
"Lo que quiero dejar en claro es que se podía haber escapado y no lo hizo, incluso se presentó voluntariamente ante la Justicia", dijo el letrado español que, una vez que Cavallo sea extraditado, ya no formará parte de la defensa.
El abogado señaló que la sección tercera de la Audiencia era la que iba a juzgar a Cavallo y la que le pedía miles de años de prisión por los crímenes cometidos y fue también la que ayer lo dejó en libertad porque había vencido el plazo de 40 días para solicitar la extradición.
El proceso de extradición seguirá el viernes próximo en el Consejo de Ministros, que debe decidir si continúa el trámite y, de ser positiva la decisión, se reclamará la presencia de Cavallo para que diga si estó o no de acuerdo con ser extraditado a la Argentina.
Cavallo es acusado de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar y se encontraba con prisión preventiva en el penal madrileño de Soto de Real, luego de ser extraditado desde Méjico en el 2003, a pedido del juez español Baltazar Garzón, que fue quién dictó el auto de procesamiento en agosto del 2000.
El ex capitán de corbeta es uno de los acusados por el secuestro y muerte de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, en diciembre de 1977. Está imputado además de haber participado en el operativo de un grupo de tareas de la ESMA para capturar al periodista y escritor Rodolfo Walsh, el 25 de marzo de 1977.
El juez Sergio Torres está a cargo de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el emblemático centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde pasaron unos 5.000 prisioneros, la mayoría de los cuales integra la lista de 30.000 desaparecidos que dejó la dictadura.
Fuente: Télam
