Por primera vez, un ejecutivo brasileño involucrado en el Lava Jato accedió a declarar ante la Justicia argentina por el presunto pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas. Antonio Miguel Marques, ex presidente de la constructora Camargo Correa, ex dueña de Loma Negra, informó por escrito al juez federal Sebastián Casanello que está dispuesto a declarar en indagatoria, confirmaron fuentes judiciales a PERFIL.
Camargo Correa y su socia local, Esuco, tienen una causa penal por la supuesta cartelización de obras de la empresa estatal de aguas Aysa junto con Odebrecht y sus socias locales (Roggio, Supercemento y Cartellone). También son investigadas por el presunto pago de coimas. Los ejecutivos y funcionarios argentinos están procesados.
En septiembre último, Marques debía presentarse ante Casanello para responder por las sospechas de sobornos. El magistrado lo había citado vía exhorto. Sin embargo, el ejecutivo no se presentó y Brasil no respondió el pedido del juez. Lo mismo sucedió con Marcelo Odebrecht, también citado por el caso.
En las últimas semanas, Marques solicitó al juzgado declarar y permitió activar los trámites para indagarlo a través de una videoconferencia, informaron en los tribunales. A diferencia de los ejecutivos de Odebrecht, Marques no ha firmado un acuerdo de colaboración con la Justicia brasileña, por lo que podría ser extraditado eventualmente a la Argentina. Su declaración podría implicar que el ejecutivo niegue todos los cargos o que aporte información que comprometa a sus socias.
La obra en cuestión fue construida por Camargo Correa y Esuco, entonces a cargo del empresario Carlos Wagner, también procesado por cohecho en la causa de los cuadernos de la corrupción. La planta funciona actualmente en la localidad de Berazategui y procesa efluentes cloacales antes de que sean volcados al río. Fue licitada en 2009 en $ 400 millones (unos US$ 118 millones de entonces). En la causa se incorporaron documentos internos de Camargo Correa descubiertos por la Policía Federal de San Pablo, publicados por PERFIL e Investiga Lava Jato que implicarían pruebas del pago de coimas.
Por esta obra, la constructora brasileña también afrontó una denuncia penal por la adulteración del material básico que puso en riesgo la obra, como reveló este medio para el especial Castillo de Corrupción. La causa se archivó. “La estación de tratamiento fue construida conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y los ajustes operacionales”, dijeron en la compañía, donde además niegan el pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas.
