En medio del escándalo que sacude a la Armada Argentina, el jefe de la fuerza, el Almirante Juan Carlos Romay, ordenó el pase a disponibilidad y el relevo inmediato de 13 miembros de la fuerza. La drástica medida disciplinaria constituye la primera medida tras la denuncia penal por un fraude en la liquidación de sueldos de la fuerza por un monto de $938.574.300,25 netos. La presentación judicial fue radicada por el jefe de Administración Financiera de la institución, Capitán de Navío Carlos Alberto Castro Maggio, ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, y cuenta con la intervención del fiscal Ramiro González.
El desfalco, perpetrado de manera sistemática entre julio de 2022 y enero de 2026 mediante la alteración manual de los lotes de transferencia del Sistema de Haberes, involucra inicialmente a un universo de 23 personas. El núcleo de la estafa se concentró en cuatro civiles totalmente ajenos a la fuerza, liderados por María del Carmen Prieto, cónyuge del entonces Jefe del Departamento Revista, Capitán de Navío Ariel Atanasoff. En sede administrativa, el propio marino reconoció haber ejecutado las maniobras en solitario con la única finalidad de favorecer económicamente a su entorno familiar y afectivo.
La purga contable expone una monumental paradoja en las entrañas del Edificio Libertad. El estallido del escándalo judicial coincide de manera cronológica con la difusión de indicadores que revelan que la morosidad crediticia estrangula la economía diaria de uno de cada tres militares argentinos. En paralelo, el Palacio de Hacienda acaba de enviar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, el cual proyecta una inversión naval histórica de USD 3.500 millones en operaciones de crédito internacional, sumado al reciente refuerzo de $217.954 millones destinado por la Casa Rosada para reactivar la Base Naval Integrada de Ushuaia.
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La ingeniería del fraude en la Armada y la paradoja del inspector
El mecanismo delictivo operaba en el subsuelo financiero de la fuerza naval aprovechando los márgenes de opacidad que dejaba la liquidación mensual de más de 24.000 haberes. Según la auditoría realizada por una comisión interdisciplinaria, la modalidad consistía en la modificación manual e intencional de los archivos digitales de pago una vez concluidos los controles ordinarios de la fuerza y antes de su transmisión definitiva al Banco de la Nación Argentina (BNA).
De esta forma, se inyectaban suplementos inexistentes y asignaciones duplicadas. Una vez generados los lotes bancarios, los registros eran restituidos a sus valores originales en el sistema local para evitar que los importes espurios aparecieran en los recibos publicados en el portal Haberes-Web.
En total, los peritajes contables consolidaron un perjuicio de $981.148.567,88, distribuidos a través de 645 depósitos irregulares realizados a 23 personas, entre julio de 2022 y enero de 2026. Casi la mitad de ese botín (el 44%) fue a parar a manos de cuatro civiles totalmente ajenos a la fuerza naval, entre quienes se destaca la esposa del propio jefe del área informática y contable, sindicado como el cerebro de la operación.
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La denuncia indica que “entre las personas beneficiarias se identificó personal militar en actividad y retiro, personal civil de planta permanente y contratado, personal civil actualmente jubilado y cuatro personas que no poseen vinculación laboral ni funcional alguna con la Armada Argentina”. Estos cuatro individuos sin relación con la fuerza son María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia.
Al ser descubierto por el Oficial Investigante bajo el Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares (REAAM), Atanasoff asumió la total autoría de la maniobra. El expediente judicial resguarda de forma textual su confesión administrativa: "yo decidía las operaciones, los beneficios y los importes".
Al avanzar el interrogatorio sobre el despliegue operativo de la estafa, el oficial aclaró que las ejecutaba personalmente y que "nadie participaba junto con él en la adopción de dichas decisiones". Ante la consulta sobre los motivos que justificaran semejante desvío de caudales públicos hacia su entorno, reconoció de manera expresa haber actuado con la única finalidad de "favorecer económicamente a dichas personas".
El expediente penal revela además una incongruencia institucional en el despliegue inicial de las fiscalizaciones internas. Cuando en febrero de 2026 saltaron las primeras inconsistencias salariales en cinco agentes del Departamento Revista, las autoridades navales creyeron estar ante un error involuntario de liquidación y los implicados devolvieron el dinero.
Al no existir indicios que vinculen al Jefe del Departamento con las anomalías, la Dirección de Administración Financiera le impartió instrucciones al propio Capitán Atanasoff para que evaluara e implementara los nuevos mecanismos de control independiente destinados a evitar la reiteración de las estafas.
De esa manera, el principal sospechoso de la maniobra operó como el encargado de fiscalizar su propio sistema delictivo entre marzo y agosto de 2026, hasta que la profundización de los peritajes informáticos detectó el lazo conyugal con María del Carmen Prieto y se ordenó su relevo preventivo.
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El millonario desvío de fondos en la Armada Argentina
El caso de María del Carmen Prieto es el más severo. No solo es la mayor beneficiaria individual (cobró más de 152 millones de pesos en 46 transferencias), sino que se comprobó un lazo conyugal con el jefe de la maniobra, el Capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, lo que expone una evidente connivencia familiar que debilita cualquier estrategia de defensa basada en el desconocimiento.
En cuanto a los otros civiles involucrados (Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia) su situación también es sumamente comprometida dentro de la investigación judicial. Al no pertenecer a la Armada y carecer de todo sustento legal para percibir esos fondos, la justicia penal podría imputarles los delitos de Encubrimiento, Partícipes Necesarios.
Aunque la denuncia no asigna de manera definitiva una tipificación penal —dejándolo a criterio del fiscal y del juez—, los hechos descritos y su confesión de haber alterado registros públicos de manera manual para desviar fondos públicos hacia su cónyuge y otras personas ajenas a la institución encuadran en las figuras legales de peculado y defraudación contra la administración pública.
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La investigación interna también desnudó el circuito de ramificaciones y retornos dentro del cuerpo contable de la fuerza naval. El escrito de Castro Maggio individualiza al Capitán de Corbeta Contador Roberto Eduardo Castro, a quien se le acreditaron haberes en el país de forma simultánea con los que ya percibía de manera legítima mientras se encontraba destinado en una misión en el exterior.
Debido a que el software de la Armada excluye automáticamente del pago local a los efectivos en el extranjero, la maniobra requería la inserción manual forzada de sus registros. Asimismo, el peritaje detectó depósitos irregulares a favor de la Agente Civil Luana Magalí Piedigrossi, cónyuge del Capitán Castro, durante períodos en los que se encontraba en uso de licencia efectiva sin goce de haberes.
La reacción institucional posterior a que se descubriera la maniobra, en febrero de este año, activó algunos mecanismos de contingencia. Hasta el momento, diversos oficiales salpicados por la investigación interna iniciaron un proceso de restitución de fondos que suma $42.574.267,63. Sin embargo, estas devoluciones apenas representan un paliativo frente al monumental bache financiero: el faltante neto que aún arrastra el Estado asciende a $938.574.300,25, una cifra millonaria cuya ruta final ahora deberá desenterrar la justicia federal.
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La Jefatura de Administración Financiera dejó asentado explícitamente en el petitorio judicial que estos desembolsos de última hora, ejecutados en su tanda más reciente el pasado viernes 11 de septiembre por los Capitanes de Corbeta Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni, bajo ninguna circunstancia alteran el monto histórico del desfalco ni extinguen la responsabilidad penal sobre el hecho consumado.
La onda de choque de la crisis judicial tomó por sorpresa a la máxima conducción de la fuerza a miles de kilómetros de Buenos Aires. El Almirante Juan Carlos Romay se notificó del ingreso de la denuncia en los tribunales de Comodoro Py mientras se encontraba en una visita oficial en Asunción, en el marco de las celebraciones por el Día de la Armada Paraguaya.
En ese ámbito protocolar, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, le impuso la Medalla al Mérito Naval “Teniente Primero de Marina José María Fariña”, en el grado de Gran Cruz, distinción que representa el máximo grado de la Orden del Mérito Naval de ese país. Desde allí, el jefe naval validó las primeras resoluciones disciplinarias para apartar a los trece efectivos de sus destinos.
El ahogo de la mora uniformada frente al desvío de sueldos en la Armada Argentina
La difusión de las cifras del desfalco generó un hondo malestar en las bases militares debido al marcado contraste con la realidad salarial que atraviesan los uniformados. De acuerdo con las escalas de haberes vigentes para el personal militar al mes de agosto de 2026, el ingreso del escalafón máximo de la conducción naval —el grado de Almirante— se encuentra fijado en $3.371.170.
Por su parte, la remuneración de un Capitán de Navío, rango que ostentaba Atanasoff al momento del fraude, se ubica en $2.399.189, mientras que los escalafones más bajos encargados de las tareas operativas críticas, como un Cabo Primero o un Marinero de Primera, perciben haberes de $938.836 y $791.491 respectivamente.
Este rezago salarial frente a la evolución de la canasta básica se traduce de manera directa en indicadores financieros críticos dentro de las fuerzas dependientes del Ministerio de Defensa. Un informe económico reciente basado en los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reveló que la morosidad crediticia irregular alcanza de forma directa a uno de cada tres integrantes del Ejército Argentino (el 29,3% de la fuerza).
En el caso específico de la Armada Argentina, el estudio determinó que un marino promedio arrastra una deuda mediana en mora de $1.625.000, encontrándose más del 80% de los efectivos con problemas financieros clasificados en categorías de riesgo alto o directamente "irrecuperable" debido a la acumulación de saldos impagos en tarjetas, billeteras virtuales y préstamos del Instituto de Ayuda Financiera (IAF).
Al cruzar los datos de la City con el expediente de Comodoro Py, el redondeo matemático expone la verdadera dimensión del desfalco familiar. Los más de 152 millones de pesos que el Jefe de Revista inyectó de manera limpia en la cuenta bancaria de su esposa equivalen en términos comparativos brutos a más de 45 sueldos mensuales de un Almirante.
Desde la perspectiva del llano militar, ese desvío individual de fondos públicos hacia un solo civil habría alcanzado de forma fáctica para saldar la deuda mediana total de más de 93 marinos de la Armada que hoy se encuentran en situación de quiebra financiera.
Presupuesto 2027 y la ilusión del rearme militar
El escándalo contable perfora la línea de flotación del relato oficial en un momento de fuerte exposición geopolítica para el área de Defensa. Este martes, el Poder Ejecutivo nacional ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Presupuesto 2027. En el texto de la iniciativa, la Casa Rosada proyectó una partida global de $9.533.386.123.600 para los Servicios de Defensa y Seguridad, asignando de manera específica un crédito de $1.305.942 millones para el funcionamiento y los haberes de la Armada Argentina.
La clave del proyecto presupuestario radica en el Artículo 42, el cual habilita de forma explícita al Ministerio de Economía a contraer operaciones de crédito público y asumir endeudamiento internacional plurianual por un techo de 3.500 millones de dólares destinado a la mayor inversión de rearme naval de las últimas décadas.
El programa financiero estipula un endeudamiento de hasta 2.300 millones de dólares para la adquisición de tres submarinos convencionales que operarán desde la Base Naval Mar del Plata, y una partida de crédito de hasta 1.200 millones de dólares para incorporar dos fragatas multimisión con asiento en la Base Naval Puerto Belgrano. La norma faculta además a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales judiciales y arbitrales extranjeros para el 18% de las emisiones.
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Este agresivo plan de equipamiento militar funciona como el correlato económico del giro discursivo que el presidente Javier Milei selló en su cadena nacional del pasado 3 de septiembre, donde relanzó la doctrina soberana sobre el Atlántico Sur ante el avance del proyecto petrolero británico en las Islas Malvinas. Como consecuencia inmediata de ese anuncio, el Poder Ejecutivo firmó el DNU 867/2026, inyectando un refuerzo presupuestario de emergencia de $217.954 millones para las fuerzas armadas.
Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno viajaron a Tierra del Fuego para sellar una alianza estratégica con el gobernador Gustavo Melella y ratificar la reasignación de USD 142 millones de ese DNU para reactivar las obras civiles de la Base Naval Integrada de Ushuaia, un polo logístico de largo aliento presupuestado en un costo final de entre USD 400 y USD 500 millones.
En ese marco, la purga de los trece efectivos apartados por el Almirante Romay constituye apenas el inicio de la tormenta interna: la denuncia penal del Capitán Castro Maggio establece con precisión matemática que las transferencias irregulares beneficiaron a 23 personas, lo que deja un remanente de 10 implicados bajo la lupa judicial.
NG
