El acuerdo UE-Mercosur, que vincula a la Unión Europea con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, avanza hacia su firma definitiva tras más de 25 años de negociaciones en un escenario de fuerte conflictividad social. Mientras los gobiernos ultiman detalles diplomáticos, el campo europeo está en plena ebullición, con protestas que tienen a Francia e Irlanda como principales focos de tensión. En ese contexto, el tratado se encamina a convertirse en uno de los más relevantes del mundo, al concentrar cerca del 25% del PBI global y un mercado potencial de 780 millones de personas.
La entrada en vigor del acuerdo podría incrementar el intercambio comercial entre ambos bloques en torno al 40%, según un informe de la consultora LLYC al que accedió NA. El vínculo económico, además, ya muestra un volumen significativo, ya que solo en 2024 el comercio de bienes entre la Unión Europea y el Mercosur superó los 111.000 millones de euros, con exportaciones europeas por 55.200 millones e importaciones por 56.000 millones, una cifra que dimensiona el peso real de la relación.
Europa compra principalmente productos agrícolas, minerales y pulpa y papel, mientras que exporta maquinaria, equipos de transporte y productos químicos y farmacéuticos. En ese sentido, el acuerdo busca reducir barreras arancelarias, dar previsibilidad jurídica y ampliar el acceso a mercados estratégicos, aunque su implementación enfrenta resistencias políticas y sociales, especialmente en países con fuerte peso del sector agropecuario.
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El cronograma prevé que el Consejo de la Unión Europea adopte el acuerdo en los próximos días y que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo firme el sábado 17 de enero en Asunción, Paraguay. Sin embargo, la inminencia de ese paso desató protestas de agricultores en Francia, Irlanda y otros países, donde se multiplicaron los bloqueos con tractores y las advertencias sobre el impacto que el tratado tendría en la producción del campo europeo.
Los puntos más importantes del acuerdo UE-Mercosur
El informe “Entre la apertura y la competitividad: perspectivas comerciales del Acuerdo UE–Mercosur”, elaborado por LLYC, señala que el tratado eliminará o reducirá más del 90% de los aranceles bilaterales. Este proceso de liberalización masiva es uno de los ejes centrales del entendimiento y busca facilitar el acceso recíproco a bienes y servicios en condiciones más competitivas.
Para el Mercosur, el principal beneficio es el acceso preferencial de su agroindustria y de sus minerales críticos al mercado europeo. Productos como carne, soja y cereales podrían cerrar la brecha frente a otros países que ya cuentan con acuerdos comerciales con la Unión Europea, mejorando su posicionamiento exportador y ampliando oportunidades para las economías regionales.
Desde la perspectiva europea, el acuerdo permitiría a las empresas ahorrar hasta 4.000 millones de euros anuales en derechos de aduana. Los sectores más favorecidos serían la automoción, la maquinaria, los productos químicos y farmacéuticos y los equipos de transporte, que hoy enfrentan aranceles elevados para ingresar a los mercados sudamericanos.
El tratado también ofrece un marco normativo más previsible en materia de propiedad intelectual y compras públicas. Según LLYC, esta mayor seguridad jurídica podría duplicar los flujos de Inversión Extranjera Directa europea en la región una vez que el acuerdo entre en vigor, fortaleciendo proyectos de infraestructura, energía e industria.
Sin embargo, el documento advierte sobre exigencias ambientales y de cumplimiento que implicarán desafíos importantes para las empresas del Mercosur. Las normas europeas en deforestación, trazabilidad y derechos laborales son extremadamente rigurosas, lo que obligará a inversiones adicionales y a cambios profundos en los modelos de producción para cumplir con esos estándares.
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Otro punto sensible es la presión competitiva sobre industrias locales. En el Mercosur, sectores como el textil, el calzado y la metalmecánica podrían enfrentar una competencia más dura frente a productos europeos de menor costo. En Europa, el impacto se concentra en el agro, con temor por la entrada de carne, cereales y legumbres sudamericanas.
La ratificación es otro de los nudos críticos. En la Unión Europea, países como Francia, Polonia y Austria mantienen objeciones por el impacto en sus productores rurales. Para sortear esos obstáculos, se analiza la posibilidad de un Acuerdo Interino que permita aplicar la parte comercial desde 2026, tras la aprobación del Parlamento Europeo y la ratificación de los países del Mercosur.
En Sudamérica, la estructura institucional del bloque también plantea riesgos. Al no existir una autoridad supranacional, cada país debe ratificar el acuerdo de manera individual, y el rechazo de un solo miembro podría bloquear su entrada en vigor para todo el bloque, según advierte el informe.
“El éxito del acuerdo no se definirá únicamente en los Parlamentos, sino en la respuesta estratégica de los actores económicos para convertir esta apertura en inversión e innovación”, aseguró Juan Ignacio Di Meglio, director senior de Asuntos Corporativos de LLYC en Argentina y autor del informe.
Arde el campo en Francia e Irlanda por el acuerdo UE-Mercosur
Mientras en Bruselas avanzan los trámites formales, el rechazo del campo europeo se hizo visible en las calles. Este jueves, cientos de agricultores franceses irrumpieron con sus tractores en París para protestar contra el acuerdo, al que consideran una “sentencia de muerte” para la soberanía alimentaria del país. La movilización fue encabezada por la Coordinación Rural, el segundo sindicato agrícola más importante de Francia.
El Ministerio del Interior francés informó que al menos 46 tractores lograron ingresar a la capital y más de 60 quedaron en los alrededores, mientras que otros tantos fueron bloqueados por la policía y enviados al depósito. El gobierno calificó la acción como ilegal y prohibió el acceso de maquinaria pesada a zonas estratégicas como el Parlamento, aunque los manifestantes lograron esquivar varios controles.
“Ya no habrá que pensar que nuestros jóvenes se instalen en las explotaciones, porque no será viable”, lamentó Pascal, un ganadero del centro de Francia entrevistado por AFP. La principal preocupación es la diferencia de estándares, ya que los productores europeos denuncian que la carne, el arroz, la miel y la soja sudamericanos llegarán con normas sanitarias y ambientales menos estrictas, lo que abarata costos y genera competencia que consideran desleal.
“No estamos aquí para causar problemas. Solo queremos trabajar y ganarnos la vida con nuestra profesión”, afirmó Damien Cornier, productor de remolacha de 49 años. Las protestas también se extendieron por el suroeste y el este de Francia, con bloqueos en carreteras y depósitos de combustible, y la FNSEA, el sindicato mayoritario, ya convocó a una gran manifestación en Estrasburgo para el 20 de enero si el acuerdo se firma.
El presidente Emmanuel Macron enfrenta una fuerte presión interna. Aunque en diciembre logró frenar el avance del tratado con apoyo de Italia, ese respaldo se habría debilitado tras nuevas concesiones de Bruselas. Incluso dirigentes conservadores como Bruno Retailleau amenazaron con impulsar una moción de censura si el gobierno cede ante el Mercosur.
En Irlanda, la escena se repitió este sábado en la ciudad de Athlone, donde miles de agricultores salieron a las rutas con tractores y pancartas con lemas como “Stop UE-Mercosur” y banderas de la Unión Europea con la palabra “Vendidos”. La Asociación de Agricultores Irlandeses calificó el acuerdo de “muy decepcionante” y pidió a los eurodiputados que lo rechacen.
“Esperamos que los eurodiputados irlandeses respalden a la comunidad agrícola y rechacen el acuerdo con el Mercosur”, declaró Francie Gorman, presidente de la IFA. Los productores temen especialmente la entrada de hasta 99.000 toneladas de carne vacuna sudamericana a menor precio, lo que impactaría de lleno en el mercado local.
Las protestas también se replicaron en Polonia, Bélgica y otras regiones mientras la Unión Europea aprobaba el acuerdo, que ahora queda pendiente de la ratificación del Parlamento Europeo. Con los agropecuarios en contra y el calendario corriendo, el destino del tratado se juega entre la presión diplomática y la resistencia del campo.
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