Hallan tumbas en San Luis

La fiscal federal de San Luis, Mónica Spagnuolo, corroboró la existencia de cinco tumbas NN en el cementerio del Rosario, ubicado en la oeste de la capital puntana, y no se descarta que los cadáveres pueden pertenecer a personas desaparecidas durante la última dictadura militar.
Spagnuelo, que actuó después de que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de San Luis realizara la denuncia, dispuso distintas medidas para preservar el espacio hasta el momento de la exhumación de los cuerpos.

En la presentación judicial presentada por la APDH, se sostuvo que las tumbas halladas en el cementerio, pertenecen a personas desaparecidas y asesinadas en la dictadura militar que se inició en 24 de marzo de 1976.

La jueza declaró que “ahora hay que esperar la decisión del juez Federal Juan Maqueda, que está reuniendo las pruebas necesarias para ordenar las medidas judiciales que correspondan”.

Asimismo, recalcó que aún “hay que tener en cuenta que si se realiza la exhumación de los cadáveres, los mismo deberán ser sometidos a varias pericias para lograr su identificación fehaciente, afirmó la jueza.

Por su parte, el representante de la APDH local, Enrique Ponce, remarcó que tienen certezas de que las tumbas NN aparecidas en el cementerio municipal, corresponden personas secuestradas luego del último Golpe de Estado.

“Tenemos evidencias claras que en esas tumbas hay cadáveres de personas que fueron secuestradas y asesinadas durante la dictadura militar y figuran como desaparecidos”, afirmó Ponce.

La semana pasada, había sido ordenada la detención de 3 militares retirados y tres policías de la provincia de San Luis, también retirados, acusados de la muerte de Graciela Fiochetti hace 30 años.

Los militares son el coronel retirado Miguel Ángel Fernández Gez, el mayor retirado Hugo Franco y el capitán retirado Estaban Plá, mientras que los policías, también fuera de servicio, son el ex comisario David Becerra, el ex subcomisario Juan Carlos Pérez y el ex oficial Luis Orozco.

Todos ellos, según la APDH, están involucrados en numerosos hechos de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos en la última interrupción democrática que sufrió la Argentina.