El vínculo entre el espacio académico y las actividades recreativas

En general, se considera que la universidad tiene tres “funciones” básicas: la enseñanza, la investigación y la extensión. Un análisis más cuidadoso mostraría, sin duda, que la universidad, como cualquier institución compleja, tiene múltiples y variadas funciones, que por tradición y como forma de establecer un orden suelen agruparse en esas tres. También es evidente que entre ellas algunas son centrales y específicas y otras, complementarias y compartidas con otras instituciones públicas y privadas, lo que da lugar a una natural jerarquía. Sin duda, el núcleo de la institución, su razón de ser básica, es la educación superior. (...)

Los extensionistas han desarrollado una rica discusión sobre el significado de ese término, y no es éste el lugar (ni soy yo la persona mejor calificada) para retomar ese aspecto. En todo caso, como ya señalamos, cada una de las clásicas funciones es en realidad una categoría abarcadora, que incluye diversos tipos de actividades, y esto es especialmente cierto en el caso de la extensión. En esta categoría suele entrar todo lo atinente a la relación entre la universidad y su medio social que no forma parte de lo específicamente docente. Por ejemplo, el área de extensión puede incluir desde el fomento de la cultura (en música, artes visuales, letras) hasta la vinculación y transferencia de tecnología y el compromiso social, que suele involucrar a docentes y estudiantes. Cabe preguntarse sobre el lugar preciso que ocupa, o debe ocupar, este variado conjunto de actividades en la vida universitaria.

Equilibrio. Es evidente que si hay un importante número de personas capacitadas para abordar algunos de los problemas de la sociedad o para transmitirle a ésta conocimientos de manera amplia, es una responsabilidad que las casas de estudios deberían asumir, en especial si son financiadas en forma directa con recursos fiscales. También es evidente que la universidad tiene la capacidad para proveer a la sociedad diversos servicios, además del educativo: desde la organización de actividades culturales, educativas, comunicacionales, etc., hasta el servicio comunitario, el asesoramiento técnico, la transferencia tecnológica, incluso la gestación de empresas de alta tecnología, etc. Estos últimos aspectos, que se vinculan de manera más directa con la investigación, el desarrollo y la innovación, pueden considerarse como una dimensión específica, y volveremos a ellos al analizar la investigación.

Quedan entonces las actividades culturales y el servicio a la comunidad, incluyendo el asesoramiento técnico en programas comunitarios de diversa naturaleza –desde programas de vivienda que pueden conllevar desarrollos tecnológicos, hasta vínculos internacionales para ONG que atienden necesidades sociales, etc.–. No cabe desdeñar nada de lo que pueda hacer la universidad en este sentido. Así como tampoco puede desconocerse que fomentar la participación estudiantil en esta dimensión es en realidad parte de la tarea docente de la universidad. El problema es cuál es el punto de equilibrio exacto para esta función, lo que tiene dos aristas: una técnica y la otra, si se quiere, ética.

Funciones. La primera consiste en lo siguiente: la universidad cumple una función social específica y para ello recibe recursos de la sociedad. Sin duda, nadie considerará que esos recursos están desperdiciados si sirven para el desarrollo comunitario; pero ¿hasta qué punto? Los recursos son finitos y lo que se aplica a un propósito no está disponible para otro. Un ejemplo: en los últimos años se han multiplicado las funciones comunicacionales de la universidad, que ha recibido fondos para eso.

Muchas universidades del mundo cuentan con medios de comunicación diversos. La pregunta es ¿cuántos recursos deben destinarse a actividades de este tipo? ¿Qué aspectos comunicacionales deben priorizarse? Por otro lado, se trata de actividades que el Estado ya aborda a través de otras instituciones. Si la universidad conserva su naturaleza autónoma, plural y científica, sin duda puede hacer un valioso aporte en esta dimensión. Ahora bien, ¿es correcto dejar fuera de la planta docente a brillantes doctores, en áreas en que se necesitan recursos humanos bien formados, por carecer de cargos con dedicación exclusiva, a la vez que se vuelcan recursos a un coro universitario, un equipo de vóleibol o un festival barrial? La respuesta no es sencilla, en especial, porque los recursos de extensión para actividades de esta naturaleza serían insuficientes para resolver de manera significativa el fuerte déficit crónico de dedicaciones docentes que sufre la universidad argentina. Por otro lado, la responsabilidad no es necesariamente de las casas de estudio de manera individual, ya que en ocasiones esos fondos son enviados desde el poder central con fines específicos; eso no quita, en un plano más amplio, que su asignación deba ser puesta en consideración.

Pero en este punto interviene la otra arista, la ética. Porque si, por un lado, algunas de las inversiones en desarrollo social tienen un amplio impacto, también ha ocurrido que en ocasiones se las ha instrumentado con el fin de potenciar y proyectar la imagen pública de la institución y/o de sus conductores. Que la universidad ofrezca servicios a la comunidad es muy loable, pero que se priorice esta dimensión de su actividad porque genera más “rédito político” que la excelencia académica es tergiversar la naturaleza misma de la universidad. Puede argumentarse que la visibilidad pública de la universidad es una forma de atraer matrícula, al estilo del deporte universitario en los Estados Unidos. Pero este argumento pierde sentido cuando se trata de una universidad pública gratuita, que, en general, solo compite con pares de similar fuente de financiación, ya que su mercado se diferencia bastante del de la universidad privada. Y esto nos trae de lleno a la cuestión de la financiación.

Matrícula estudiantil

La Argentina es, por tradición, un “país de clase media” y, como tal, su sistema universitario es relativamente grande. Según el Censo 2010, un 15,2% de la población mayor de 18 años completó estudios universitarios o asiste a ese nivel educativo (esta proporción trepa a más del 50% en un país como los Estados Unidos). Al igual que en el mundo, y en especial en América Latina, el número de estudiantes universitarios entre las personas de 18 a 30 años creció de manera muy marcada en este siglo (un 50% entre 2000 y 2013), lo que implica un aumento a un ritmo bastante mayor que el de la población en general (al 2,2% anual entre 2010 y 2014, casi el doble del estimado para el total de la población). Ese crecimiento es más rápido en la universidad privada (3,4% anual en esos años) que en la pública (1,8% anual en igual período). En 2010, sobre 1,72 millones de estudiantes universitarios, 352 mil asistían a instituciones privadas (el 20,5%); en 2014, sobre 1,87 millones, lo hacían 403 mil (el 21,5%). En 2016 había en total 51 universidades nacionales (llegan a 56 en el presupuesto 2018), número que incluye algunas instituciones atípicas, como la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con múltiples sedes dispersas en todo el país y con un rango de oferta académica específico (ingenierías), y la Universidad de las Artes (UNA), también con una oferta específica, con sede en Buenos Aires. La mayoría, sin embargo, son universidades territoriales, que más allá de la amplitud o limitación de su oferta, aspiran a satisfacer las necesidades educativas de una región específica.

* Fue vicerrector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y miembro del Consejo Directivo de la Universidad Torcuato Di Tella.

Autor de Crítica (y reivindicación) de la universidad pública, S. XXI.editores (fragmento).