Acreedores que poseen deuda impaga emitida por Venezuela y su petrolera estatal enviaron un representante a Caracas para dialogar con asesores legales del gobierno, según dos personas conocedoras del tema.
Una pequeña delegación estadounidense de un grupo de tenedores de bonos asesorados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y Guggenheim Securities se reunió con abogados de Dentons, la firma que representa a Venezuela, y acreedores locales para discutir opciones a fin de obtener un reembolso después de que la nación incumpliera con el pago de unos US$9.000 millones en deuda, señalaron las fuentes, que pidieron no revelar su identidad. El grupo incluye grandes inversionistas como T. Rowe Price Group y Fidelity Investments.
Entre los temas a tratar: un posible acuerdo que involucre un denominado instrumento de recuperación de valor por el cual los inversionistas en bonos podrían recibir una compensación a través de regalías pagadas para operar campos petroleros del país. Otro escenario en discusión es un convenio en virtud del cual los acreedores ayudarían a financiar las empresas conjuntas de perforación de Petróleos de Venezuela con compañías estadounidenses como Erepla Services a cambio de una parte de los ingresos.
Un representante del grupo de tenedores de bonos declinó comentar, al igual que funcionarios de PDVSA y el Ministerio de Petróleo.
Es una posibilidad remota que los esfuerzos de los tenedores de bonos resulten en cualquier solución a corto plazo sin una transición política en Caracas. Sanciones impiden a inversionistas y bancos estadounidenses participar en una reestructuración de deuda tradicional con Venezuela y Erepla necesitaría una licencia para trabajar en el país de manos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Un acuerdo de repartición de ingresos también podría ser resistido en Venezuela, donde gran parte de la población tiene recelo de entregar el control de la industria petrolera a extranjeros.
Funcionarios venezolanos han expresado interés en llegar a algún tipo de acuerdo, siempre que los acreedores acepten financiar a futuro la atribulada petrolera estatal, según una de las fuentes. Eso también requeriría una exención de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ya que las sanciones aplicadas después de la elección de Nicolás Maduro en mayo prohíben a los ciudadanos estadounidenses participar en la venta o transferencia de intereses de capital en una entidad cuya propiedad sea en al menos 50 por ciento del gobierno.
Es poco probable que el gobierno de Donald Trump otorgue una excepción.
"Todo lo que hace le haga la vida más fácil a Maduro está descartado", comentó Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital en Nueva York.
