La Sala I de la Cámara Federal confirmó este jueves el procesamiento de Alejandra Gils Carbó por presuntas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación, organismo que encabezó hasta su renuncia el 31 de diciembre de 2017. La medida había sido dictada por el juez federal Julián Ercolini por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
En su fallo, los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens modificaron la calificación del delito al de negociaciones incompatibles con la función pública, que prevé penas de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua. Los jueces establecieron que no hubo perjuicio contra el Estado aunque sí se direccionó la licitación para beneficiar a un mediohermano del exsubdirector de Administración del organismo.
El edificio de Teniente General Perón 667, en el microcentro porteño, fue adquirido en 2013 por 43,8 millones de pesos, lo que equivalía entonces a unos 8 millones de dólares. La idea de la compra era que allí funcionara el Ministerio Público Fiscal.
Qué decía Alejandra Gils Carbó de su procesamiento
La firma que vendió el inmueble fue Arfinsa, del Grupo Bemberg, de Adrián González Fischer. Esta compañía luego le pagó siete millones de pesos a la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry, por asesoramiento en venta. Jaureguiberry a su vez le abonó tres millones de pesos al productor de seguros Juan Carlos Thill por otro asesoramiento en la licitación.
"Si bien el tesoro público pudo no haberse lesionado, sí lo hizo la moral y ecuanimidad con la que debe actuar la Administración Pública. Esa es la nota características del delito de negociaciones incompatibles con la función pública", indicó el fallo.
La Cámara Federal ahora confirmó además el procesamiento de Bellingi, Fischer, Jaureguiberry y Thill por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública; acusándo a la ex procuradora como autora de dicho delito.
Cuáles son los fundamentos del procesamiento a Gils Garbó
En octubre de 2017, el juez federal Julián Ercolini procesó a Gils Carbó por "administración fraudulenta" en perjuicio de la administración pública y ordenó un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos. En un extenso fallo, el magistrado sostuvo que la jefa de los fiscales "ideó un plan" para dar de baja una licitación y gestionar la compra de otro edificio en forma "direccionada" y por el que se pagaron jugosas comisiones "violando consciente y voluntariamente los deberes atinentes a su cargo".
En su descargo ante el juez, Gils Carbó afirmó que “las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras de (el subdirector general) Guillermo Bellingi y Juan Carlos Thill”. Y agregó que “está probado que el único que cobró una comisión indebida fue Thill”.
La entonces procuradora insistió con que “no” cobró ni “se benefició” personalmente “por esta operación” de la compra del edificio ubicado en la calle Perón 667 y recalcó que “la Procuración General de la Nación no abonó comisión alguna por la operación”.
F.F.
