La mañana y las primeras horas de la tarde de hoy marcaron el ritmo de la causa de los cuadernos de las coimas con una nueva ronda de ampliación de indagatorias. Esta vez fue de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación.Desde su ex titular Julio De Vido y su segundo, Roberto Baratta, hasta José María Olazagasti y los empleados Nelson Lazarte, Hernán Gómez y Hernán del Río. Todos están detenidos y a excepción de De Vido, que pidió declarar por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz, en el que está desde octubre del año pasado, todos los demás fueron trasladados en un camión del Servicio Penitenciario hasta los tribunales de Comodoro Py para ser indagados por Claudio Bonadio.
De Vido presentó un escrito en el que pidió ser sobreseído, se negó a responder preguntas y apuntó al magistrado, que a fines de septiembre lo procesó como organizador de la asociación ilícita que para la justicia actuó entre 2003 y 2015, es decir toda la gestión kirchnerista . "Sigue vigente un estado de oscurantismo total respecto del devenir de la investigación, que no encuentra límites temporales ni ningún otro tipo de reglas", apuntó el ex ministro. Y renovó su apuesta al preguntar: “Si ese dinero existió, ¿dónde está?”. Habló de fotocopias, extorsiones y caza de presos.
De Vido pidió ser sobreseído, se negó a responder preguntas y apuntó al magistrado, que lo procesó como organizador de la asociación ilícita que actuó entre 2003 y 2015
En su presentación, De Vido habló de su "absoluta falta de participación y responsabilidad" en los delitos que se investigan y pidió su "sobreseimiento inmediato". En tanto que también sostuvo que en la investigación conocida como los cuadernos de las coimas, "se salió a la caza indiscriminada de una serie de personas”, en referencia a los ex funcionarios y empresarios involucrados, a los que “se los extorsionó para que manifestaran cualquier cosa que no esté dicha y sobre la que no se tiene prueba alguna a cambio de conseguir su inmediata libertad ambulatoria".
De Vido aseguró que había una "ostensible persecución política a través del derecho penal" y agregó que tanto en esta como en otras causas que tiene en su contra haber sido ministro "se ha vuelto un delito en sí mismo".
La mujer de Julio De Vido prepara un documental para defenderlo.
El exministro ya había declarado en dos oportunidades anteriores al igual que Baratta, hombre de su máxima confianza y quien quedó detenido la madrugada del 1° de agosto cuando estalló mediáticamente el caso que se inició con la aparición de las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno. Precisamente apuntó también a la falta de originales de los cuadernos y destacó que son “fotocopias” lo que existen como pruebas en el expediente.
La nueva citación de esta parte de los procesados fue para imputarles nuevos hechos en su contra. Entre ellos está su participación en el presunto pago de sobornos por parte de empresas como Chimen Aike SA, que habría entregado a Nelson Lazarte, en 2015, alrededor de 250 mil dólares. El titular de esa firma es Rubén Aranda uno de los últimos empresarios en ser indagado por Bonadio, en la misma ronda que Paolo Rocca, Marcelo Mindlin, y Oscar Padoan, titular de la Bolsa de Comercio de Rosario. La situación procesal de todos ellos está pendiente de resolución por parte del magistrado.
Tragedia de Once: Julio De Vido escuchó la sentencia desde la cárcel.
A lo largo de sus presentaciones, algunos de los involucrados negaron sus responsabilidades en tanto que otros evitaron hacer declaraciones sobre el caso que los tiene detenidos desde agosto pasado. En tanto que Baratta pidió que los nuevos hechos en su contra se incorporen a su presentación en la Cámara Federal de Apelaciones, donde hizo un importante descargo. A excepción de Baratta y De Vido que están procesados como organizadores de la asociación ilícita –la figura más seria detrás de la de Cristina Fernández de Kirchner, considerada como jefa de esa organización- todos los demás son apuntados como miembros.
Todos los procesados apelaron sus situaciones ante la Cámara Federal, que a mediados de diciembre podría resolver sus situaciones y, de confirmar lo decidido por Bonadio, los dejaría a un paso del juicio oral y público.
C. P.
