El kirchnerismo sigue con la estrategia de dilatar el proceso contra el juez federal Norberto Oyarbide en el Consejo de la Magistratura. “Suspenderlo ya es una barbaridad jurídica ante la que el país tendría que rebelarse porque hoy se hace contra Oyarbide, pero podría ocurrirle a un ciudadano cualquiera”, se justificó el consejero oficialista Manuel Urriza. Para él, es necesario leer el descargo del juez antes de tomar cualquier medida.
El jueves, la Comisión de Disciplina y Acusación decidió darle al magistrado veinte días para que explique su accionar, designe a su defensor y ofrezca pruebas. Una vez que reciban el escrito, los consejeros podrán desestimar la denuncia en su contra, pedir que se lo siga investigando o convocarlo por el artículo 20 que es, en los hechos, una suerte de declaración indagatoria. “Acá el problema es que para enjuiciarlo hacen falta nueve votos y para que zafe, sólo siete. O sea, el kirchnerismo, con un solo voto extra, lo puede liberar”, explicó a PERFIL el consejero Alejandro Fargosi, que representa a los abogados.
Oyarbide hizo público que frenó un allanamiento a la cueva Propyme porque lo llamó por teléfono el subsecretario de Legal y Técnica de la Casa Rosada, Carlos Liuzzi. En ese llamado, el funcionario le advirtió que los policías que él había mandado estaban pidiendo coimas. La confesión del juez desató un escándalo y provocó que al Consejo de la Magistratura entraran tres denuncias en su contra por mal desempeño. Aunque Fargosi teme que el kirchnerismo desestime la denuncia, otros consejeros creen que “dormirá” el expediente del magistrado hasta que el escándalo se diluya. Oyarbide es un juez acusado de tener oscuros vínculos con el poder. Fue, por ejemplo, el que sobreseyó al matrimonio Kirchner en la causa en la que se investigaba un presunto enriquecimiento ilícito. También al propio Liuzzi, acusado de haber multiplicado 38 veces su patrimonio.
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“Yo pedí la suspensión y destitución pero lo que ha hecho el Gobierno es blindarlo, protegerlo, como lo hizo desde un principio”, se quejó Fargosi. El consejero oficialista Urriza no pudo explicar con certeza por qué el apuro para acusar a otro juez, Claudio Bonadio, que investigaba a funcionarios del Gobierno. “La situación de Bonadio es más complicada porque la presentación de la denuncia contra él es más extensa, ya que hay acumulación de juicios”, dijo. Bonadio llamó a declarar al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y al actual vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, por un spot que se emitió en Fútbol para Todos en contra de Mauricio Macri. El juez fue apartado de la causa y las declaraciones de los funcionarios fueron anuladas.
