El fiscal federal Federico Delgado pide que sean llamados a indagatoria “todos los responsables de la eventual designación del Administrador General del Poder Judicial, Germán Krieger, quien no habría tenido los requisitos para ser nombrado funcionario público en el marco de lo estar contemplado en el Código Penal como Nombramiento ilegal”, explican fuentes judiciales.
De esta manera, la justicia federal dá impulso a la denuncia de la legisladora porteña por UNEN Paula Oliveto Lago, quien detalló un supuesto “entramado ilegal para nombrar a Krieger, en el año 2009 y darle las facultades de contratación y manejo de los fondos del poder judicial de la Nación, sin título habilitante para ejercer ese cargo, sin las condiciones técnicas y legales requeridas”, según el escrito de impugnación.
Oliveto denunció que Krieger, fue designado en 2009 por el entonces presidente de la Magistratura, Luis María Cabral, quien preside la Asociación de Magistrados y a partir del 16 de Noviembre asumirá como uno de los nuevos consejeros en la Magistratura.
El Administrador General del Poder Judicial maneja el presupuesto de la Justicia de la Nación prevista para el 2015 en más de 17 mil millones de pesos, además debe avalar obras públicas, contrataciones y licitaciones de cualquier índole.
Oliveto, detalló en su presentación que existe una “estructura financiera entre el Máximo Tribunal y El Consejo de la Magistratura a través de un Comité de Inversiones que lo manejan entre Krieger y el Contador de la Corte, Daniel Marchi”.
“Krieger habría sido designado, como Director del área, para cumplir las funciones de Administrador General y desde Febrero de este año, su cargo tiene rango de Secretario de Corte, tras un pedido formal del actual presidente del Consejo, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes al Máximo Tribunal”, señaló la denuncia.
Germán Krieger, oriundo de Santa Fe, donde ocupó varios cargos políticos en anteriores administraciones, se presenta como un hombre de la Corte, según explican sus allegados y empleados.
El fiscal Delgado tras analizar las pruebas presentadas, cree conveniente dar impulso a la investigación que planteó la legisladora Oliveto, quien reclamó “que se investigue si una persona sin título profesional alguno, tal como refiere era la situación de Krieger al momento de ser designado Sub-Administrador General y también al serles asignadas las funciones como Administrador General, se encuentra habilitada legalmente a ejercer las funciones conferidas al Administrador General”.
Además, el fiscal pidió determinar “si el título profesional que actualmente posee Krieger a la fecha, Licenciado en Economía, lo habilita a ejercer esas funciones de acuerdo a las incumbencias reguladas por las normas referentes al ejercicio de las profesiones relacionadas a las Ciencias Económicas”.
La página de internet del Consejo de la Magistratura indica oficialmente que Krieger “posee marcada experiencia en administración y gestión de jurisdicciones y organismos públicos”, y enumera una decena de cargos que ocupó en la función pública, la mayoría de ellos en la provincia de Santa Fe.
El fiscal Delgado pidió al juez Luis Rodríguez, en quien recayó el expediente, que requiera el trámite de una causa penal en la que funcionarios del Consejo de la Magistratura están investigados por supuestas “irregularidades en las contrataciones de los servicios de limpieza y tecnología entre 2011 y 2014 para el Poder Judicial”, así como “el legajo personal con todos los antecedentes profesionales y títulos de Krieger”.
El fiscal pidió que “se dé intervención a la Auditoría General de la Nación a efectos de que analice la legalidad o legalidad del nombramiento que se cuestiona”.
Delgado también reclamó que el Ministerio de Educación de la Nación “informe el perfil, los alcances y la incumbencia del título de licenciado que posee Krieger, y si conforme a estos parámetros se encuentra habilitado a ejercer como Administrador General del Poder Judicial o Sub-Administrador en ejercicio de funciones de administración general”.
