El nuevo régimen de extinción de dominio que creó Mauricio Macri establece el armado de un equipo especial de fiscales que serán los encargados de recuperar bienes de la corrupción, el narcotráfico, el contrabando o la trata de personas en beneficio del Estado nacional. No obstante, el Presidente tendrá a cinco sabuesos preparados para darle un fuerte impulso al trabajo de la Justicia y, a la vez, dispuestos a hurgar para dar con cada vez más activos. Ellos son Patricia Bullrich (Seguridad), Laura Alonso (Oficina Anticorrupción-OA), Mariano Federici (Unidad de Información Financiera-UIF), Leandro Cuccioli (AFIP) y Bernardo Saravia Frías (Procuración del Tesoro).
Todos los actores involucrados repiten el discurso armado por el equipo comunicacional: es parte de la lucha contra las mafias y el crimen organizado; sirve para reparar el daño generado a la sociedad; y que el trámite que existía hasta ahora es lento y solo se aplicaba una vez concluido el trámite penal (las causas por corrupción tienen un promedio de duración de 14 años). Sin embargo, el trabajo de este equipo de sabuesos será poder hacer del recupero de activos de la corrupción y el narcotráfico uno de los ejes de la campaña.
Para que el tema pueda traducirse en actos que sirvan para la contienda electoral, el Gobierno necesita que la nueva Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado nacional empiece a funcionar lo antes posible y que los jueces civiles que tengan los casos no dilaten las definiciones.
Según relató el ministro de Justicia, Germán Garavano, el procurador, Eduardo Casal, ya puso en marcha el operativo para armar el nuevo equipo, por lo que estiman que en marzo o, más tardar abril, esté en funcionamiento. A partir de allí, empezarán a armarse los primeros casos.
Sabuesos. El anexo del DNU firmado por Macri el último lunes establece que para realizar sus funciones, “la Procuraduría podrá conformar equipos de investigación conjunta con organismos locales, internacionales y/o de otros países, así como requerir y/o prestar colaboración internacional en los términos de la normativa, los convenios y pactos vigentes”.
El trabajo será poder hacer del recupero de activos uno de los ejes de la campaña
Desde los organismos locales, los equipos ya están conformados. Patricia Bullrich y las fuerzas federales que conduce tienen la mira puesta, sobre todo, en casos de narcotráfico y contrabando, aunque no dejan de seguir de cerca los de corrupción. Por un lado, en su ministerio ya se pusieron a elaborar un inventario de todos los bienes que tienen decomisados en galpones de las fuerzas, donde se pueden ver pilas de objetos casi en estado de abandono.
Fuentes de su equipo ya anticipan lo que se viene: “También estamos relevando lo que no se ha incautado. Hay muchas causas en las que los jueces deciden no incautar bienes”. “La estrategia es en cada causa armar el inventario de bienes y enviarlo a la Procuración para que comiencen las causas civiles”, detallan.
Laura Alonso, desde la OA, también se está preparando para mandar a la Procuración el detalle de todas las causas en trámite que tienen al organismo que conduce como querellante. En total, ya detectaron bienes embargados o inhibidos por unos $ 210 millones. Eso no significa que todo es susceptible de entrar en el régimen de extinción de dominio, porque el DNU fijó que quedan exceptuados los bienes o activos adquiridos con anterioridad a que se cometa el delito investigado.
Desde la UIF, Mariano Federici tiene la tarea de no solo detectar maniobras de lavado en el territorio argentino, sino de encontrar los bienes o activos girados al exterior. Gracias a convenios que tiene firmados el organismo con sus pares de otros países recibe información confidencial que luego tiene que pedir formalmente la Justicia. En la UIF no necesitarán armar un equipo especial, básicamente porque detectar maniobras de lavado es la tarea del organismo. Cerca de Federici resaltaron el DNU porque “un régimen así facilita mucho rastrear los bienes porque se puede intervenir de forma más rápida y evitar que los bienes se vendan o se camuflen en distintas jurisdicciones”. Y aclaran: “El plus de la UIF es la información que recibe de agencias similares del extranjero, incluyendo los países por donde suele pasar el dinero”.
"Hay causas donde los jueces deciden no incautar. Ya estamos haciendo ese inventario"
Uno de los casos paradigmáticos es el de Daniel Muñoz, quien fue secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner. Estados Unidos detectó propiedades vinculadas a él en Nueva York y Miami, la información llegó al juzgado de Luis Rodríguez, se filtró y allegados de Muñoz pudieron vender parte de esos bienes y girar el dinero a otros países. En la confesión como arrepentida de su viuda, Carolina Pochetti, se espera que aporte información sobre ese dinero (los fiscales llegaron a un acuerdo con ella pero el juez Claudio Bonadio todavía no lo homologó). Ese caso será uno de los que prometen ser emblemáticos para el nuevo régimen. Incluso hay un funcionario que suele imaginarse viajando a Estados Unidos a recibir el cheque por los montos restituidos.
Cerca de la UIF también suele trabajar la AFIP. De hecho, entre los dos organismos funciona una mesa de coordinación por casos de lavado de activos. El equipo de su titular, Leandro Cuccioli, está estudiando qué rol tendrá la AFIP en el nuevo régimen.
El último sabueso es Bernardo Saravia Frías, de la Procuración del Tesoro de la Nación, que tiene bajo su cargo a los abogados del Estado. Esta semana, a través de un escrito, anticipó que crearán una unidad especial. Los abogados de esa unidad serán los encargados de representar al Estado los casos que se abran en el fuero civil para recuperar bienes. Y poder hacer campaña con ellos.
El Gobierno mandó a medir cómo cayó el DNU
El Gobierno ya tiene decidido que la lucha contra la corrupción, junto a la pelea contra la inseguridad, serán dos ejes neurálgicos de la campaña por la reelección de Mauricio Macri. Al punto tal que, según confirmaron fuentes oficiales a PERFIL, ya mandaron a medir la recepción que tuvo en la ciudadanía el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el Presidente para crear el régimen de extinción de dominio.
Hace tiempo que en la Casa Rosada saben que los casos que la llevan a Cristina Kirchner a Tribunales tienen un efecto limitado. A su núcleo duro no le hacen mella y, en todo caso, sirve para seguir polarizando y reforzar el voto propio. "Recuperar lo robado" (así es el lema de la campaña en redes sociales) sería una instancia superadora.
El resultado de los sondeos serán clave para seguir de cerca los movimientos políticos del Gobierno. Después de firmar el DNU, voceros oficiales reconocieron que si había consenso podía ser debatido en el Congreso. Es algo que igual sucederá en breve, porque el Parlamento deberá analizar la validez del DNU. Pero para evitar tensiones con la oposición, la alternativa de que se debata directamente un nuevo proyecto no se descarta.
PERFIL consultó con encuestadores para ver si ya tenían registros de cómo cayó el DNU, pero ninguno reconoció tener resultados. Sin embargo, hubo coincidencias respecto a que la temática de la corrupción aparece como una de las preocupaciones principales, pero bien lejos de la crisis económica y la inseguridad. “Está lejos como preocupación, pero es justamente junto al combate de la inseguridad y el narcotráfico donde el Gobierno está mejor posicionado”, describió Federico Aurelio, de Aresco.
Otro encuestador explicó: “Es uno de los pilares del Gobierno y por eso debe alimentarlo. Además, retrotrae hacia 2015 la mirada de Macri contra la corrupción K”. Y continuó: “Cuando preocupa la economía, preocupa la corrupción. Pero el castigo funciona cuando el que complica la economía es corrupto. Y acá la percepción es que Macri no soluciona la economía pero que Cristina es la corrupción”.
