La solicitud, que ahora deberá resolver la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, recayó también para la ex Directora General de Administración de la Jefatura de Gabinete, Sandra Mamberti y las ex contadoras de esa cartera, Mónica Ripamonti y Alejandra Tavelli.
La inhibición para Pérez y los otros ex funcionarios de Scioli será, según el requisitorio al que accedió DyN, por "un valor de 15.000.000 de pesos, monto estimado para satisfacer la cuantía del perjuicio mencionado en la materialidad ilícita objeto de la imputación que se les realiza así como las costas del proceso".
El pedido fue justificado en que "el Código Procesal Penal de la Provincia, habilita al Juez de Garantías "luego de recibida la declaración del imputado" a ordenar el embargo y/o la inhibición General de Bienes, hasta cubrir la cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas".
La prohibición para salir del país de los imputados es "sin previa autorización judicial". El fiscal Garganta pidió que "a los efectos de no retrasar el trámite de la presente investigación" el requerimiento se tramite "vía incidental", tal como lo establece el artículo 200 del Código Procesal Penal de la provincia que versa sobre las diligencias sobre embargos y fianzas.
Pérez y Carbone están acusados como "coautores" del delito de "peculado de caudales o efectos en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, y con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Para el fiscal, Pérez y Carbone "sustrajeron (durante 2014 y 2015) en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas".
Para concretar la maniobra, según el expediente, se realizaron 25 eventos de gestión entre el 6 de enero de 2014 y el 21 de octubre de 2015, para los que Pérez y Carbone autorizaron retiros en efectivo, en su mayoría de entre 300 y 700 mil pesos, a cambio de facturas apócrifas que justificaban el desembolso.
Entre los casos se destaca uno del 21 de octubre de 2015, cuando se realizó el "Evento de Presentación del Sistema Integrado de Coordinación Legislativa", fecha en que se autorizó un retiro en efectivo de 700 mil pesos a través de nueve facturas, de las cuales "seis eran apócrifas", entre ellas la de una librería denominada "Pinocho" por 90 mil pesos.
Pérez quedó imputado de haber firmado los anticipos para los diferentes eventos y Carbone de ser "el beneficiario de los anticipos, y quién efectivamente percibió las sumas de dinero en efectivo autorizadas por cada una de las órdenes extra presupuestarias, libradas por orden del entonces Ministro".
