El juez federal Sebastián Casanello procesó ayer a Lázaro Báez, a sus cuatro hijos y a una veintena de personas por integrar una banda dedicada al lavado de dinero. Los acusó de haber manejado al menos 60 millones de dólares, provenientes de la corrupción institucional, a través de una estructura con base en Suiza, y de haber repatriado la mitad de esos fondos de manera ilegal. Como consecuencia de la investigación, Casanello pidió a su colega Julián Ercolini que investigue la responsabilidad de Cristina Kirchner en estos delitos. La ex presidenta está siendo investigada por este juez por integrar una asociación ilícita que direccionó la obra pública para beneficiar a empresarios “amigos”. Lo que toma forma en tribunales es la idea de un mega juicio contra CFK, sus ex funcionarios y empresarios por una maniobra que involucra tres causas al mismo tiempo: el manejo discrecional de los contratos de obra pública, el pago de supuestos “retornos” en forma de alquileres por parte de empresarios a la familia presidencial, y el lavado de ese dinero en el exterior. La investigación de Casanello detalla en 750 páginas toda la maniobra de lavado, que involucra al testigo mediático Leonardo Fariña y a la financiera suiza Helvetic Service Group. La red de cuentas en el exterior incluye además de Suiza a Panamá, Belice, Uruguay, España, Estados Unidos, entre otros países. Para Casanello, las operaciones de la banda se dirigían desde SGI, la financiera local conocida como La Rosadita, famosa luego del video en el que se lo ve a Martín Báez contando dinero. En la resolución, el juez confirmó la prisión del contador Daniel Pérez Gadín y del abogado Jorge Chueco, y trabó embargos multimillonarios. Un dato central es que el juez, con ayuda de la AFIP, seguirá la investigación sobre las entidades bancarias que fueron señaladas como las responsables de asistir a Báez en la fuga de ese dinero al exterior. Según informó Casanello, los bienes “recuperados” para el Estado, provenientes de la corrupción, alcanzan un monto de más de dos mil millones de pesos, incluyendo varios bienes muebles e inmuebles. Báez está preso en Ezeiza desde abril del año pasado con prisión preventiva, porque el juez consideró que intentó fugarse, cuando viajaba en una aeronave privada con rumbo aparentemente desconocido. El empresario fue uno de los más beneficiados con la adjudicación de obra pública en la era K.
