Por esa razón el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky remitió el caso a la fiscal María Gabriela Ruiz. Esta dijo que la presentación de Moreno era "vaga e imprecisa" y que no había delito que investigar, según informó La Nación.
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Moreno había aludido en la denuncia a las reuniones de Directorio de la empresa realizadas el 4 de noviembre pasado que habían sido objetadas por los directores que responden al Estado, debido a la "inversión cronológica" de las mismas.
Ambas reuniones habían sido declaradas por la Comisión Nacional de Valores "irregulares e ineficaces" a los efectos administrativos, porque no habían sido transcriptos en las actas.
La fiscal consideró que "el hecho de que eventualmente se haya producido alguna 'desprolijidad' meramente formal en los borradores de la firma Papel Prensa, ello no acarrea necesariamente la comisión del ilícito penal previsto por el inciso 3° del artículo 300 del Código Penal, en tanto no se ha visto adulterada la situación patrimonial allí reflejada con la real", informó Clarín.
La relación entre Moreno y Papel Prensa pasa por su peor momento. En agosto habría afirmado la intención del Gobierno de estatizar la compañía, según denunció Carlos Collaso, representante del Estado en el Consejo de Vigilancia de la compañía. Moreno habría dicho en esa reunión que tenía "expertos en partirle la columna y hacer saltar los ojos a quien hable".
Ese relato es la base de una querella que presentaron directivos de Clarín y La Nación contra Moreno. Está radicada en el juzgado de Aráoz de Lamadrid y esta semana el fiscal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento para que se investigara lo ocurrido.
Empresa polémica. Papel Prensa es una empresa que cotiza en Bolsa, de la que son accionistas el Estado nacional (27,46%) y el Grupo Clarín (49%) y La Nación (22,49%).
