Una de las demandas sostiene que, con la supuesta conducta de Gils Carbó, se "violaron deberes de funcionario" al fustigar a la Corte y el poder Judicial desde su nuevo foro K "Justicia legítima". Además, se solicita que se la investigue por presunto y "abuso de autoridad". La otra denuncia apunta a la posible tergiversación de una resolución en un proceso de quiebra de una fábrica cuando la Procuradora era fiscal ante la Cámara Comercial.
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El letrado de la ONG A.R.I.E.L., Enrique Piragini, solicitó que se "investigue la posible comisión de los delitos de sabotaje, abuso de autoridad, disriminación, instigación a la violencia y violación de los deberes de funcionario público, al descalificar a la Justicia". Para los demandantes, las declaraciones de la reemplazante de Esteban Righi en torno a que 'la Justicia actual es ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados', atenta contra "uno de los poderes fundamentales de la Democracia, como es el Poder Judicial, en una verdadera muestra de subversión institucional".
De acuerdo a la denuncia presentada en la Cámara Penal Correccional Federal, se pide investigar también "a sus instigadores, cómplices, partícipes y encubridores, como también la eventual omisión de los deberes de funcionario público al no haber denunciado lo que ahora proclama".
En la otra querella, el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa denunció a Gils Carbó por "tergiversar" una sentencia del proceso de quiebra de la empresa ARMADAJA S.A. (Expediente Nº 040.925) en el que intervenía el Juzgado en lo Comercial Nº 26.
Mussa señaló que la exfiscal "provocó con su resolución un fallo erróneo del Tribunal que no se ajusta a derecho" y que "retuvo durante nueve meses" el expediente para perjudicar a los dueños de la compañía. En esta causa interviene el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
